La Fiscalía Centro Norte informó que cuatro internos de la cárcel Santiago Uno serán formalizados por el delito de torturas contra los imputados por el crimen de una trabajadora en Santiago.

Lo anterior luego que Gendarmería instruyera el traslado inmediato de los ciudadanos ecuatorianos imputados por el apaleo que terminó con la vida de la mujer en el centro de la capital.

En entrevista con Expreso Bío Bío, Rodrigo Bustos, jefe jurídico del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), explicó que la figura de tortura “es algo discutible, porque si bien se le aplican golpes de puño, pie, insultos, electricidad, la tortura como tipo penal en la legislación chilena y en los tratados internacionales, la practican funcionarios públicos o bien pueden ser particulares como es este caso”.

Además, agregó que “aquí habría que probar que los gendarmes estuvieron de alguna manera tolerando esta conducta (…) Haber aceptado, tolerado, tener conocimiento de que se estaba practicando y no haber realizado nada para impedirlo“.

Bustos manifestó que toda la sociedad chilena debería rechazar lo ocurrido con la mujer.

“Ella fue asesinada, se le robó el celular y $5 mil, entonces las imágenes realmente son muy brutales y ese hecho tiene que ser investigado y sancionado, y para eso la legislación chilena tiene penas que pueden ser muy altas, porque es un caso que puede ser un presidio perpetuo calificado“, aseguró.

A pesar de lo descrito, Bustos aclaró que “esa es una cosa, y otra cosa es que una persona que está en una cárcel de Chile y en custodia del Estado se le apliquen tratos vejatorios, y que el Estado de Chile, en este caso a través de Gendarmería no adopte medidas para prevenir ese trato, eso tampoco es algo que sea aceptable en una sociedad democrática“.

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