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Durante décadas, la discusión política en Chile y América Latina ha estado atrapada en una fascinación casi exclusiva por las reglas del juego democrático. Nos apasiona debatir sobre sistemas electorales, fragmentación parlamentaria, quórums, acuerdos de coalición y dinámicas de representación. Sin embargo, mientras la élite política consume su energía en la arquitectura procedimental, en la vida cotidiana de millones de ciudadanos se incuba un fenómeno silencioso y mucho más peligroso para la estabilidad del país, lo que denomino la consolidación del Estado Ausente.
La democracia procedimental ha cumplido sus promesas de origen. En la mayoría de nuestros países votamos con regularidad, hay alternancia en el poder y se respetan formalmente los marcos constitucionales. Pero las elecciones no pavimentan calles, no cuidan barrios ni reducen las listas de espera en los hospitales.
Existe una fisura cada vez más profunda entre la legitimidad con la que un gobierno asume el poder y su capacidad real para resolver los problemas que la gente está priorizando. Cuando esa brecha se vuelve estructural, la ciudadanía no culpa al gobernante de turno, empieza a dudar de la utilidad misma de la democracia.
El Estado Ausente no debe entenderse como un colapso total o la idea abstracta de un “Estado fallido”. Se manifiesta, más bien, de dos maneras muy concretas.
Por un lado, está la variante territorial, aquella donde el Estado pierde de facto el monopolio de la fuerza y el imperio de la ley en rincones específicos de la geografía. No hablamos solo de zonas rurales aisladas, hablamos de barrios periféricos y espacios urbanos donde la policía no patrulla, los fiscales no entran y la justicia no llega.
En esos espacios no hay vacío de poder, es rápidamente ocupado por gobernanzas (organizaciones) criminales, narcotráfico o bandas que imponen sus propias reglas. Allí, el ciudadano vota en octubre, pero el resto del año vive bajo el arbitrio del poder fáctico local.
Por otro lado, existe la variante sectorial, quizás la más invisible y extendida. Ocurre cuando el Estado está físicamente presente con ministerios, burocracia y cobro de impuestos, pero se encuentra “ausente” en su capacidad de respuesta. Se refleja en la incapacidad de frenar la crisis de seguridad pública, en la impotencia ante el desborde migratorio o en la degradación de los servicios básicos de salud y educación.
Es la atrofia del poder infraestructural del Estado, una maquinaria que recauda y regula, pero que carece de la musculatura para proteger e integrar.
Frente a este diagnóstico, la respuesta de la política suele pendular entre dos extremos igualmente estériles. Por un lado, un bienintencionado garantismo que se limita a redactar catálogos de derechos en el papel sin preguntarse jamás cómo se van a financiar o ejecutar. Por el otro, el atajo populista de la “mano dura”, que promete orden a costa de desmantelar los contrapesos republicanos y las garantías individuales.
Superar la trampa del Estado Ausente exige construir una Capacidad Democrática del Estado. Esto significa entender que la eficacia administrativa y el Estado de Derecho no son valores antagónicos, sino complementarios.
Necesitamos un Estado con la fuerza material y la inteligencia técnica para recuperar el control del territorio y garantizar bienes públicos universales, pero cuya autoridad se ejerza estrictamente bajo la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a las instituciones. Un Estado fuerte no es un Estado autoritario, es un Estado que cumple su contrato social básico.
Si las democracias latinoamericanas quieren blindarse contra la desafección y el autoritarismo, deben dejar de mirar solo la mesa de votación y empezar a mirar la calle. Recuperar la presencia del Estado allí donde se ha retirado no es un mero desafío técnico de gestión pública, es la tarea política decisiva para devolverle a la ciudadanía la certeza de que la democracia aún puede protegerlos.
