De la indignación a la acción

A propósito de los dichos del exasesor parlamentario, en los que se burlaba de niños con trastorno del espectro autista y hacía referencia a hechos que, en caso alguno, pueden ser objeto de humor, nuestro país reaccionó con una fuerza pocas veces vista. Las redes sociales estallaron, los medios de comunicación instalaron el tema durante días y la condena pública fue prácticamente unánime.

Esta fuerte reacción y condena social es correcta, ya que toda persona debe hacerse responsable de sus palabras cuando estas lesionan la dignidad de otros. En este sentido, es claro que la libertad de expresión jamás ha sido sinónimo de impunidad moral. Quien hiere deliberadamente a víctimas o ridiculiza el sufrimiento de niños merece el reproche social que corresponde.

Sin embargo, mientras observaba esta reacción, no pude evitar preguntarme: ¿por qué esa misma fuerza no ha aparecido cuando hemos conocido delitos que son infinitamente más graves?

Durante años hemos conocido investigaciones periodísticas, informes oficiales, comisiones investigadoras y procesos judiciales relacionados con graves vulneraciones de los derechos de los niños bajo protección del Estado. Casos de abuso, explotación sexual, violencia y abandono han salido a la luz en distintos períodos, tanto durante el funcionamiento del antiguo Sename como en instituciones que posteriormente asumieron esa responsabilidad.

Es en este sentido que podemos decir que estos antecedentes describen conductas que no constituyen simplemente actos inmorales o expresiones ofensivas, sino crímenes sancionados por nuestro Código Penal.

Por esta razón, considero que mi pregunta toma fuerza, ya que rara vez hemos visto movilizaciones sociales de la magnitud que generaron los dichos de este exasesor. Sin duda, no existe justificación para aquellas expresiones. Pero al observar cómo la indignación aparece y desaparece rápidamente, no puedo dejar de preguntar: ¿hasta cuándo seguiremos permitiendo que el ciclo informativo cambie, que la noticia sea reemplazada por la siguiente y que nuestro país continúe sin adoptar acciones firmes y rápidas que protejan efectivamente a nuestros niños institucionalizados?

Debo ser claro: no se trata de minimizar el daño que pueden producir las palabras. Pero cuando reaccionamos con mayor fuerza frente a una ofensa verbal que frente a hechos que podrían constituir crímenes y afectar para siempre la vida de un niño, quizás ha llegado el momento de preguntarnos si no hemos equivocado el camino de la fuerza de nuestra indignación.

Existe un concepto ampliamente conocido en la historia. Me refiero a los juicios de Salem. Un episodio en el que la condena social terminó adquiriendo una fuerza tal que demostró que actuar colectivamente de manera instintiva, sin reflexión, traía como consecuencia la imposición de sanciones que, con el tiempo, escapaban de todo acto racional.

Entonces, salvando las proporciones, creo que es inevitable cuestionarnos, si en nuestra época no corremos riesgo de caer en algo similar, al volvernos jueces sin prepararnos para juzgar en imparcialidad. Es decir, convertir la indignación pública en un fenómeno inmediato, intenso y masivo, mientras las tragedias estructurales continúan desarrollándose frente a los ojos de nuestras autoridades.

Creo, que, quizás el verdadero aprendizaje de este episodio no sea únicamente que las palabras deben tener consecuencias cuando causan daño o dolor a terceros. Si lo pensamos, hoy la libertad de expresión ya tiene un marco legal para sancionar cuando estas causan aquello.

Entonces, les pregunto: ¿será la lección más importante comprender que, si somos capaces de reaccionar con semejante energía frente a expresiones ofensivas, también deberíamos ser capaces de exigir con la misma fuerza que el Estado, que nuestras autoridades, persigan sin descanso a quienes abusan, explotan o destruyen la infancia?

Una palabra, sin duda, puede causar un profundo dolor. Pero los delitos contra nuestros niños pueden destruirles la vida para siempre. Y, si existe una causa capaz de unir a un país completo, esa debiera ser, sin excepción alguna, la protección de todos nuestros niños.