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Cada vez que se discute el financiamiento municipal en Chile queda en evidencia una realidad que arrastramos desde hace décadas: la profunda desigualdad en la distribución de los recursos entre las comunas. Esta asimetría presupuestaria impide que los municipios enfrentemos en igualdad de condiciones las mismas demandas y necesidades de nuestros vecinos y vecinas.
Mientras algunas comunas cuentan con una sólida base tributaria y altos ingresos propios, la gran mayoría dependemos del Fondo Común Municipal para financiar servicios esenciales y cumplir adecuadamente con nuestras responsabilidades hacia la comunidad.
El debate sobre la compensación a los municipios tras la exención de contribuciones para las personas mayores de 65 años no puede reducirse a una discusión técnica, ya que es una definición política sobre el país que queremos construir. Nadie discute el mérito de aliviar la carga económica de miles de personas mayores, el problema es cómo el Estado decide compensar esa menor recaudación.
La propuesta del gobierno de Kast contempla dos mecanismos. El primero asegura la reposición de los recursos que dejará de recibir el Fondo Común Municipal, lo que constituye una medida razonable y necesaria. Sin embargo, el segundo componente destina recursos directamente a las comunas que dejan de percibir ingresos propios por contribuciones, beneficiando directamente a las comunas del sector oriente con recursos de todos los chilenos y chillenas.
Es precisamente este segundo mecanismo el más preocupante, pues el diseño propuesto termina concentrando una parte importante de los recursos fiscales en aquellas municipalidades que ya cuentan con una capacidad financiera muy superior al promedio nacional. En concreto, el gobierno lo que está planteando es que una comuna como Las Condes sea compensada en 13.062 millones, mientras que Recoleta sólo podrá optar a 248 millones.
En este sentido, si el Estado va a realizar un esfuerzo fiscal extraordinario, ¿no sería más justo que esos recursos fortalecieran el Fondo Común Municipal, beneficiando a todas las comunas usando criterios de equidad y solidaridad territorial?
El Fondo Común Municipal ha sido históricamente uno de los instrumentos más importantes para corregir las profundas desigualdades existentes entre municipios. Gracias a este mecanismo, comunas que enfrentan mayores necesidades sociales pueden financiar programas de salud, educación, seguridad, aseo, espacios públicos y atención social que, de otra manera, serían imposibles de sostener. Debilitar esa lógica redistributiva o reemplazarla por transferencias focalizadas hacia los municipios con mayor patrimonio va en la dirección contraria.
Quienes administramos comunas con alta demanda social sabemos que cada peso adicional tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Significa más inversión en barrios, mejores servicios municipales, más prevención en seguridad, más apoyo a las familias y mayor capacidad para responder a las necesidades cotidianas.
Por eso, la propuesta de destinar íntegramente esos recursos al Fondo Común Municipal merece ser considerada con seriedad. No se trata de enfrentar a unas comunas con otras ni de instalar una falsa disputa entre municipios. Se trata de fortalecer un sistema que ha permitido mantener un mínimo de equilibrio entre comunas profundamente desiguales.
También es necesario avanzar en una discusión de fondo sobre el financiamiento municipal. Chile requiere una reforma estructural que entregue mayores atribuciones, recursos permanentes y reglas más justas para todos los gobiernos locales, pues actualmente dependemos de soluciones parciales cada vez que se modifica un impuesto o se introduce una exención tributaria.
Las municipalidades somos el Estado real y el más cercano a las personas y somos quienes respondemos cuando falta iluminación, cuando un consultorio necesita apoyo, cuando una plaza requiere mantención o cuando una familia enfrenta una emergencia. Lo vimos en las recientes lluvias, donde las principales comunas afectadas no son necesariamente las que mayores ingresos perciben, pues allí las posibilidades de mayor infraestructura y capacidad de respuesta ante emergencias está directamente relacionada con su mayor acceso a recursos.
Si el Estado va a compensar a los municipios, hagámoslo con criterios de justicia territorial y fortaleciendo el Fondo Común Municipal desde donde se beneficia directamente a millones de chilenas y chilenos que esperan que el lugar donde nacieron no determine las oportunidades que tendrán para vivir en condiciones de mayor dignidad.
