¿Alguien en su buen juicio le pasaría su billetera a un desconocido? me imagino que no, pero eso es lo que hacemos en cada elección, le pasamos a un político el poder para que administre el Estado, que financiamos entre todos, mediante impuestos obligatorios. Literalmente, le pasamos parte de nuestra billetera.
En Chile las personas de menos ingresos fácilmente entregan un tercio de estos al Estado, ya sea mediante el 19% del IVA en cada compra, el 7% que le descuentan de su sueldo para Fonasa o el pago del impuesto adicional a los combustibles, al tabaco, alcohol, contribuciones a bienes raíces, permisos de circulación, etc. Ni hablar de alguien que gane un poco más, que suma el impuesto a la renta, herencia, impuestos verdes y muchos otros pagos obligatorios. Todos estos cobros a la ciudadanía, pagan los sueldos y las asignaciones de todo el aparataje estatal, a cambio de que este Estado devuelva un servicio público, como lo es el orden y la seguridad, la justicia, legislación, defensa, salud, obras públicas, educación, y otros.
Es fácil tener una mirada crítica al gasto público cuando vemos casos de corrupción, asignaciones políticas desmedidas, personal poco calificado para sus cargos y servicios públicos que dejan mucho que desear.
Ahora bien, ¿cómo ha encarado la Convención el tema de la burocracia y el gasto estatal? Pues, mal. Ojo, no me refiero a los $20.000.000.000 que ya costará este proceso, sino que a las propuestas que reflejan una insistencia irracional por aumentar la grasa del Estado con la creación de un sinnúmero de organismos y ya ni hablar de nuevos cargos. Hasta ahora, con nombre y apellido, tenemos al Consejo de Alcaldes, la Asamblea Regional, el Consejo Social Regional, el Consejo de Gobernaciones y la Asamblea Social Comunal.
Esto, sin meternos en todo el aparataje de autoadministración que crearán -a cargo de todos los chilenos- los territorios indígenas y los territorios especiales aún sin definir, cada uno además con su sistema de Justicia propio; o sin contar a las empresas públicas que ahora podrán crear las regiones, o los centros de justicia vecinal o las asociaciones territoriales que podrán constituir todos estos nuevos territorios autónomos.
Con la Convención, Chile se convierte en el paraíso de los operadores políticos y de muchos de estos convencionales, que ahora podrán copar todos los puestos que abrirán estos organismos: miles de asesores, analistas, territoriales, administrativos, periodistas, abogados y un cuánto hay.
La Convención una vez más toma el camino opuesto a las demandas que la originaron, olvidando que el Estado no es un fin en sí mismo y que debe estar al servicio de quienes lo crean y financian, las personas. Se olvidaron de que la gente quiere menos políticos y una atención eficiente y directa. Mientras más crece el Estado, justificándose en que “es por el bien de las personas”, más libertad pierden esas personas, que no ocuparán ninguno de estos nuevos cargos. Por el contrario, ahora tendrán que dedicar más parte de sus impuestos al Estado, que paralelamente los irá inundando en más y más ámbitos de su vida, diciéndoles cómo vivir con menos recursos y tiempo, absorbidos por ese Estado.
¿Es este el Chile que alguien demandó? Basta de tomarnos por tontos, sabemos que los festines estatales los pagamos todos. Hazte Cargo, infórmate, opina y comparte, sólo la opinión pública puede marcar la diferencia.
