Fiscalía deberá investigar a diputados que no declararon deudas del Fondo Solidario

El Ministerio Público deberá investigar a ocho diputados por no declarar sus deudas del Fondo Solidario, luego de que se admitiera a trámite una denuncia penal en ese sentido.

La Fundación Fuerza Ciudadana —representada por el abogado Raimundo Palamara— ingresó el libelo ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso. En él, acusó a los diputados en ejercicio Claudia Reyes, Nathalie Castillo, Héctor Ulloa, José Carlos Meza, Carolina Tello, Emilia Nuyado, Sara Concha y Francisco Crisóstomo de haber incurrido en conductas que pueden ser calificadas como perjurio.

De acuerdo a la denuncia, todos ellos omitieron consignar en sus declaraciones de intereses y patrimonio (DIP) las deudas que poseían por el Fondo Solidario. Si bien no pagar dichas obligaciones no constituye un delito, el escrito arguye que sí puede serlo la “discordancia entre esa deuda y una declaración jurada patrimonial legalmente exigida”:

—La conducta denunciada reviste relevancia penal porque no se trata, prima facie, de datos ajenos, confusos o de difícil acceso para el declarante, sino de obligaciones personales, propias, vigentes y directamente conocidas por quien las contrajo —sostiene.

Más de $7 millones en deuda

Los diputados se encuentran entre las autoridades que por ley deben declarar su patrimonio al asumir y al dejar el cargo, además de realizar actualizaciones anuales. De acuerdo al reglamento de la Ley Sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, están obligados a declarar las deudas si el conjunto de estas supera las 100 UTM, equivalentes a día de hoy a casi $7 millones.

Por otro lado, los parlamentarios deben declarar el “monto, tipo de obligación y el nombre del acreedor de cada deuda que, individualmente considerada, supere las cien unidades tributarias mensuales”, según el mismo cuerpo normativo.

Con la denuncia se acompañaron declaraciones de los ocho diputados señalados, de antes del 30 de marzo de este año. En ellas, ninguno declaró la deuda.

—En varios de los casos denunciados, los montos reportados públicamente superan holgadamente el umbral legal de cien unidades tributarias mensuales, por lo que la obligación de individualizar la deuda era, en principio, directamente exigible —expresa la denuncia.

Las deudas de los diputados denunciados fueron reveladas por El Mercurio hace un par de semanas, tras cotejar la nómina de morosos del Fondo Solidario de Crédito Universitario con información vigente al 31 de diciembre de 2025. Cinco de los diputados poseían obligaciones por más de las 100 UTM. Liderando la lista aparecía Claudia Reyes, del Partido Republicano, con $38 millones, seguida de la comunista Nathalie Castillo, con $27,8 millones.

Más atrás estaba Héctor Ulloa, diputado independiente que compitió en la lista Unidad por Chile, con $18,6 millones; el republicano José Carlos Meza, con $16,3 millones, y Carolina Tello, del Frente Amplio, con $12,9 millones.

Perjurio

Sólo los socialistas Emilia Nuyado y Francisco Crisóstomo, además de Sara Concha del Partido Social Cristiano, poseían obligaciones del Fondo Solidario inferiores a 100 UTM. De todas maneras, la denuncia solicita investigar “si con el conjunto de sus otros pasivos igualmente debía incidir en el pasivo global informado”.

La Unidad de Investigación de Bío Bío revisó las DIP de los ocho denunciados. Efectivamente, ninguno singularizó las obligaciones del Fondo Solidario en sus declaraciones previas al 30 de marzo.

No obstante, tras difundirse los incumplimientos, la diputada Tello declaró el 31 de marzo pasado su deuda con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cifrándola en $11.535.000.

La denuncia de Fuerza Ciudadana apunta a la posible comisión de perjurio, ya sea por el artículo 210 o por el 212 del Código Penal. El primero castiga con presidio menor en sus grados mínimo a medio (de 61 días a tres años) y multa de seis a diez UTM a quien cometa aquel delito ante las autoridades o sus agentes en materias no contenciosas.

El segundo impone pena de presidio en cualquiera de sus grados o multa de una a cuatro UTM al que falte a la verdad en declaración prestada bajo juramento o promesa exigida por la ley, siempre que dicha conducta no se encuentre tipificada en uno de los artículos previos.

Junto con la denuncia se solicita que se oficie a la Cámara de Diputados y Diputadas para que entregue las copias íntegras de las DIP. Igualmente, pide que el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) explique el origen de las deudas. El Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible la acción penal y ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público.