Los recientes eventos climáticos que han golpeado tan duramente a varias regiones de nuestro país, sumado a los devastadores incendios del verano pasado y a las catástrofes que hoy se multiplican en distintos continentes confirman una realidad ineludible: Chile está viviendo una nueva era climática y las regiones con escasas herramientas para defenderse y con una administración centralista no permite a sus autoridades implementar las medidas necesarias para defender a su gente.
Los fenómenos extremos ya no son excepcionales y los científicos advierten que serán cada vez más frecuentes, más intensos y con más costos en vidas, infraestructura y desarrollo.
Aunque Chile no es un país que históricamente haya aportado a esta ebullición climática Global, sí es un país altamente expuesto a sus consecuencias. El clima no reconoce fronteras y las consecuencias las pagan nuestras regiones, nuestra ciudades, nuestros campos y nuestras comunidades.
Por ello, afirmo con claridad que la adaptación al cambio climático y la transición ecológica justa deben convertirse en una política de Estado permanente. No basta con reaccionar después de cada emergencia, es indispensable anticiparse.
La reconstrucción de las zonas afectadas, la planificación urbana y territorial, las inversiones públicas y privadas y el desarrollo de infraestructura crítica deben incorporar criterios obligatorios de resiliencia climática, junto con metas e indicadores medibles que permitan proteger la vida de las personas, garantizar la seguridad alimentaria, asegurar el acceso permanente a los servicios básicos, resguardar la biodiversidad y fortalecer la capacidad de respuesta de nuestras comunidades.
Ignorar esta realidad, postergar las decisiones o seguir planificando el país con criterios del siglo pasado constituye una negligencia inaceptable. Quienes hoy tienen responsabilidades en el gobierno y quienes aspiran ejercerlas mañana no pueden actuar como si la crisis climática fuera un asunto secundario o una discusión ideológica.
La ciencia ya habló, la evidencia está a la vista, lo sentimos en cada inundación, en cada incendio forestal, en cada sequedad prolongada, en cada pérdida de biodiversidad y en cada familia que debe pagar las consecuencias de estos fenómenos. Negar esta realidad o minimizarla demuestra una ceguera, una falta de visión incompatible con la responsabilidad de administrar un país que enfrenta desafíos completamente nuevos.
No hay espacio para el negacionismo climático, no hay espacio para cálculos políticos de corto plazo cuando están en juego la vida de las personas y el futuro de nuestros territorios. Esta debe ser una causa nacional capaz de unir a Chile por sobre las diferencias.
Hago un llamado a todas las fuerzas políticas, al mundo académico, a los gobiernos regionales, los municipios, el sector privado y a la sociedad civil a construir un gran acuerdo nacional por la resiliencia climática y la protección de la vida.
El desafío es proteger a las personas, fortalecer nuestras comunidades, cuidar los ecosistemas que sostienen nuestro desarrollo y garantizar un futuro con mayor seguridad, bienestar, justicia territorial y dignidad, para quienes habitan las 16 regiones de Chile.
Por todo lo anterior, creo que la crisis climática debe estar presente en el más alto nivel de las decisiones del Estado. Por ello, solicitamos que la Ministra del Medio Ambiente forme parte del Comité Político de La Moneda, incorporando la variable climática y territorial como un eje permanente en la conducción del Gobierno.
Porque la verdadera responsabilidad política consiste en prepararnos para el país que viene, no vale el país que ya dejó de existir.
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