Uno de los proyectos insignia del gobierno está avanzando con viento a favor en los últimos días. Luego de los espeluznantes actos en Calama, el proyecto de ley “Escuelas Protegidas” se convirtió en el paracetamol ideal para bajar la fiebre.
Es que no deja de llamar la atención la cantidad de episodios de violencia a los que, lamentablemente, nos hemos estado acostumbrando en el último tiempo. Podríamos agregar, a vuelo de pájaro, el incidente de niños quemados con bombas molotov en el INBA o las profesoras rociadas con bencina en el Instituto Nacional.
Si queremos ponerle malicia al cóctel, podemos sumar el uso de establecimientos educacionales como centros de micro o narcotráfico. De muestra un botón, el caso más reciente de Traiguén exhibe un episodio más que preocupante: un estudiante portaba clorhidrato de cocaína y un arma blanca. Es en este contexto en el que entra en discusión “Escuelas Protegidas”.
Más de algún trasnochado, que probablemente se quedó leyendo como exégeta a Sorel, Bourdieu, Weber o Simmel, saldrá a señalar que este proyecto no se hace cargo de las condiciones que genera la violencia en los colegios. Pero por favor, cuéntame una historia nueva y con algún final original.
Evidentemente el proyecto en cuestión tiene un carácter punitivo y sancionatorio, hasta reactivo si se quiere. Pero, va en la dirección correcta, transmite una señal importante de que la violencia no debe tener lugar en los establecimientos educacionales.
Como uno de los principales sitios de sociabilización de las personas, los centros educativos deben estar exentos de este tipo de eventos o atentados. Allí debe primar tanto la transmisión del conocimiento básico acumulado, como también costumbres, hábitos y prácticas acordes a lo que la vida social exige. Para que eso ocurra, una condición previa, es evitar que la violencia se imponga y el proyecto arroja luces para lograr ese objetivo.
Probablemente el Senado o el propio Ejecutivo, puedan pulir cuestiones de técnica o redacción legislativa que todavía requieren una segunda mirada. El uso del concepto “indicio” o “apología a la violencia” bien podrían ser clarificados en la propia ley, a fin de evitar posteriores aplicaciones que rocen lo inaceptable y deban ser interpretadas por un juez en tribunales.
Ahora bien, este proyecto de ley puede ser el puntapié inicial de un paquete de reformas que busquen hacernos cargo de la generación de violencia en el mediano y largo plazo. En ese sentido, resulta particularmente valiosa la exposición del alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, quien a través de diversos programas de contención psicoemocional, trabajo en equipo y talleres desde liderazgo a deporte, le mostró a la Cámara de Diputados que frenar la violencia es un paso y trabajar en erradicarla es otro. Para lograrlo restan todavía cuatro años de legislatura por delante.
José Luis Trevia
Asesor legislativo en IdeaPaís
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