Desde hace ya un par de días, estamos asistiendo a un intento por minimizar las violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron durante el estallido social. Aducen, los partidarios del gobierno de Piñera, que mientras no haya condenas, no se puede hablar de vulneración de derechos y que los pocos casos con condena a integrantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros serían excepciones. En consecuencia, dirán, no se puede hablar de violaciones generalizadas a los derechos humanos
Imagínense qué dirían los armenios frente al genocidio del que fueron objeto, a comienzos del siglo XX, y que fue negado por décadas hasta su reconocimiento reciente; o que las fuerzas aliadas contra los nazis, que hicieron ingreso a los campos de concentración hubieran dicho “no nos precipitemos, veamos que dice la justicia para saber si existió una política de exterminio contra los judíos” o respecto de nuestra historia, que los hechos acreditados por el Informe Rettig, o el Informe Valech, no fueron suficientes para afirmar que en Chile se violaron de manera sistemática y como parte de una política de Estado, los derechos de miles de chilenos y chilenas. Y es que en general, en contextos críticos como guerras, dictaduras, o crisis que devienen en revueltas o estallidos, los Estados no tienen la capacidad, o no quieren brindar la evidencia que permita avalar una condena general al comportamiento sostenido. Así, se protegen de lo que puede significarles un llamado de atención internacional o peor aún, de eventuales condenas al Estado o a los agentes que las perpetraron.
Durante el estallido social el Gobierno no entregó un registro único de víctimas que permitiera determinar el número de personas que denunciaron detención ilegal, atentado a la integridad física, a la vida, tortura o abuso sexual. Fueron organizaciones de la sociedad civil: el INDH y misiones de observación internacionales, como la CIDH y el ACNUDH, quienes tuvieron que levantar dicha información a través de testimonios y de la información fragmentada que les entregaron los organismos de gobierno. A pesar de ello, el INDH logró acreditar que 405 personas fueron víctimas de lesiones oculares, 504 víctimas de tortura -cifra dentro de la cual está considerada la violencia sexual- y 2123 víctimas de apremios ilegítimos y 5 homicidios. Sin contar aquellas acciones que resultaron en muerte producto de tortura o de apremios ilegítimos. No se conoce el universo total de víctimas, puesto que aún no existe un registro de las mismas.
Frente a esta evidencia, recopilada en todo Chile, es claro que el Estado tuvo responsabilidad y que cientos de personas se vieron gravemente afectadas en sus derechos. De acuerdo al INDH, órgano público y autónomo, los principales implicados son agentes del Estado, en particular Carabineros de Chile. Nadie podría pensar de buena fe que las víctimas de trauma ocular se lo inventaron, o que aquellas que sufrieron violencia sexual quieren maliciosamente involucrar a Carabineros de Chile en acciones tan atroces. Otra cosa, es determinar individualmente la responsabilidad penal de quienes estuvieron implicados y en ello le cabe un rol a la justicia. Esta, lamentablemente, no ha actuado con la suficiente celeridad ni con la debida diligencia.
Minimizar las violaciones a los derechos humanos va contra el sentido común de todos los chilenos y chilenas, revictimiza a quienes se vieron afectadas, y erosiona las bases de la convivencia común.
