Enviando corrección, espere un momento...
En contextos de alta complejidad regional, la diferencia entre coordinar y declamar no es menor. Marca la distancia entre la política exterior entendida como gesto ideológico y la política exterior ejercida como conducción estratégica.
Los acontecimientos recientes en torno a Venezuela han vuelto a poner en evidencia una de las principales debilidades del sistema internacional contemporáneo: la aplicación selectiva del derecho internacional frente a crisis que, por su magnitud y efectos, dejaron hace tiempo de ser asuntos internos para convertirse en problemas de seguridad y estabilidad regional.
La tragedia venezolana no admite eufemismos. Bajo el régimen de Nicolás Maduro -cuya legitimidad democrática ha sido ampliamente cuestionada por la ausencia de garantías electorales- el país experimentó el colapso de su institucionalidad, una crisis humanitaria prolongada y el mayor éxodo de la historia reciente de América Latina.
Más de ocho millones de venezolanos se han visto forzados a abandonar su país, generando impactos profundos y sostenidos en los sistemas de salud, educación, empleo y seguridad de numerosos Estados de la región, incluido Chile.
Este fenómeno no fue accidental. Fue el resultado de decisiones políticas concretas: concentración del poder, debilitamiento sistemático del Estado de Derecho y tolerancia -cuando no connivencia- con economías ilícitas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado transnacional.
En los hechos, Venezuela se transformó en un factor objetivo de desestabilización regional, con efectos que trascendieron ampliamente sus fronteras.
Frente a esta realidad, la pregunta incómoda es inevitable: ¿qué hizo el sistema multilateral durante los años de mayor deterioro?
Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros mecanismos regionales activaron misiones, informes, resoluciones y declaraciones, pero no lograron alterar sustantivamente el curso de los acontecimientos.
Predominó una diplomacia procedimental, lenta y políticamente fragmentada, incapaz de generar consensos efectivos o de traducir diagnósticos reiterados en acciones con impacto real. La consecuencia fue una prolongada inercia internacional mientras la crisis se profundizaba.
Es en ese contexto donde resulta problemático que, ante decisiones que buscan romper años de pasividad, surja una reacción inmediata centrada casi exclusivamente en cuestionamientos formales, sin una evaluación equivalente del costo acumulado de la inacción.
En política internacional, como en la historia, después de los hechos todos tienden a erigirse en jueces; actuar cuando la crisis está en pleno desarrollo es siempre más complejo que criticar a posteriori.
Defender el derecho internacional y el orden constitucional es indispensable. Pero su legitimidad se debilita cuando se lo invoca de manera selectiva, no en función de la gravedad objetiva de los hechos ni de su impacto regional, sino condicionado por afinidades ideológicas o conveniencias políticas internas.
En esos casos, el derecho deja de operar como marco normativo común y se transforma en un discurso instrumental, funcional a dobles estándares que terminan erosionando su autoridad moral.
Intervención de Boric
En este marco, la intervención del presidente de la República de Chile, Gabriel Boric merece un análisis particularmente crítico.
Más allá de sus intenciones declaradas, fue una intervención selectiva, afiebrada y políticamente cómoda, centrada en cuestionar una acción específica, pero sin abordar de manera integral la responsabilidad del régimen venezolano ni los efectos regionales acumulados de años de deterioro institucional. Fue, además, una intervención con acotado e ideologizado respaldo internacional.
Desde una perspectiva técnica de política exterior, este tipo de posicionamientos suele reflejar una sobreestimación del peso relativo de la propia voz en el sistema internacional.
En el escenario global actual, la influencia efectiva de un Estado no depende solo de la visibilidad discursiva de su liderazgo, sino de su capacidad para construir consensos, articular coaliciones, coordinar posiciones y sostener una diplomacia consistente en el tiempo. Cuando esas condiciones no están presentes, la declaración aislada tiende a diluirse rápidamente y, en ocasiones, a debilitar la posición internacional del país que la emite.
El contraste se aprecia con claridad en un hecho concreto ocurrido este domingo. El presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast sostuvo una conversación telefónica con el presidente constitucional del Perú, José Jerí en la que abordaron los hechos en curso en Venezuela, la necesidad de avanzar hacia un proceso de transición democrática y el impacto regional de la migración irregular.
Este intercambio se produjo como antesala de la reunión presencial que ambos sostendrán este miércoles en Lima, y reviste especial relevancia: aun antes de asumir formalmente el cargo -el próximo 11 de marzo-, el presidente electo ya se encuentra coordinando activamente en materia de política exterior frente a una contingencia regional crítica.
Ese enfoque refleja una comprensión clásica y responsable de la diplomacia: diálogo directo entre Estados, coordinación temprana y preparación política previa.
En contextos de alta complejidad regional, la diferencia entre coordinar y declamar no es menor. Marca la distancia entre la política exterior entendida como gesto ideológico y la política exterior ejercida como conducción estratégica.
Chile cuenta con una tradición diplomática seria y respetada. Honrarla exige coherencia, sentido de realidad y rechazo a los dobles estándares. La crisis venezolana demanda menos selectividad ideológica y más responsabilidad política; menos discursos cómodos y más acción coordinada. Ese es el desafío real para la región y para la política exterior chilena en este momento histórico.
