Opinión
El Estado neoliberal y los nuevos trabajadores p√ļblicos
Publicado por: Tu Voz
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Hace pocas semanas, la mesa del sector p√ļblico finaliz√≥ otra negociaci√≥n por el reajuste de sus remuneraciones. Sin embargo, y pese a la intensidad de las movilizaciones y la aparente drasticidad del Partido Comunista, se impuso la propuesta inicial de Hacienda de 3,2% (0,2% real). Es decir, no hubo negociaci√≥n alguna. Mientras que el Gobierno llamaba a los trabajadores p√ļblicos a deponer su intransigencia, para no perjudicar a la ciudadan√≠a y comprender la situaci√≥n de crisis que atravesaba el pa√≠s, los dirigentes sindicales, en su gran mayor√≠a militantes de la Nueva Mayor√≠a, reclamaban que el gobierno nuevamente traicionaba los intereses de sus trabajadores y amenazaron con no volver a votar nunca m√°s por ellos. Sin embargo, en una mirada de mayor alcance, las causas de la derrota de los sindicatos del sector p√ļblico no se reducen a la falta de di√°logo con el Gobierno o en el fracaso de una negociaci√≥n inexistente, sino que se encuentran en la radical transformaci√≥n que ha experimentado el Estado. Y en la falta de una respuesta pol√≠tica que sea capaz de comprender los alcances de √©sta.

Es que contrario a los ideologismos que reproducen los medios de comunicaci√≥n dominantes, la resoluci√≥n de las demandas del sector p√ļblico no son un problema exclusivo de los trabajadores del Estado. Las condiciones en que realizan su trabajo nos afectan a todos, pues determinan el car√°cter en que se producen los servicios p√ļblicos que nos entregan. Y su fuerza organizada, puede contribuir, si se lo propone, al fortalecimiento de una acci√≥n estatal que garantice derechos pol√≠ticos, sociales y culturales que permitan que los colectivos e individuos recuperen soberan√≠a sobre sus vidas.

En las √ļltimas d√©cadas, sin embargo, la acci√≥n estatal se ha preocupado, cada vez m√°s, en viabilizar los intereses del gran empresariado. En efecto, pese a la desaceleraci√≥n que vive el pa√≠s, las partidas presupuestarias destinadas a subvencionar las ganancias de los empresarios en salud, educaci√≥n o transporte, no se detienen y aumentan a√Īo a a√Īo. A la vez, se expanden los presupuestos para aquellas reparticiones estatales destinadas a ‚Äúcontrolar‚ÄĚ los mercados, fomentar la competencia y evitar las colusiones empresariales, es decir, para aquella burocracia dedicada a resolver las disputas que se producen entre los grandes grupos empresariales nacionales. Para estos objetivos, no hay desaceleraci√≥n que detenga su avance.

La ‚Äúmodernizaci√≥n‚ÄĚ de la administraci√≥n p√ļblica promueve nuevas formas de administraci√≥n gerencial que alientan el reemplazo de los funcionarios de carrera por un nuevo tipo de profesional para la alta direcci√≥n p√ļblica orientado a la rendici√≥n de cuentas y el cumplimiento de metas, con independencia de si esto fortalece o no la calidad del servicio p√ļblico en el que se desempe√Īa. Todo esto acompa√Īado de remuneraciones de ‚Äúgerente p√ļblico‚ÄĚ totalmente alejadas de las realidades presupuestarias de los diferentes servicios.

Estas transformaciones van reorientado la acci√≥n de las burocracias p√ļblicas desde una l√≥gica que estuvo dedicada a promover la prestaci√≥n de derechos sociales de cobertura universal a otra af√≠n a los imperativos de regulaci√≥n de mercados, al crecimiento econ√≥mico y a subvencionar la utilidad de grandes grupos empresariales. Lo que en definitiva, aleja a la nueva conducci√≥n del Estado (la alta direcci√≥n p√ļblica) de los intereses de la ciudadan√≠a que queda reducida a mero consumidor y, adem√°s, naturaliza la idea de que es m√°s eficiente un servicio p√ļblico prestado por actores privados. En suma, el debilitamiento de los servicios p√ļblicos es producido por la propia acci√≥n del Estado.

