El Observatorio de Políticas Culturales (OPC), ente particular encargado de estudiar y analizar las políticas públicas sobre la industria cultural chilena, compartió su diagnóstico sobre la situación país a poco más de dos meses del arribo del gobierno de José Antonio Kast.
A raíz de la reciente manifestación de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (Anfucultura), que esta semana convocó a más de 100 organizaciones frente a las sedes del Ministerio de las Culturas en Santiago y Valparaíso, desde la OPC se refirieron a los recortes en la cartera que, según datos del observatorio, triplicó el monto anunciado por el gobierno en marzo pasado (un 9,8% del presupuesto de Cultura y no el 3% instruido por el ministro Quiroz).
“Primero hay que recordar que estamos hablando del 0,5% del presupuesto nacional. Es decir, es un presupuesto históricamente marginal, que muy de a poco, durante muchos años. Ha ido incrementándose para llegar recién al 0,5″, afirma a La Radio la directora del OPC, Bárbara Negroni.
“Ya estamos en un nivel muy bajo. En ese contexto, el recorte del 10% impacta tremendamente, pero no solo por la cantidad de recursos, sino porque programas tan importantes, sobre todo para la dinamización de la economía como el Programa de Infraestructura, al menos se pausaron. Y no sabemos si van a continuar el próximo año”, advierte.
Para Negroni, hay un matiz importante entre la eficiencia presupuestaria y la cancelación de programas clave para la industria local. “Es una afectación importante. Hay programas que desaparecen, y eso no es lo mismo a hacer más eficiente el gasto. Siempre hay espacios en los que se puede hacer más eficiente el gasto con menos costos”, agrega.
(P): ¿Es realista pretender que el sector privado y las leyes de donaciones absorban un recorte fiscal cercano al 10% del presupuesto anual?
(R): Los privados cumplen una función muy importante en el financiamiento de la cultura, en general, y siempre es esperable que participen más, pero no pueden suplir el papel del Estado. Tienden a financiar cierto tipo de cosas y no otras. Por ejemplo, se financian los procesos que son más bien de acceso, de difusión, festivales, pero no la creación, no el cine. Con la Ley de Donaciones se ha visto que el cine no es posible financiarlo, y así una serie de otras actividades.
No hay muchas razones, además, para prever que el mundo privado, que hasta ahora ha participado, incremente su participación. Y por otra parte, la Ley de Donaciones Culturales tiene tope, no es una ley que pueda financiar la infraestructura cultural, por ejemplo, porque los montos no alcanzan para eso y hasta ahora no conozco ningún caso de recursos del sector privado que haya ido a financiar infraestructura cultural pública. Por ejemplo, la idea de que la segunda etapa del GAM se pueda construir con financiamiento privado… Hasta ahora, no hay antecedentes de que algo así haya ocurrido.
(P): ¿Se corre el riesgo de centralizar aún más los recursos disponibles para el sector con esta saga de recortes?
(R): Por supuesto, esto afecta a las regiones. Porque pasa que, en general, las casas matrices de las empresas se encuentran en Santiago, entonces las regiones no necesariamente tienen las mismas opciones que quienes estamos en la Región Metropolitana, de acceder a financiamiento a través de Ley de Donaciones. Creo que la ley de donaciones culturales es importante, y se puede tratar de estimular más lo privado, pero eso difícilmente va a mover la aguja respecto de las responsabilidades del Estado.
(P): Este recorte de casi un 10% desmorona la promesa histórica del 1% para Culturas. Más allá de cifras inmediatas, ¿qué señal de política pública entrega este ajuste respecto a las prioridades del Estado frente al desarrollo cultural? ¿Cuáles serán las consecuencias a mediano y largo plazo en áreas críticas como el resguardo patrimonial?
(P): Finalmente, más allá de este 10%, lo que a nosotros nos preocupa es lo que viene a futuro. Me refiero al presupuesto que se va a presentar este año, y que el recorte, al menos por lo que se alcanzó a ver en el famoso Excel de Hacienda, era un recorte bastante superior. Y si eso va a ser la tónica de aquí a fines de este gobierno, va a terminar desmantelada gran parte de la institucionalidad cultural.
Además del 10%, hay un recorte que no se alcanza a dimensionar y tiene relación con las personas que no no van a ser reemplazadas una vez jubiladas. Esos también son recursos menos para el Estado y también puede generar un impacto importante en el funcionamiento de fondos. Ya sabíamos que hay una dificultad muy grande, porque falta personal para poder cerrar los proyectos que ya se resolvieron, para cerrarlos en términos económicos. Y porque un funcionario, por ejemplo, tiene que ver 800 proyectos, 1000 proyectos, que es una cantidad muy grande. Con menos funcionarios, eso va a ser aún peor. Y no es que se requiera menos funcionarios, al contrario.
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