Nos encontramos próximos a recibir la propuesta de reforma de Pensiones que presentará el gobierno del presidente Boric. Sabemos que como país estamos “al debe”, pese a las importantes reformas que se han hecho en esta materia, principalmente a la protección de personas de más bajos ingresos y bajos montos de ahorro previsional, como lo han sido la creación del pilar solidario en 2008 y con la promulgación de la pensión general universal en 2022, sin olvidar la reforma que creó el seguro de cesantía, durante el gobierno del presidente Lagos, que apuntaba básicamente a proteger a las personas en periodos de desempleo.
Hoy el tema de las bajas pensiones en todo el espectro de cotizantes es una realidad que no ha sido abordada de forma efectiva por la clase política del país. Ciertos supuestos no se han cumplido y ante cambios evidentes nuestro sistema no se adaptó a tiempo. Me refiero a que hace 40 años se supuso una tasa de mortalidad que hoy resulta significativamente mayor; la densidad de cotizaciones se basó en el ingreso al mundo laboral a los 25 años, para jubilar 40 años después, en el caso de los hombres a los 65 años y en el de las mujeres a los 60 años, y nos olvidamos que los periodos de desempleo son una realidad, y se proyectó una rentabilidad del sistema de AFP del orden del 4%, ya que así se lograba una tasa de reemplazo de aproximadamente el 70%. Básicamente, lo único que se cumplió fue este último aspecto, pese a que los demás factores estuvieron a la vista.
Hoy existe consenso en que la tasa de cotización obligatoria del 10% es muy insuficiente. Por eso la reforma trae un incremento de esta cotización en un 6 % adicional, de cargo del empleador, que será administrada por el Estado a través de alguna entidad que falta por conocer; recursos que no irán a las cuentas individuales de cada persona y que no serán heredables. Acá surgen múltiples propuestas y será un proceso complejo de resolver desde el aspecto político. Creemos que abordar este tema es indispensable, pues estamos atrasados a lo menos 15 años en el aumento de la cotización obligatoria. Pero para que una reforma de esta envergadura sea duradera es indispensable que cuente con un muy amplio espectro de legitimidad.
Tras un duro juicio ciudadano a las AFP y sobre todo después de los retiros -que sabemos tendrán un impacto negativo adicional en las futuras pensiones- los chilenos se sienten propietarios de sus fondos; es evidente que al menos desean elegir quién los administre, y a una mayoría significativa le gustaría que fuera a su cuenta individual. Pero este aporte del 6% no lo hace el trabajador, sino que su empleador y lo que busca es incorporar un elemento de “solidaridad” a un sistema de capitalización individual.
Personalmente, creo que para no desproteger a la amplia clase media se puede incorporar el concepto de “aporte intergeneracional” de una parte de ese 6 %. Esto generaría cierta paz social e incorporaría el factor “solidaridad” sin costo para el Estado; el saldo restante a las cuentas individuales o donde mejor renten, con libertad de cada trabajador o trabajadora de elegir quién administra mejor sus recursos a un costo razonable. No es esto lo que nos ha estado indicando el gobierno que según lo que se ha sabido hasta hoy: este 6% iría a un fondo común y tendría una especie de acumulación de cuotas. De esto se necesita más información, que debería estar disponible a mediados de noviembre.
Por esto mismo sería muy conveniente que existiera un ejercicio numérico de parte de Hacienda sobre cómo mejorar la pensión de una persona que hoy, tal como lo podemos ver con claridad en el cálculo de la PGU: “Son beneficiarios mayores de 65 años ya pensionados y los que se incorporen; $193.917 para pensiones menores a $660.366 app, que se suma a su actual pensión, y de manera decreciente con un cálculo sencillo para pensiones de más de $660.366 y hasta los $1.048.200 app, que se desea llevar en un futuro a un monto de $250.000 mensuales y que abarque más allá del 90% de la población actual”.
Sin duda una tarea compleja que esperamos sea abordada de manera desideologizada y con el más amplio apoyo político y ciudadano, para conseguir un sistema de pensiones robusto y sustentable en el largo plazo, entendido y legitimado por la ciudadanía, con resultados palpables prontamente.
