El proyecto político detrás de la reforma tributaria de Kast: la segunda gran privatización

En el mundo de metáforas e hipérboles de Kast, que en realidad no son más que mecanismos de confusión o derechamente de ocultamiento de sus intenciones a la ciudadanía, la Reforma Tributaria que hoy se tramita resulta ser una de las más acabadas. Se dice Reforma Tributaria para en verdad hablar sobre un proyecto de sociedad que se busca implantar de contrabando.

En su corta y ansiosa tramitación, hemos ido conociendo de lo que se trata como si fuéramos sacando las capas de una cebolla. Comenzando con la idea de un gobierno de emergencia, pasando por una inventada crisis fiscal basado en un ficticio problema de la “falta de caja” y un “Estado en quiebra”, se transitó luego por un supuesto “plan de reconstrucción”, para terminar viendo una reforma cuyo objetivo central es reducir el impuesto a los más ricos del país y recortar políticas sociales, como ya hemos visto estos días, por ejemplo, en salud. La intensidad de ambas cosas es tal, que el único precedente que puede encontrarse de algo así hay que buscarlo en la dictadura y sus reformas privatizadoras.

Se ha dicho que el objetivo de esto es generar crecimiento y empleo, lo que tendría como resultado un mejoramiento general de los ingresos fiscales, todo esto apelando a una mítica “curva de Laffer” que indicaría que, de manera contraintuitiva, bajando los impuestos mejoraría la recaudación fiscal, debido al crecimiento que esta operación generaría. Sin embargo, esta curva ha sido ampliamente desestimada por la evidencia y, en realidad, hoy solo funciona en el mundo de fantasía de Kast en el que también “todo va a estar bien” porque “Dios nos quiere”.

Si la reforma tributaria de Kast, como indica la evidencia, no generará crecimiento, ni tampoco más empleo, ni tampoco específicamente más inversión; es decir, si -de nuevo- no cumple ninguna de las promesas que plantea ¿de qué se trata todo esto? ¿cuál es su sentido?

El trasfondo de esta reforma no es económico, es político. No se trata del funcionamiento de la economía propiamente tal, se trata de cómo se distribuye la riqueza del país y, por tanto, el poder. En este respecto, los resultados esperados de la reforma no pueden ser más claros: A través de una verdadera “expropiación inversa”, transfiere de manera inmediata a los más ricos del país una inmensa cantidad de la riqueza producida socialmente, reduciendo también de manera inmediata los recursos disponibles del Estado, generando un importante déficit fiscal, lo que se traduce en recortes en políticas sociales y empequeñecimiento del propio Estado. Esto a cambio de supuestos resultados que se verían en 25 años más. En simple: enriquecimiento inmediato de los más ricos, empobrecimiento inmediato del resto de la sociedad.

Una reforma como esta reordena el mapa del poder en el país y extrema las correlaciones de fuerza social, porque si Chile ya tiene una altísima concentración de la riqueza (el 1% concentra casi el 50% de la riqueza), esto la concentra aún más. Se ha hablado poco de esto, pero esta reforma, al transferir tal cantidad de riqueza, generar tal nivel de déficit y generar tal nivel de recorte en políticas sociales, es antes que todo una máquina de concentración de la riqueza (y, por tanto, poder político) y de producción de desigualdad social.

La guinda de esta torta: la invariabilidad tributaria por 25 años, con la que se busca petrificar esta estructura de distribución de la riqueza y el poder por los próximos 6 gobiernos.

Cada cierto rato el gobierno explicita sus verdades. Entre metáfora y metáfora, los exabruptos de Quiroz transparentan sus objetivos. En la presentación de la Reforma Tributaria, por ejemplo, conocimos el primero de estos: “para nosotros la mejor política social, y ojalá algún día sea la única, es el pleno empleo”. Días después en un seminario de CLAPES UC, el ministro tuvo un segundo episodio de sinceridad, cuando planteó que lo que busca la reforma es generar incentivos orientados a que “se beneficien las empresas intensivas en empleos de bajas remuneraciones”.

Esto es el crédito tributario al empleo que incluye esta reforma. Un mecanismo más, indirecto, para reducir el impuesto corporativo, que incentiva el pago de bajos salarios, pues se dirige a las empresas con trabajadores entre 1 y 1,5 salarios mínimos, pero el crédito es mayor en la medida que los salarios pagados por la empresa son más bajos. El costo para el Estado es de casi US$1.500 millones y en la práctica permite, como nos informó el propio Quiroz en un tercer exabrupto de sinceridad, bajar el impuesto corporativo no del 27% al 23%, sino que incluso al 20%.

Cuando la mediana de salario en Chile es de apenas $611.000 pesos, el imaginario de sociedad que nos presenta Quiroz cuesta verlo de otro modo que como un imaginario realmente perverso: una sociedad de trabajadores de bajas remuneraciones (pero todos con empleo), en la que, sin políticas sociales, deben ir a buscar todos los servicios básicos al mercado a través de intercambios entre privados. O sea, o una sociedad de familias que no pueden acceder a la salud, ni a la educación, ni a la vivienda, ni a la seguridad, o una sociedad que se transforma en una verdadera fábrica de trabajadores endeudados (lo cual también es un negocio, en este caso, para las entidades financieras), pues la deuda sería el único mecanismo para acceder a los servicios básicos.

Estas políticas, sin embargo, no son nuevas. Se la han conocido como políticas de austeridad y, teniendo una larga historia, han compartido siempre los mismos objetivos: acelerar la acumulación de capital en la cúspide y disciplinar a los trabajadores en la base. Este proyecto de austeridad es el proyecto político que está detrás de la reforma tributaria de Kast y que puede leerse como una verdadera revolución neoliberal 2.0.

Chile tiene hoy, comparativamente, un Estado pequeño y un bajo gasto social. La institucionalidad heredada de la dictadura y vigente hasta nuestros días cristalizó un marco constitucional que entronizó la subsidiariedad y la privatización de los servicios sociales. Esto quiere decir que todos los derechos que existen hoy han sido fruto de grandes luchas y grandes esfuerzos sociales.

Hoy, si queremos vivir dignamente, tenemos el deber de detener esta reforma para evitar la destrucción de todo lo que se ha logrado construir durante las últimas décadas. La red de protección social, el sistema público de salud, la educación pública, la gratuidad universitaria, la PGU y el fortalecimiento de la seguridad pública, son todas garantías mínimas que hacen de la vida en Chile, una vida que es dura, de mucho esfuerzo y poca recompensa, una vida un poco más vivible. El proyecto político de la reforma tributaria, el modelo Kast-Quiroz, busca demoler esto para implementar una segunda gran privatización de nuestra sociedad. No hay nada más patriota hoy, por tanto, que evitar que esta reforma se materialice. Aún estamos a tiempo.