Durante la campaña electoral del año pasado para elegir alcaldes fuimos invitados a una reunión por ZOOM por el movimiento ciudadano de la comuna de San Miguel “No más edificios”, la que se realizó el 10 de mayo de 2021 con la intervención activa de todos los candidatos, menos Luis Sanhueza, político miembro de Renovación Nacional (RN) que se repostulaba al cargo de alcalde. Dado que se iba a tratar un asunto relacionado con prácticas indebidas en el otorgamiento a la Fundación sin fines de lucro Ciudad del Niño, de 4 permisos de edificación por un total de 23 torres habitacionales en alturas de entre 14 y 23 pisos, las que él avaló, era lógico que se restara a participar en dicha reunión cibernética con sus contendientes. Quien ganó la elección fue la ingeniera civil, Erika Martínez, del Frente Amplio, conglomerado político que forma parte de “Apruebo Dignidad”.

Los lectores deben saber que los terrenos en donde se otorgaron esos permisos, hace unos 70 años atrás, le fueron donados por el Estado a la aludida fundación sin fines de lucro, predios que, a partir del 25 de noviembre de 2016, con la publicación en el Diario Oficial del Plan Regulador (PRC), consideran alturas máximas de entre 5 y 10 pisos con densidades variables de entre 500 y 800 hab/ha. Debido a que la institucionalidad no ha aprobado un Estudio de Impacto Ambiental para estos invasivos proyectos ilegales las obras de los mismos no se han iniciado.

En el ZOOM con los candidatos al cargo de alcalde quedó en evidencia que las extemporáneas fechas de los anteproyectos y permisos eran improcedentes y por ello, debido a que también se detectaron otras irregularidades en la tramitación de esos actos administrativos, se convino que la nueva autoridad municipal, quienquiera que fuera, con la certeza de que el alcalde en funciones, Luis Sanhueza, no podía ser reelecto, debía iniciar el procedimiento de invalidación de los 4 permisos, ello con el sano objetivo de que se cumpliera el marco regulatorio aplicable.

Recientemente, el 6 de enero de 2022, se publica en el Diario Oficial el inicio del procedimiento de invalidación de los permisos contrarios a derecho números 32, 46, 68 y 69, todos del año 2019, con lo cual la alcaldesa Erika Martínez honró su palabra, aspecto poco habitual en este tipo de funciones dentro de la Administración del Estado, destacando en todo caso la férrea y terminante fiscalización ciudadana liderada por la vecina Tatiana Lizama del Movimiento “No más edificios” y el indispensable apoyo técnico de la competente arquitecta Gloria Flores.

Conclusión

Ahora, los astutos empresarios de la Fundación Ciudad del Niño, los que intentaron pasar gato por liebre para vender en el mercado esos permisos en mayores precios, ello dadas sus encumbradas alturas, tienen 2 caminos a seguir: 1.- solicitar nuevos permisos de edificación respetando ahora la regulación urbanística más restrictiva de la comuna de San Miguel y 2.- interponer en la Corte de Apelaciones un recurso de protección en contra de la invalidación de los 4 permisos, aduciendo que tendría “derechos adquiridos de buena fe”, ardid recurrentemente empleado por quienes han intentado saltarse las reglas. Por otro lado, entendemos que el ex alcalde Sanhueza ya está ejerciendo su profesión de matrón en una clínica privada o en un hospital público de esta saturada megalópolis.

Por lo descrito, está claro que, en la comuna de San Miguel, a partir de la nueva administración municipal, se terminaron las artimañas especulativas para sacar ventajas comerciales con la explotación del recurso suelo urbano. ¿Será posible que se produzca un milagro para que en todas las municipalidades del país exista la probidad acreditada por la alcaldesa Martínez?

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