Esta transformaci√≥n de la acci√≥n estatal, ha implicado tambi√©n procesos de flexibilizaci√≥n y precarizaci√≥n del trabajo, lo que ha configurado una nueva fisonom√≠a del empleo p√ļblico, cuyos alcances a√ļn no somos capaces de comprender del todo. Efectivamente, es cada vez m√°s recurrente que, en las distintas reparticiones p√ļblicas convivan diferentes modalidades de contrataci√≥n de trabajadores, realizando las mismas funciones, pero con radicales diferencias respecto a sus derechos laborales. En paralelo a la cl√°sica imagen de los funcionarios p√ļblicos de planta y contrata, existen modalidades de contrataci√≥n de ‚Äúprestadores de servicios‚ÄĚ, bajo l√≥gicas de relaci√≥n comercial y no laboral con el empleador, a quienes no se les reconocen derechos elementales como trabajadores. Esta realidad afecta a m√°s de 300.000 trabajadores a honorarios en el sector p√ļblico. Pero tambi√©n se observa que, algunos estamentos de trabajadores literalmente comienzan a desaparecer del empleo p√ļblico por la v√≠a de la subcontrataci√≥n de servicios prestados por nuevos grupos empresariales que se benefician con tal expulsi√≥n.

Esta creciente flexibilizaci√≥n y precarizaci√≥n del empleo p√ļblico ha llevado a que las organizaciones de trabajadores y empleados concentren de un modo leg√≠timo, pero insuficiente, sus esfuerzos en defender a los funcionarios de planta o aquellos que a√ļn mantienen un contrato de trabajo. Como contrapartida, ha existido poco inter√©s por organizar y representar a una franja, cada vez mayor, de trabajadores que no ingresan por las v√≠as contractuales tradicionales. Esto ha llevado a que los trabajadores p√ļblicos a honorarios comiencen a organizarse con independencia a las asociaciones de empleados tradicionales.

En suma, el funcionario de planta tradicional comienza a ser reemplazado ‚Äúpor arriba‚ÄĚ por nuevos gerentes que mercantilizan servicios p√ļblicos y viabilizan intereses empresariales, y ‚Äúpor abajo‚ÄĚ por heterog√©neas formas de trabajo flexible (a contrata, a honorarios, C√≥digo del Trabajo o por la v√≠a del subcontrato), agudizando con ello la diferenciaci√≥n interna de los empleados fiscales y debilitando sus asociaciones sindicales. Pero m√°s complejo todav√≠a, se debilita la capacidad del conjunto de los trabajadores p√ļblicos para disputar la orientaci√≥n de la acci√≥n estatal y, con ello, contribuir en la construcci√≥n de derechos que respondan a los anhelos de cambio demandados por la sociedad chilena en los √ļltimos a√Īos.

Mientras ‚Äúfortalecer lo estatal‚ÄĚ se reduzca a afianzar la actual forma de Estado, la fuerza de los trabajadores p√ļblicos seguir√° disminuyendo, as√≠ como tambi√©n las oportunidades de restituir derechos para la ciudadan√≠a. En cambio, si las fuerzas organizadas en el sector p√ļblico utilizan su capacidad ramal de negociaci√≥n, evitando las regulaciones del mundo privado, pueden organizar y representar los intereses del heterog√©neo mundo del empleo p√ļblico, y as√≠ disputar la orientaci√≥n subsidiaria del Estado. De este modo, existir√°n condiciones para que la negociaci√≥n del sector p√ļblico sea una instancia para recuperar derechos de los empleados p√ļblicos, pero tambi√©n para el conjunto de la sociedad chilena.

Giorgio Boccardo
Izquierda Autónoma

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