El 22 y 23 de agosto de 1791 comenzó una sublevación en lo que actualmente es Haití, que fue de gran importancia para el término del comercio transatlántico de esclavos. Por eso, cada 23 de agosto, la Unesco recuerda el Día del recuerdo de la Trata de esclavos y su abolición. Pero esta conmemoración, hoy no sólo debe educar al respecto, sino que también iluminar las situaciones de esclavitud modernas que aún se encuentran pendientes.
El objetivo del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su abolición es integrar el conocimiento de las causas históricas y efectos que tuvo la esclavitud en distintos puntos del planeta. Y si bien, al hablar de esclavitud, probablemente las imágenes que tenemos en la cabeza son “tradicionales”, como las que nos han proporcionado el cine a través de sus películas, y pese a que esa forma finalizó, la esclavitud aún persiste sólo que mutó a maneras modernas que incluso encontramos en Chile.
En el mundo, en 2021 existían cerca de 50 millones de personas en situación de esclavitud moderna, volumen que ha aumentado significativamente en los últimos años, según la Organización Internacional del Trabajo, Walk Free y la Organización Internacional para las Migraciones.
Esto, porque según las estimaciones de las mismas entidades, en 2016 había 10 millones de personas menos en esta situación. La esclavitud moderna refiere principalmente trabajos forzados (28 millones), matrimonios obligados (22 millones), servidumbre por deudas, trata de personas, entre otras prácticas. Y pese a los prejuicios que pueda haber al respecto, más de la mitad de las personas que tienen trabajos forzados y matrimonios obligados se dan en países con rentas media-alta y alta. Al contrario de lo que podemos pensar que es que se generarían en lugares donde la precariedad fuera el fuerte.
En materia de trabajos forzados, los migrantes tienen tres veces más de posibilidades de ser sometidos a este tipo de esclavitud que alguien que no es migrante, ya sea por ingresos irregulares o por prácticas poco éticas y no ajustadas a los derechos laborales. En el caso de las personas en movimiento, muchas veces esta situación se mezcla con la trata de personas, por lo que son delitos que normalmente van de la mano. Esto porque, si bien, puede que haya existido voluntad de una persona para ser trasladada de un lugar a otro, en ocasiones, al llegar al destino se encuentra con que quienes lo trafican, le retienen sus documentos o los hacen cumplir con condiciones que responden a la trata.
En Chile, entre 2011 y 2022 se formalizaron 63 causas por el delito de trata de personas, las que involucraban 347 víctimas, según el Informe de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas. El 58% fueron víctimas de trata laboral y el 42%, sexual. De todas ellas, las principales nacionalidades fueron boliviana (26%), paraguaya (21%), colombiana (12%) y venezolana (12%). Y lamentablemente, se cuentan 33 niños, niñas y adolescentes entre ellos: es decir, cerca del 10% de las víctimas. Estas cifras fueron obtenidas de investigaciones por este delito, que fueron formalizadas bajo el artículo 411 quáter del Código Penal, por lo que probablemente la realidad vaya más allá.
Chile ha trabajado para combatir este tipo de situaciones. De hecho, en 2011 se promulgó la Ley N°20.507, que tipifica el delito de tráfico de personas. Y en 2021 fue promulgado el Convenio N°29 de la OIT y su protocolo de 2014, que implica el compromiso a avanzar en la erradicación del trabajo forzoso. Pero aún falta.
Tomemos esta conmemoración como un momento para iluminar el trabajo que aún tenemos pendiente como sociedad y país. Es urgente tener una migración segura, regulada y ordenada, como se ha prometido en Chile, pero de verdad. Las cifras representan vidas, personas que ven completamente vulnerada su integridad física y psíquica. La correcta implementación de la Política Nacional Migratoria publicada por el Gobierno es una oportunidad en la medida de que sea efectiva, fiscalizada y optimizada.
