El director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, afirmó ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara que la institución ha detectado casos de funcionarios investigados por delitos graves y que su respuesta será de “tolerancia cero”.
“Estamos dolidos”, señaló al inicio de su intervención, según afirmaron los presentes. “Hemos detectado y enfrentado con determinación, a través de nuestras propias investigaciones internas, que personas que juraron servir al país, están siendo investigados por delitos graves, traicionando la doctrina institucional y quebrantando el mandato legal que prometimos defender”.
El jefe policial sostuvo que quienes delinquen “no representan a la PDI” y que sobre ellos debe recaer “todo el rigor de la ley”. También remarcó que la imagen de la institución no puede quedar definida por “unos pocos que se corrompieron”, sino por los más de 13 mil funcionarios que, según afirmó, cumplen labores de seguridad y justicia en el país.
Durante su presentación, el director detalló las medidas adoptadas para reforzar los controles internos. Entre ellas, mencionó la creación de Brigadas Investigadoras de Lavado de Activos en todo el país, la aprobación de un Modelo de Control Interno para la Prevención y Control de Conductas Indebidas y la instalación de una Jefatura Nacional de Control Normativo y Administrativo, junto con un Departamento de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento.
A ello sumó un nuevo Código de Integridad Policial, instrucciones para mejorar el cumplimiento de la Ley del Lobby, la elaboración de informes financieros dirigidos a Contraloría y el reforzamiento de las declaraciones de intereses y patrimonio de los funcionarios obligados a presentarlas.
También informó que se estableció un mecanismo de selección aleatoria de unidades para someterlas a pruebas de detección de consumo de drogas, además de un procedimiento para recibir denuncias por maltrato, acoso laboral y acoso sexual.
En ese marco, afirmó que la PDI se convirtió en “la primera institución policial de América” en implementar un sistema de compliance policial, pese a que —según dijo— no existe una obligación legal específica para hacerlo.
El director entregó además una cifra: entre 2024 y lo que va de 2026, cursó el retiro de 116 funcionarios de distintos escalafones por razones disciplinarias o falta de confianza. “El que traicionó nuestro juramento a la Patria no merece portar nuestra placa de servicio”, sostuvo.
Respecto de las denuncias internas, expuso que la institución cuenta con protocolos de recepción, tramitación e investigación, además de mecanismos confidenciales y anónimos para proteger a quienes denuncien eventuales actos de corrupción, faltas a la probidad u otras irregularidades.
Indicó que, mediante una circular de diciembre de 2024, se instruyó al personal sobre el Estatuto de Protección del Denunciante y su reglamento. Añadió que la PDI implementó el Portal de Denuncias Virtual PDI OIRS y un procedimiento para gestionar reclamos ciudadanos.
Según los registros de esa plataforma, en 2024 se recibieron 59 reclamos por hechos relativos a la probidad y tres por corrupción. En 2025, fueron 133 reclamos por probidad y dos por corrupción. En lo que va de 2026, se contabilizan 155 reclamos relativos a probidad y tres vinculados a corrupción.
La autoridad afirmó que los casos clasificados como corrupción representan una proporción “ínfima” del total de reclamos ingresados, condición que —según expuso— se ha mantenido durante los tres años informados.
La estructura de control, explicó, incluye un Departamento de Auditoría Interna dependiente de la Dirección General, una Inspectoría General y su Jefatura Nacional de Control Operativo. Esta última debe prevenir, detectar y controlar conductas que puedan afectar la probidad administrativa, constituir actos de corrupción o configurar delitos funcionarios.
También mencionó el trabajo de la Brigada Investigadora Anticorrupción, las brigadas de lavado de activos, las unidades de delitos económicos y Asuntos Internos.
En materia de formación, señaló que los planteles educacionales de la PDI mantienen contenidos permanentes sobre probidad y transparencia. Destacó el programa “Ethos”, destinado a que el personal incorpore los valores del Código de Integridad, y cursos sobre acoso laboral y sexual, ética y deontología policial, seguridad de la información, levantamiento de procesos y cumplimiento policial.
Sobre el ingreso a la institución, explicó que la selección considera una dimensión ética y valórica, evaluaciones psicológicas, antecedentes personales, familiares, sociales y económicos, además de una entrevista policial. Según indicó, la revisión busca medir honestidad, responsabilidad, respeto por las normas, coherencia entre discurso y conducta, capacidad de reconocer errores y razonamiento frente a dilemas éticos.
Finalmente, el director planteó a la comisión estudiar una ley de integridad y control patrimonial del personal policial. La propuesta busca fortalecer la prevención y detección de corrupción, infiltración del crimen organizado, enriquecimiento injustificado, lavado de activos, cohecho, sustracción o comercialización de evidencias, filtración de información reservada, conflictos de interés y vulnerabilidades financieras.
En concreto, propuso modificar la Ley N°20.880 para extender la obligación de declarar intereses y patrimonio a todo el personal policial que ejerza funciones operativas, investigativas, de inteligencia, fiscalización, contratación o custodia de evidencias.
El sistema podría exigir declaraciones al ingreso, anualmente, al asumir o dejar funciones críticas, al ascender, al término de la carrera y ante alertas patrimoniales fundadas. Además, sugirió incluir un anexo reservado con información financiera detallada y habilitar verificaciones electrónicas mediante cruces con la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, los conservadores de bienes raíces, el Registro Civil y la Tesorería.
“Seremos implacables con quienes se aparten de la ley, traicionen nuestra doctrina, defrauden la fe pública o vulneren a la ciudadanía que debemos proteger”, cerró.
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