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Aduanas y SII van contra empresario chino por contrabando y fraude por $1.200 millones

Josefina Ossandón

Periodista del equipo de Investigación en Radio Bío Bío Santiago

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Viernes 10 abril de 2026 | 06:00
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Yuan Heng es un ciudadano chino radicado en Chile que controla al menos tres empresas comerciales en Santiago. El Servicio Nacional de Aduanas acaba de presentar una querella criminal en su contra por introducir mercancías subvaloradas con documentación falsa al país, sumándose a una acción previa del SII por evasión tributaria de más de $1.200 millones. Uno de sus proveedores fue mencionado en el juicio a la mafia Bang de Fujian. Radio Bío Bío accedió a datos del caso.

Un empresario chino radicado en Chile acumula una inusual cantidad de problemas con la justicia. Yuan Heng, representante legal de al menos tres sociedades comerciales en la Región Metropolitana, enfrenta ahora una querella del Servicio Nacional de Aduanas por contrabando reiterado, que se suma a una acción previa del Servicio de Impuestos Internos y a vínculos indirectos con una red societaria mencionada durante el juicio a la mafia china Bang de Fujian en 2024.

Los registros públicos muestran que Yuan Heng opera en Chile a través de varias empresas. La más antigua es Comercial Heng Yuan E.I.R.L., constituida en mayo de 2017, con domicilio en Avenida Irarrázaval, Ñuñoa, dedicada a la venta por internet y correo. En octubre de 2024, según extracto publicado en el Diario Oficial, el propio Yuan Heng en calidad de único socio modificó esa sociedad ante notario público.

A esa empresa se suman Mundo Magia SpA, ubicada en Recoleta con una sucursal en Ñuñoa, dedicada al comercio minorista, y Xiyu Internacional SpA, también en Recoleta, constituida en marzo de 2023 y especializada en venta de aparatos eléctricos, textiles para el hogar y enseres domésticos.

Contrabando en el aeropuerto

La Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Aduanas presentó una querella criminal ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, firmada el 26 de marzo de 2026, acusando a Yuan Heng de contrabando reiterado en perjuicio del Fisco. La acción legal se funda en dos operaciones de importación realizadas a través del Aeropuerto Arturo Merino Benítez en noviembre y diciembre de 2023, en las que Xiyu Internacional SpA habría ingresado al país mercancías con valores declarados muy por debajo de la realidad y respaldadas con documentación falsa.

En el primero de los hechos, fechado el 7 de noviembre de 2023, la empresa declaró importar “soporte celular y demás manufacturas” con un valor de apenas $916.025. El aforo realizado por funcionarias de Aduanas reveló que los 30 bultos de 342 kilos contenían en realidad 3.246 unidades entre accesorios para teléfono, memorias portátiles, lentes de sol, micrófonos, escáneres para vehículos, herramientas y exprimidores, correspondientes en su mayoría a marcas de prestigio internacional. El valor aduanero real fue calculado en $55.539.454, con impuestos evadidos por $10.552.494. La mercancía fue incautada y retenida.

En el segundo embarque, del 27 de noviembre, Xiyu declaró baterías externas, relojes inteligentes y tapones de tanque con valor de $4.183.972. El aforo mostró 1.885 unidades de memorias portátiles, relojes inteligentes y repuestos de vehículos. El valor real fue estimado en $35.425.089, con tributos evadidos por $6.730.763. Esa mercancía también quedó retenida.

En ambos casos las facturas comerciales habían sido alteradas en su valor y los comprobantes bancarios aportados no podían vincularse a las operaciones declaradas.

El total defraudado al Fisco entre ambos hechos asciende a $17.283.257. Aduanas solicita para Yuan Heng una pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, más una multa de $431.693.055 equivalente a cinco veces el valor de la mercancía, y el comiso de las especies incautadas.

La querella del SII

La acción de Aduanas no es la única presión judicial que enfrenta Yuan Heng. El Servicio de Impuestos Internos presentó previamente una querella ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago apuntando a Mundo Magia SpA, otra de sus sociedades.

Según reportó el portal Informe Especial de 24Horas el 13 de marzo de 2026, el SII acusa a Yuan Heng de provocar un perjuicio fiscal superior a los $1.200 millones mediante el uso de facturas falsas: 255 supuestamente emitidas por la Tesorería General de la República y otras 105 provenientes de dos proveedores fantasma.

Las cifras detectadas por el organismo fiscalizador son llamativas. Mundo Magia registraba en 2020 ingresos por poco más de $200 millones. En 2021 saltaron a $2.300 millones, bajaron levemente a $1.600 millones en 2022 y en 2023 se dispararon a $7.791 millones. En todos los períodos los gastos igualaban prácticamente los ingresos, de modo que la empresa virtualmente no registraba utilidades.

Para sostener ese esquema, el SII sostiene que Yuan Heng contó con la colaboración de Comercializadora La Fortuna SpA, sociedad de otros tres empresarios chinos: Haiming Feng, Jie Wang y Liming Liu.

El vínculo con la Bang de Fujian

El nombre de Comercializadora La Fortuna SpA no aparece por primera vez en un expediente judicial con esta querella. Durante el juicio a la Bang de Fujian, la agrupación criminal china sometida a proceso en 2024, uno de los condenados declaró que Haiming Feng le había prestado esa misma sociedad para importar y vender mascarillas durante la pandemia. Las investigaciones del Ministerio Público establecieron que ese mismo condenado también comerciaba narcóticos y administraba un KTV en Recoleta sindicado como base de operaciones de la mafia.

Ante el SII, Comercializadora La Fortuna SpA registra domicilio en la esquina de Gorbea con Unión Latinoamericana, en un recinto contiguo a un local de masajes que en octubre de 2023 fue escenario de una balacera en la que murió un ciudadano chino. Además, los tres socios de La Fortuna son parte de la red societaria del dueño de Chinamart, el conocido mall del sector Meiggs que ha sido objeto de múltiples fiscalizaciones y cuyo propietario fue señalado por un testigo reservado en una investigación vigente sobre tráfico de personas, drogas y armas.

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