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Frente a los cambios tecnológicos y otras transformaciones que alteran el panorama laboral, el aprendizaje permanente en el mundo del trabajo se ha ido posicionando como una herramienta estratégica para garantizar que nadie se quede atrás. Esto, debido a su menor duración, menor costo y por su fuerte vinculación a los requerimientos productivos, respecto de otras modalidades.
En este panorama, Chile tendría una ventaja comparativa en lo que atañe a su sistema de capacitación: solidez institucional, una industria de oferentes e intermediadores desarrollada y dispositivos potentes en materia de diálogo social, prospectiva y fomento de la capacitación.
En este último grupo destaca la Franquicia Tributaria, mecanismo que le permite a las empresas descontar del pago de impuestos sus gastos en capacitación. El beneficio teórico es doble: las empresas cierran sus brechas de productividad al contar con trabajadores más calificados, mientras estos fortalecen su posición laboral y amplían sus oportunidades de desarrollo profesional.
El sistema nacional de capacitación no ha estado ajeno de revisiones, que le han establecido desafíos enormes en materia de calidad, recursos y articulación. Al mismo tiempo, recurrentemente recaen sobre este demandas populistas. En el debate reciente, a propósito de la megarreforma del Ejecutivo, se ha propuesto eliminar la Franquicia Tributaria, dada su concentración en el sector de las grandes empresas y su bajo impacto en los salarios -como si este fuese el objetivo inmediato de las empresas al capacitar a sus trabajadores-.
La contramedida propuesta la iguala en insensatez: limitar el mecanismo a las Mipymess, desfinanciando la entrada de recursos sin ningún tipo de compensación. Por cualquier de las dos vías las consecuencias son lamentables: perpetuamos la baja productividad laboral de nuestro país y cerramos vías para la actualización de las competencias de las personas ocupadas.
La Franquicia Tributaria sin duda debe ser mejorada, en tanto no logra llegar a las empresas de menor tamaño con la misma intensidad que a las grandes, que hoy representan el 53% de sus usuarias -cuando son menos del 1% a nivel nacional-.
El problema es de liquidez: las Mipymes no están en condiciones de adelantar el aporte del 1% de su planilla anual de remuneraciones y recuperarlo al año siguiente, al descontar los costos de la capacitación. La solución apunta a la creación Fondo Pro-Mipyme, que le permita a estas empresas financiar actividades de capacitación relevantes hoy, sin incurrir en gastos adicionales.
Este Fondo Pro-Mipyme se puede crear sin mayor gasto fiscal. Las empresas que actualmente utilizan la Franquicia Tributaria generan estructuralmente remanentes —cerca de $30.000 millones anuales—, producto de la diferencia entre su aporte y su gasto efectivo en capacitación. Hoy estos recursos se utilizan en becas laborales, que tienden a coincidir en población objetivo con los programas de capacitación del Sence.
A través de una modificación legal, se puede establecer que un 0,2% del 1% de aporte de las empresas grandes pase al Fondo Solidario. De este Fondo, las Mipymes podrían usar para gastos de capacitación un monto equivalente al 2% de su planilla anual de remuneraciones. Luego, al momento del pago de impuestos, se haría una restitución parcial de los recursos utilizados.
Para conseguir el anhelado acceso de sumar a las empresas de menor tamaño a la Franquicia Tributaria, no hay que eliminar ni restringir la Franquicia Tributaria. Al contrario, la solución es rediseñarla para que cumpla su promesa original de promover la formación a todas y todos los trabajadores dependientes, sin importar el tamaño de la empresa en que se desempeñen. En tiempos de la IA y otras disrupciones el desafío es más urgente que nunca.
Romanina Morales
Exdirectora SENCENicolás Ratto
Exjefe de Empleo SUBTRAB
