Las decisiones presupuestarias rara vez se presentan como lo que realmente son, decisiones políticas que definen qué derechos se garantizan y a quiénes se protege. Se envuelven en el lenguaje de la austeridad, la eficiencia y la inevitabilidad técnica, pero detrás de cada recorte opera una jerarquía que determina quiénes permanecen dentro y quiénes, una vez más, son excluidos. En educación, esa jerarquía tiene nombre e historia.
En Chile, el Oficio Circular n°16 del Ministerio de Hacienda contempla, entre sus ajustes para la formulación presupuestaria 2027, el eventual recorte al Programa de Reinserción Escolar. El monto en juego —$1.816.979— no es una línea más del presupuesto: es la única respuesta institucional que existe para miles de niños, niñas y jóvenes que ya fueron expulsados del sistema educativo. Recortar este programa no es un ajuste técnico. Es una decisión sobre qué vidas el Estado considera prioritario sostener.
Los datos del propio Ministerio de Educación lo confirman. Un reporte del Centro de Estudios del Mineduc publicado en 2025 muestra que en 2024 la tasa de desvinculación alcanzó su mínimo histórico: 1,3%, equivalente a 40.063 estudiantes. Ese resultado no sucedió por azar. Ocurrió, en parte, porque programas como el de reinserción escolar han dado resultados al ofrecer flexibilidad, acompañamiento y una segunda oportunidad real para estudiantes con trayectorias interrumpidas. Proponer su recorte justo cuando la tendencia comienza a mejorar no responde a una austeridad responsable, sino a una decisión difícil de justificar.
Cuando el sistema escolar no logra revincular a quienes expulsa, las consecuencias se desplazan hacia otros ámbitos: precariedad, exclusión social, economías informales y, en muchos casos, trayectorias vinculadas a la delincuencia. La reinserción escolar no es un beneficio complementario. Es, para muchos jóvenes, la única forma de ejercer un derecho que ya les fue negado una vez.
Desde una perspectiva de justicia social, la discusión va mucho más allá del presupuesto. La reinserción escolar opera como una política compensatoria, en un sentido rawlsiano, porque busca corregir desigualdades que el propio sistema educativo generó, otorgando mayores apoyos a quienes han quedado en desventaja para que puedan volver a participar en condiciones más equitativas.
El daño, además, no es únicamente material: quien es expulsado de la escuela no solo pierde acceso a la educación, sino también el lugar que la sociedad le reconoce. Esa pérdida no se revierte únicamente con más recursos, sino con un Estado capaz de resguardar las condiciones necesarias para que esos jóvenes participen en igualdad. Los programas de reinserción cumplen precisamente esa función. No son un lujo, sino una condición mínima para que la inclusión deje de ser meramente declarativa.
Lo que hace aún más difícil sostener este recorte es el contraste con el discurso público de las propias autoridades del gobierno. Hace solo unos días, en la inauguración del año escolar de las escuelas 2×1 de la Fundación Súmate, la ministra de Educación, María Paz Arzola, afirmó que “ningún estudiante, ninguna persona es descartable” y que recuperar trayectorias es uno de los grandes desafíos del sistema. El Observatorio de Trayectorias Educativas, en 2025, fue en la misma línea: entre sus propuestas prioritarias para el próximo gobierno, planteó garantizar el reingreso educativo con financiamiento estable y cobertura territorial. Fortalecer, no debilitar. La paradoja es difícil de ignorar: mientras el discurso reafirma el valor de cada estudiante, las decisiones presupuestarias avanzan en sentido contrario.
Mientras otras propuestas presupuestarias generan debate inmediato y amplia atención pública, los programas destinados a estudiantes excluidos suelen quedar fuera de la discusión mediática. Cuando una política carece de visibilidad, también pierde capacidad de defensa y queda más expuesta a recortes. No hace falta recurrir a interpretaciones conspirativas para advertir el patrón: la reacción pública frente a programas de alta visibilidad es inmediata, pero disminuye drásticamente cuando se trata de estudiantes ya excluidos. Hay trayectorias cuya pérdida conmueve más que otras. Eso también es desigualdad.
Hay, además, compromisos internacionales en juego. El ODS 4 de la Agenda 2030 establece la obligación de garantizar trayectorias educativas inclusivas y equitativas. La Ley de Inclusión Escolar (N° 20.845) impone obligaciones concretas al Estado chileno. Este recorte no solo contradice esos marcos: los vacía de contenido real.
Recortar la reinserción escolar no elimina la exclusión, solo la deja sin respuesta. Cuando una sociedad acepta ese debilitamiento sin debate, no solo toma una decisión presupuestaria, sino que define qué vidas considera prioritarias y cuáles pueden volver a quedar al margen. La pregunta, entonces, no es si el Estado debe financiar la reinserción escolar, sino cuáles serán las consecuencias al dejar de hacerlo.
Ana Rojas Farías
Investigadora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
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