Arturo Prat: Un ejemplo a seguir
Sr. Director:
Que Chile se encuentra sumido en un complejo momento social, económico y político no es misterio ni novedad. Diversas causas han contribuido; problemas graves como la crisis de seguridad, una migración descontrolada, una preocupante contracción económica y una elevada inflación, etc., requieren que los órganos del Estado entreguen todas sus energías, competencias y experiencias para cumplir con la misión que les ha sido encargada por la Constitución y las leyes.
Sin embargo, con decepción, indignación, resignación, y afortunadamente, nos vamos enterando cómo funciones públicas son ejercidas de manera deficiente, negligente y, lo que es peor, corrupta. El desempeño estrafalario de algunos convencionales en el proceso constitucional anterior y los caprichos ideológicos pesaron más que el bien superior de Chile. Alcaldes que han utilizado la plataforma municipal para enriquecerse, autoridades que acomodan a parientes y amigos en cargos públicos y tres funcionarios de la Armada envueltos en un grave delito de homicidio (y de paso enlodando a la Institución) son algunos de los casos que nos permiten comprobar que estamos viviendo un declive de la ética pública y funcionaria.
Por lo anterior, invito a mirar la figura de Arturo Prat Chacón no solo como un valiente marino que dio la vida por la patria, sino como un funcionario del Estado, abogado y ciudadano que siempre destacó por su honorabilidad y probidad en el ejercicio de sus funciones. Esperemos que todos quienes ejercen cuotas de poder político sean capaces de honrar su memoria y legado. Pero no solo con desfiles, homenajes y discursos, sino con un comportamiento intachable, noble, esmerado y eficiente, con pleno respeto a la dignidad y derechos de las personas y poniendo siempre por delante el interés general por sobre cualquier interés privado.
Jorge Astudillo Muñoz, académico Facultad de Derecho UNAB
La disyuntiva de la conectividad vial y digital en las pequeñas localidades
Sr. Director:
En un mundo inmerso en la era digital, la conectividad vial y digital son pilares fundamentales para el desarrollo socioeconómico y cultural de una nación. No obstante, en nuestro país emerge una brecha dispar entre las urbes cosmopolitas y las pequeñas localidades en términos de acceso a infraestructuras. Esta disparidad plantea desafíos acuciantes que obstaculizan el progreso y la inclusión de las comunidades más aisladas que se torna imperioso examinar y abordar.
El déficit de vías apropiadas y en estado óptimo dificulta el acceso a servicios primordiales, tales como centros de atención médica y de educación. Las carencias en el transporte público limitan la movilidad de los habitantes, menoscabando su calidad de vida y su capacidad de acceso a empleo y servicios básicos. Dificulta la inversión y el crecimiento económico, lo cual impacta negativamente en el empleo y el bienestar de la población.
La falta de infraestructura de telecomunicaciones e insuficiente cobertura de internet de alta velocidad obstaculizan el acceso a información, educación en línea, comercio electrónico y otras oportunidades digitales. Esto restringe el desarrollo económico y la participación en la sociedad digital. Impide el acceso a oportunidades educativas y culturales, restringiendo el potencial de desarrollo y generando una disparidad entre áreas rurales y urbanas.
La conectividad vial y digital no debe considerarse como un privilegio, sino como un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Es crucial para fomentar la equidad, el desarrollo sostenible y la cohesión social a lo largo y ancho del país. Urge que las autoridades y los actores relevantes unan fuerzas para superar las barreras existentes y reducir la brecha existente como un desafío impostergable que precisa ser abordado de manera prioritaria. La brecha latente ineludiblemente nos restringe.
Américo Guajardo, alcalde de Río Claro
Paradas Seguras en el transporte: viajes más protegidos
Sr. Director:
Los resultados del Índice Anual del año 2022 de la Fundación Paz Ciudadana sobre victimización, percepción de temor, denuncias y evaluación del desempeño de las instituciones con responsabilidad en materia de seguridad señala que vivimos el más alto nivel de temor de toda su serie histórica, posiblemente afectado por el aumento de delitos violentos. En la encuesta Cadem, 82% de los encuestados expresó preocupación de ser víctima de algún delito en la noche, caminando, manejando o en el transporte público.
Para solucionar esta crisis de seguridad en diversos espacios del ámbito cotidiano, el Gobierno está aplicando medidas, como el Plan Calles Sin Violencia, en miras a detener la escalada de delitos de alta connotación pública y cumplir con una agenda contra la delincuencia que impacte transversalmente y disponga de los medios necesarios para que todas las mujeres y hombres se muevan seguros en Santiago y su área metropolitana.
En este contexto, he planteado el proyecto de “Paradas Seguras”, que implica que a partir de las 22:30, usuarios del Transantiago y buses interurbanos puedan solicitar a los choferes descender en un sector más próximo a sus domicilios sin importar si en ese lugar existe un paradero como tal. La idea es que toda pasajera o pasajero pueda pedir, cuando suba al autobús, que quiere hacer uso de este servicio, e indicar el lugar en el que desea bajarse.
Este proyecto -junto con otros en el Congreso- refleja el compromiso por contribuir a reducir los delitos contra las ciudadanas y ciudadanos, robos, abusos sexuales, violaciones, homicidios, entre otros, al acotar instancias de peligro. Es una medida efectiva que le viene a entregar garantías a las personas de llegar seguras a sus hogares después de una larga jornada de trabajo o estudio.
Camila Musante, diputada independiente pro PPD
Royalty y distribución de recursos
Sr. Director:
Tras la aprobación del proyecto de royalty para la minería vimos un gran júbilo de los sectores del oficialismo, quienes semanas antes habían realizado una verdadera campaña, incluso generando falsas expectativas, y así lo pudimos evidenciar en la Región de Coquimbo. Sin duda nos alegra que se haya aprobado porque viene a hacer justicia con recursos que son de todos los chilenos, lo que es un triunfo de todos. Sin embargo, creo que podría haber sido mejor; la distribución de los recursos es el gran detalle a mejorar.
La distribución por comuna basada en cantidad de habitantes me parece que no es justa. No reconoce ni se hace cargo de la situación que se vive en pequeñas localidades donde tienen dificultades en materia de desarrollo, infraestructura, conectividad y acceso, además de falta de recursos, y los dineros que van a recibir por este royalty no se adaptan a sus necesidades. Por otro lado, no hay equidad con aquellas zonas de extracción minera que han sacrificado sus territorios, que deben vivir con falta de agua y otras consecuencias.
Comunas como Andacollo, La Higuera, Salamanca, Los Vilos, Canela e Illapel son comunas mineras y no tienen hoy los mismos recursos que La Serena o Coquimbo, donde no está desarrollándose la minería. Espero que este proyecto pueda lograr una mejor redistribución de las remesas a quienes realmente hacen los sacrificios para poder extraer el mineral que hoy está dándole a Chile los recursos necesarios para subsistir.
Vamos a estar disponibles para fiscalizar para que las comunas más pobres de Chile puedan tener más recursos de los que hoy se están distribuyendo para ellos. Desde Avancemos Chile trabajaremos fuertemente para que las regiones mineras y del norte tengan lo que merecen respecto a lo que aportan al erario nacional cada año.
Víctor Pino, diputado de Avancemos Chile
