El proceso judicial avanza, pero con una indiferencia que hiere.
Hoy, 10 de abril, se cumple un año desde que el Estadio Monumental se transformó en el escenario de una tragedia que el fútbol chileno no puede -ni debe- olvidar. Aquella jornada de 2025, lo que debía ser una fiesta de la pasión deportiva, en un partido de alta convocatoria por la Copa Libertadores entre Colo-Colo y Fortaleza, terminó abruptamente con la vida de Mylan, de solo 12 años, y Martina, de 18.
Sus sueños y su alegría se apagaron en las inmediaciones del recinto, en un hecho que ocurrió a solo nueve días de una fecha históricamente esperada por miles: el centenario del club. Aquella tragedia no solo detuvo el tiempo para dos familias, sino que afectó en lo más profundo a todo un pueblo seguidor de Colo-Colo, transformando la celebración de sus 100 años en un luto colectivo e imborrable.
El proceso judicial avanza, pero con una indiferencia que hiere. Las investigaciones han sacado a la luz detalles alarmantes que sugieren la posibilidad de que se hayan manipulado pruebas esenciales, lo que genera serias dudas sobre la transparencia y la integridad de las indagatorias.
Un ejemplo crítico y doloroso fue la manera en que se manejó el carro antidisturbios tras el atropello, un hecho que arroja sombras sobre la voluntad de alcanzar una verdad completa y la debida diligencia institucional.
Actualmente, aunque un capitán y un sargento de Carabineros han sido formalizados por este hecho, las medidas cautelares vigentes resultan mínimas frente a la magnitud de haber arrebatado dos vidas jóvenes de manera directa y violenta. La justicia no solo requiere sentencias; exige una probidad inquebrantable en cada etapa del proceso.
Esta tragedia también desnudó las falencias de una política pública agotada. El Plan Estadio Seguro -una política que desde su implementación en el 2011 buscó regular la violencia en los estadios, pero que terminó burocratizando la seguridad- demostró ser una estructura de papel ante crisis reales. Esto permitió que las concesionarias se limitaran a cumplir con los mínimos exigidos sin realizar gestiones propias para garantizar la seguridad. Tras la muerte de Mylan y Martina, el Gobierno de Chile finalmente reconoció el fracaso del plan y el 14 de abril del 2025 decidió ponerle fin.
Hoy, el entorno del Estadio Monumental luce distinto. Se han implementado cambios en materia de seguridad, tales como sistemas de reconocimiento facial, nuevos torniquetes y perímetros de seguridad más estrictos alrededor del recinto. Sin embargo, la duda es inevitable: ¿son estas medidas suficientes para evitar otra tragedia o son solo respuestas técnicas a un problema que es, en el fondo, ético y de gestión humana?
Aunque se valoran los avances, estas medidas resultan tardías. Llegan cuando el daño ya es irreparable, cuando la institución alba aún llora a los suyos y cuando dos familias ya han perdido lo más sagrado. La seguridad no puede ser una reacción ante el desastre, sino una garantía previa e innegociable.
La responsabilidad también recae en la concesionaria a cargo de Colo-Colo, que ha mantenido un silencio que pesa, evadiendo su porcentaje de responsabilidad en estos hechos mientras llena los medios con mensajes de “amor al club”. Organizar un espectáculo masivo conlleva una responsabilidad civil y ética que la dirigencia parece haber olvidado.
Por su parte, la clase política ha mostrado una desconexión preocupante; más allá de declaraciones rimbombantes, no hemos visto una voluntad real de intervenir en los protocolos de orden público para garantizar que un niño nunca más sea tratado como un “enemigo de guerra” por el uso desproporcionado de vehículos blindados.
Lo que más duele es la ausencia de reparación. La madre de Mylan hoy llora su ausencia con el peso adicional de saber que el nombre de su hijo fue injustamente manchado por versiones oficiales que intentaron criminalizar a las víctimas. Una justicia que tarda no es justicia; es solo un trámite administrativo que prolonga el duelo de toda una comunidad.
Mylan y Martina no son simples estadísticas de un operativo fallido; son el recordatorio de un sistema que terminó por destruir la vida de nuestros jóvenes. Exigimos garantías de no repetición y que el Estado de Chile deje de mirar hacia el costado. Recordarlos es exigir que la pasión por el fútbol nunca más nos cueste la vida. Por Mylan y por Martina, justicia es lo mínimo; verdad es lo justo.
José Henríquez Muñiz
Abogado, Magíster en Derecho Penal y en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Con diez años de trayectoria en la Defensoría Penal Pública, actualmente ejerce la representación judicial, en calidad de abogado querellante, de la familia de Mylan Liempi en el proceso penal derivado de los sucesos ocurridos en el Estadio Monumental. Socio del Club Social y Deportivo Colo-Colo.Varinia Salazar Araneda
Administradora Pública y Magíster en Comunicación Política. Cuenta con especialización en creación e implementación de políticas públicas. Socia del Club Social y Deportivo Colo-Colo.
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