Señor Director:

El caso de violencia extrema protagonizado por Martín de Los Santos Lehmann contra el conserje Guillermo Oyarzún ha remecido, con razón, a la opinión pública. No es solo un acto delictual brutal. Es un síntoma de algo más profundo: el uso del privilegio como escudo frente a la ley.

Este hecho refleja crudamente el desequilibrio de poder entre quienes ejercen labores de servicio y aquellos que, por su posición social o económica, creen tener derecho a violentarlos sin consecuencias.

Que el imputado haya increpado agresivamente a la jueza Cecilia Villanueva, acusándola de ceder a la presión mediática, resulta alarmante. No solo por insolente, sino porque exhibe una peligrosa noción de impunidad clasista aún presente.

Lo que se espera de las instituciones no es ambigüedad ni tecnicismo, sino firmeza. Firmeza para condenar la violencia, venga de donde venga. Firmeza para proteger a los trabajadores más vulnerables.

El señor Oyarzún merece justicia. Y Chile, instituciones que la ejerzan con firmeza, sin temor ni tibieza. Porque no se trata solo de sancionar un delito, sino de recordar que, en un Estado de Derecho, ni la arrogancia ni el clasismo están por encima de la ley.

Por Paula Alfaro Bächler
Egresada de Derecho

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