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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

En prisión preventiva quedó un hombre formalizado por amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y tenencia ilegal de elementos sujetos a la Ley de Control de Armas, en Punta Arenas. Según la Fiscalía, amenazó a sus padres, ambos adultos mayores, con quemar la casa y dispararles con ballestas. Carabineros halló en su dormitorio cuatro granadas de humo y ruido, tres ballestas y armas blancas. El tribunal fijó 60 días para investigar.

En prisión preventiva quedó un hombre identificado con las iniciales M.Á.B.V., quien fue formalizado ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por los delitos de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) y tenencia ilegal de elementos sujetos a la Ley de Control de Armas.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el procedimiento se originó tras reiteradas discusiones al interior de un domicilio ubicado en Villa Los Españoles, donde el imputado convivía con sus padres, ambos adultos mayores.

En ese contexto, el sujeto habría amenazado directamente a sus progenitores con quemar la vivienda y dispararles con ballestas si denunciaban los hechos ante la policía.

Tras recibir la denuncia de familiares, personal de Carabineros concurrió al inmueble y detuvo al hombre en flagrancia.

Posteriormente, al registrar su dormitorio, los funcionarios encontraron diversos elementos, entre ellos cuatro granadas tácticas de humo y ruido, tres ballestas de distintos modelos, katanas, dagas y cuchillos de caza con hojas de hasta 19 centímetros.

El abogado asistente de la Fiscalía Local, José Cubillos, explicó que la solicitud de prisión preventiva se sustentó en el peligro que representaría el imputado para la seguridad de la sociedad, además de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

Por su parte, la defensa sostuvo que las armas encontradas eran de carácter decorativo y recreativo. Sin embargo, la magistrada acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó el ingreso del imputado a la cárcel de Punta Arenas.

Finalmente, el tribunal fijó en 60 días el plazo para el desarrollo de la investigación.