Chile: país con múltiples amenazas

Chile es reconocido internacionalmente como uno de los países con mayor exposición a amenazas de origen natural y socioambiental debido a su ubicación geográfica, configuración tectónica, diversidad climática y extensión territorial. El territorio nacional se emplaza sobre el límite convergente entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, condición que explica la alta ocurrencia de sismos, tsunamis y actividad volcánica. A ello se suman amenazas hidrometeorológicas, incendios forestales, sequías, remociones en masa, aluviones y eventos asociados al cambio climático.

Históricamente, el país ha enfrentado numerosos desastres de gran magnitud que han marcado su desarrollo territorial e institucional. Entre ellos destaca el terremoto y tsunami de Valdivia de 1960, considerado el más fuerte registrado instrumentalmente en el mundo, con una magnitud de 9,5 Mw, que afectó extensas zonas del sur de Chile y generó tsunamis que alcanzaron costas del océano Pacífico. Posteriormente, el terremoto de Algarrobo de 1985 impactó severamente la zona central, evidenciando la vulnerabilidad urbana y de infraestructura.

En el ámbito volcánico, Chile posee más de 90 volcanes considerados activos. La erupción del volcán Chaitén en 2008 provocó la evacuación total de la ciudad y transformaciones significativas del paisaje y la ocupación territorial. Asimismo, la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle en 2011 afectó amplios sectores del sur de Chile y Argentina, alterando actividades productivas y conectividad.

Los eventos hidrometeorológicos también han generado importantes impactos. El aluvión de Antofagasta de 1991, las inundaciones y remociones en masa en la zona centro-sur durante distintas décadas y los aluviones de Atacama de 2015, especialmente en las comunas de Chañaral, Copiapó y Tierra Amarilla, demostraron la vulnerabilidad existente frente a precipitaciones extremas en zonas áridas.

En años recientes, el país ha debido enfrentar incendios forestales de gran extensión. Los incendios del verano de 2017, particularmente en la zona centro-sur, arrasaron cientos de miles de hectáreas y dieron origen al denominado “megaincendio”, mientras que los incendios ocurridos en la Región de Valparaíso en 2024 evidenciaron nuevamente la complejidad de la interfaz urbano-forestal y la necesidad de fortalecer la planificación preventiva.

A estas amenazas se suma una crisis prolongada de disponibilidad hídrica. Desde aproximadamente 2010, Chile enfrenta una megasequía que afecta especialmente a la zona centro y norte del país, considerada uno de los periodos secos más extensos registrados, con efectos sobre ecosistemas, producción agrícola, abastecimiento de agua y planificación territorial.

Este escenario histórico demuestra que el riesgo de desastres en Chile no constituye una situación excepcional ni aislada, sino una condición estructural del territorio. En consecuencia, la planificación preventiva, el fortalecimiento de capacidades locales y la elaboración de instrumentos de gestión territorial, como los Planes Comunales para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD), adquieren un carácter estratégico para avanzar hacia territorios más seguros y resilientes.

La promulgación de la Ley 21.364 (2021), que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) y reemplaza la antigua ONEMI por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) en Chile, marcó un hito fundamental en la institucionalidad chilena al establecer el marco normativo en la materia y entregar una responsabilidad activa a los municipios a través de los Planes Comunales para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD).

Sin embargo, a mayo de 2026, los datos oficiales muestran una radiografía profundamente fragmentada, desigual y preocupante. Mientras grandes centros urbanos como Santiago, Valparaíso o La Serena han logrado formalizar y actualizar sus planes, resulta alarmante que capitales regionales de la relevancia de Iquique, Arica y Puerto Montt, junto a zonas expuestas a altísima vulnerabilidad socioambiental como Tierra Amarilla, Coronel o el territorio insular de Juan Fernández, figuran bajo la categoría de “No tiene plan” (de acuerdo con las plataformas del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres).

Esta severa brecha territorial no es casualidad; responde directamente a las asimetrías de las capacidades técnicas y presupuestarias de los gobiernos locales. La legislación faculta a los alcaldes a crear Unidades de Gestión del Riesgo de Desastres, encargadas de liderar el diseño de estos instrumentos y de aportar el análisis espacial para los Mapas de Riesgo. No obstante, el nacimiento de estas oficinas depende de la aprobación de los concejos municipales y de recursos que muchas comunas sencillamente no poseen.

Las geógrafas y los geógrafos en Chile desarrollan diversas acciones profesionales asociadas a la gestión del riesgo a corto, mediano y largo plazo y a diferentes escalas territoriales, dado que son considerados por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), como especialistas en estudios de riesgo, además por la formación científica en diversas áreas del conocimiento, que considera lo humano y ambiental como sistema integral, por lo tanto; tiene las competencias técnicas para desarrollar los Planes Comunales para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) en conjunto con otras disciplinas.

El análisis regional del avance a abril de 2026 evidencia que la gestión del riesgo en Chile avanza a dos velocidades. Regiones como Magallanes exhiben un 100% de cobertura, y la Región Metropolitana cuenta con 44 de sus 52 comunas cubiertas. En el otro extremo, la desprotección es dramática: Arica y Parinacota registra un nulo avance (0 de 4 comunas con plan), Atacama apenas cuenta con una de sus nueve comunas protegidas (1 de 9), y Los Lagos muestra un rezago crítico con solo 6 planes vigentes de 30 posibles.

Ante este escenario, desde el Colegio de Geógrafas y Geógrafas de Chile se indica que planificar los territorios desde la prevención para identificar las amenazas y así poder gestionar el riesgo es una garantía mínima de supervivencia para las comunidades, para evitar futuros desastres, por lo anterior, son los geógrafos y geógrafas, los profesionales idóneos, para confeccionar mapas de amenaza y modelar dinámicas territoriales, dado la visión del territorio de manera integral y sistémica, este manejo de los conocimientos con método científico permite además el uso de informes de especialidades y de herramientas necesarias para tal tarea.

Así también, se sugiere desarrollar un Registro Nacional de Consultores de Riesgos de Desastres, donde se identifiquen en categorías de acuerdo con la experiencia. Junto con una estrategia de focalización territorial que priorice el apoyo directo y el financiamiento estatal a los municipios del norte y del sur austral con menores capacidades instaladas.

La resiliencia del país se logrará con un trabajo integran de los actores que conforman la gobernanza de la gestión preventiva del riesgo de desastres.

Tomás Ignacio Rojas Cárcamo
Geógrafo de la Universidad de Chile.
Especialización en planificación territorial y cambio climático.
Magíster (c) en Educación Intercultural, Gestión y Liderazgo Pedagógico, UMCE.
Socio Colegio de Geógrafas y Geógrafos de Chile.
 
José Córdova-Fredes
Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental y actual candidato a Doctor en Geografía, Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universitat de Barcelona.
Socio Colegio de Geógrafas y Geógrafos de Chile.

Directiva Colegio de Geógrafas y Geógrafos de Chile