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La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau es políticamente necesaria, pero jurídicamente insuficiente. No sólo porque su aprobación es incierta —como ocurre siempre en una decisión de esta naturaleza que depende de mayorías y negociaciones de pasillo—, sino porque el país no está frente a una controversia política banal. Hay hechos graves, documentados y públicamente expuestos que, al menos, revisten caracteres de delito y merecen una investigación penal exhaustiva.
Lo diputados tienen en sus manos la acusación contra el exministro, lo que confirma que el asunto ya inició su cauce. Pero ese cauce tiene límites evidentes: la acusación constitucional puede establecer responsabilidad política y generar inhabilidades. Lo que no reemplaza al Ministerio Público, ni determina si existieron delitos funcionarios, falsedad documental, fraude al Fisco, prevaricación administrativa u otras responsabilidades penales.
Chile no puede permitir que una votación política cierre la puerta a la verdad judicial, cuando los antecedentes conocidos son escalofriantes, ya que dicen relación con cifras fiscales, deuda pública, gastos no reconocidos, ingresos sobreestimados y eventuales inconsistencias entre déficit y endeudamiento, siendo los fraccionamientos de compras un modus operandi que sirvió para saltarse controles.
La Dirección de Presupuestos publicó en febrero de 2026 el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025, en el que se sostuvo que la deuda bruta se había mantenido en 41,7% del PIB, que para 2026 se proyectaba un déficit efectivo de 1,8% del PIB, y que la deuda se mantendría bajo el nivel prudente de 45% del PIB en el mediano plazo. También afirmó que, en materia de gasto, “se cumplió cabalmente con lo comprometido”.
Sin embargo, apenas unos meses después, el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2026 corrigió sustancialmente ese escenario. Informándose que el déficit estructural definitivo de 2025 fue de -3,7% del PIB; que sin medidas correctivas el déficit efectivo de 2026 estaría en torno a 2,9%; que los ingresos esperados bajaban, especialmente por una menor materialización de la Ley de Cumplimiento Tributario; y que existían $2.578.426 millones de mayores gastos por compromisos legales y obligaciones ineludibles no identificados en el informe previo. Además, la Dipres reconoció una brecha de 2,9% del PIB entre la trayectoria del balance y la deuda informada en el IFP 4T25.
Aquí estamos frente a una estocada en el corazón de la confianza pública, porque cuando el Estado informa mal, omite gasto, calcula de forma inconsistente o presenta una situación fiscal más favorable que la real, se afecta, sobre todo, a los ciudadanos que pagamos la cuenta.
En la auditoría impulsada por el gobierno de Kast —presentada como una revisión masiva del Estado— según la información difundida, se analizaron más de 913 millones de registros provenientes de más de 500 servicios públicos, detectándose alertas y situaciones que involucran más de US$9.200 millones. La autoridad señaló que ello no implica necesariamente fraude, pero sí incluye errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades graves de control y, en algunos casos, antecedentes que podrían configurar hechos de relevancia penal.
Radio Bío Bío también informó que esa auditoría reveló riesgos fiscales superiores a US$9.200 millones, investigaciones en organismos públicos y pagos postergados por US$3.200 millones, incluyendo compromisos con proveedores de salud, Junaeb, gratuidad universitaria y miles de pymes proveedoras del Estado.
El Consejo Fiscal Autónomo ya había advertido la gravedad del incumplimiento de la meta de Balance Estructural de 2025, atribuyéndolo a errores reiterados y significativos en la proyección de ingresos, ajustes insuficientes del gasto y escasa efectividad de las medidas correctivas. También señaló que la magnitud del desvío era elevada en términos históricos para un año sin eventos extraordinarios.
Por cierto, Grau negó que existan errores y sostuvo que las diferencias responden a factores como tipo de cambio, inflación, PIB nominal y movimientos bajo la línea. Esa defensa debe ser escuchada, pero en una investigación penal. Si la explicación es correcta, una investigación seria lo demostrará. Si no lo es, el pueblo tiene derecho a saber.
La política carece de herramientas para sustituir al Ministerio Público, el que sí puede: solicitar a un juez levantar el secreto bancario, incautar computadores, y en general para realizar labores de investigación intrusivas que logren determinar quién sabía qué, desde cuándo y por qué se informó lo que se informó.
El riesgo de que todo quede en una pelea entre gobierno y oposición, entre Boric y Kast, entre oficialismo y exautoridades, hace perder lo esencial. Y lo esencial no es quién tira la mejor cuña de la semana, sino que la ley se cumpla y quien no cumpla pague. La acusación constitucional puede ser el comienzo. Pero no puede ser el final.
