El estigma oculto en la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento

Hace un tiempo se conoció un caso que generó indignación: la existencia de una empresa —Cualiffy— que clasificaba a trabajadores según sus antecedentes judiciales, condicionando sus oportunidades laborales. La reacción fue inmediata: ¿cómo es posible que alguien sea discriminado por información que, en la práctica, nada dice sobre su capacidad actual de trabajar y producir?

Sin embargo, la misma lógica, aplicada al ámbito financiero, no despierta la misma indignación. La Ley de Insolvencia y Reemprendimiento nació con un objetivo claro: permitir que las personas sobreendeudadas tengan una segunda oportunidad. Que puedan extinguir sus deudas, rehabilitarse financieramente y volver a empezar.

Pero la realidad dista mucho de ese ideal.

El siguiente ejemplo lo grafica con claridad: una persona que nunca se ha declarado en quiebra aparece con DICOM limpio, sin deudas y con el puntaje máximo de 999. Otra, que sí se sometió a la ley, extinguió sus deudas y quedó con el mismo score impecable. Ambos están, en términos reales, en la misma situación: no tienen pasivos.

Sin embargo, el segundo arrastra una marca indeleble: en la sección “Boletín Concursal” figura un “sí”, es decir, se declaró en quiebra.

Rehabilitación financiera

La contradicción es evidente. En un país con más de 3,8 millones de personas en situación de morosidad -según el 49° Informe de Deuda Morosa de la Universidad San Sebastián y Equifax- la rehabilitación financiera debería ser una política efectiva y no un ideal frustrado. Frente a este escenario, castigar a quienes han enfrentado su insolvencia por la vía legal resulta un contrasentido.

Lo que se presenta como una “segunda oportunidad” en la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento es, en realidad, un registro permanente que mantiene a las personas en una categoría de riesgo, aun cuando ya no tengan deudas. Se estigmatiza precisamente a quienes siguieron el camino institucional para resolver su situación.

La pregunta es inevitable: ¿de qué rehabilitación —y de qué reemprendimiento— hablamos si el propio sistema advierte al mundo que esa persona quebró, aunque hoy esté financieramente en regla?

Si Chile quiere tomarse en serio el desafío del sobreendeudamiento y la inclusión financiera, debe revisar estas prácticas. Una ley pensada para reintegrar a las personas no puede transformarse en una herramienta de marginación encubierta.