Cuando el humo intenta reemplazar a las viviendas

No hay nada más peligroso que un gobierno que pretende gobernar con anuncios en lugar de resultados. Porque el humo puede llenar una sala de conferencias, pero jamás llenará el vacío de una familia que sigue esperando su casa.

El ministro Iván Poduje y el Seremi del Biobío llegaron a vender un nuevo plan habitacional como si estuvieran comenzando una revolución. Pero las cifras obligan a hacerse una pregunta: ¿qué parte de esas 30.474 viviendas corresponde realmente a nuevos proyectos y qué parte son obras que ya dejó iniciadas el Plan de Emergencia Habitacional?

Aquí hay un hecho que no puede omitirse. El Plan de Emergencia Habitacional no es un simple programa administrativo que un ministro pueda borrar con una conferencia de prensa. Su existencia y sus herramientas fueron establecidas por la Ley N.º 21.450, sobre Integración Social en la Planificación Urbana, Gestión de Suelo y Plan de Emergencia Habitacional, aprobada por el Congreso Nacional. Esa ley entregó facultades extraordinarias para acelerar la gestión de suelo, la construcción de viviendas y la integración urbana. Mientras esa ley permanezca vigente, sus instrumentos siguen siendo parte del ordenamiento jurídico chileno.

Por eso, si el Gobierno realmente pretende reemplazar el Plan de Emergencia Habitacional y no solo cambiarle el nombre, debe explicar qué disposiciones legales modificará. No basta un anuncio ni una nueva estrategia comunicacional. Para sustituir las herramientas creadas por la Ley N.º 21.450 se requiere la intervención del Congreso mediante una nueva ley o una reforma a la vigente. De hecho, el propio Parlamento prorrogó el régimen excepcional contenido en esa normativa hasta diciembre de 2029, reafirmando que se trata de una política de Estado y no de un programa sujeto únicamente a la voluntad del gobierno de turno.

Por otro lado, si en el Biobío existen cerca de 17 mil viviendas ya en construcción, entonces más de la mitad de la meta anunciada no nace de este gobierno. Es el fruto del trabajo realizado anteriormente. Cambiar el nombre de un plan no construye una sola vivienda más. Pintar de otro color una obra no la convierte en una obra nueva.

Y mientras intentan instalar un relato de grandes transformaciones, el propio ministro acumula incumplimientos sobre compromisos que él mismo asumió. No logró cumplir las metas que se autoimpuso para la reconstrucción de El Olivar, en la Región de Valparaíso, ni ha cumplido con los compromisos asumidos respecto de las viviendas de emergencia para las familias de Penco y Lirquén. Ahora suma un nuevo reconocimiento: admite que tampoco podrá cumplir los plazos de reconstrucción que él mismo fijó para Lirquén. Si un ministro reconoce reiteradamente que no puede cumplir los objetivos que él mismo anunció, resulta legítimo preguntarse con qué credibilidad pretende pedirle al país que confíe en una nueva promesa habitacional.

Durante los últimos cuatro años, el exministro Carlos Montes y la entonces seremi Claudia Toledo nos acostumbraron a una forma de gobernar basada en los hechos: cumplir la palabra empeñada, superar las metas de construcción de viviendas, sacar adelante puentes, barrios y proyectos que mejoraron la calidad de vida de miles de familias. Hoy, en cambio, pareciera que algunos creen que una buena estrategia comunicacional puede reemplazar a una buena gestión. Pero la realidad siempre termina imponiéndose. Como escribí en una columna anterior: no importa el color del gato; lo importante es que cace ratones. Y hasta ahora, las autoridades actuales no han cazado ninguno.

El Seremi de Vivienda no está para aplaudir al ministro. Está para defender a la región. Está para exigir recursos, acelerar proyectos y decir la verdad cuando los compromisos no se cumplen. Su lealtad debe ser con las familias del Biobío, no con la estrategia comunicacional de Santiago.

Las viviendas no se construyen con discursos. Se construyen con gestión, recursos y capacidad de ejecución. Por eso, antes de celebrar nuevas metas, el Gobierno debe responder una pregunta muy sencilla: ¿cuántas de las 30.474 viviendas anunciadas son efectivamente nuevas y cuántas corresponden a proyectos heredados del Plan de Emergencia Habitacional?

Porque el Biobío no necesita propaganda. Necesita verdad. La vivienda es una política de Estado, no una campaña de marketing. Y la historia siempre termina distinguiendo entre quienes construyeron hogares y quienes solo construyeron relatos.