En Vivienda, el Biobío no necesita un pasapapeles: necesita una autoridad que gobierne

Una autoridad pública no está para cortar cintas, acompañar ministros o posar para la fotografía oficial. Está para liderar, gestionar, resolver problemas y defender los intereses de la región que representa. Cuando deja de hacer eso, simplemente deja de cumplir la función para la cual fue nombrada.

Eso es precisamente lo que está ocurriendo con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Biobío.

Resulta incomprensible que una región que hasta hace pocos meses era reconocida entre las mejores del país en ejecución habitacional, superando el 137,8% de la meta del Plan de Emergencia Habitacional, haya pasado a un estado de evidente inmovilismo. No estamos hablando de una percepción política, sino de hechos concretos que cualquier vecino puede constatar.

El proyecto del Puente Esmeralda en Concepción terminó abandonado. El Puente Perales en Talcahuano quedó detenido. Los nuevos proyectos habitacionales no aparecen y las familias siguen esperando soluciones mientras la burocracia reemplaza a la gestión.

Gobernar exige tomar decisiones, anticiparse a los problemas y golpear puertas cuando las cosas no avanzan. Un seremi debe representar al Estado en la región, no limitarse a transmitir instrucciones desde Santiago. Cuando una autoridad pierde la capacidad de impulsar iniciativas propias y solo espera la visita del ministro para mostrarse activa, deja de ser un actor relevante y se transforma en un simple intermediario administrativo.

El Biobío enfrenta un déficit habitacional enorme. A ello se suma la necesidad de ejecutar obras urbanas que mejoren la conectividad y la calidad de vida. Cada proyecto detenido significa empleo que no se genera, inversión que no llega y oportunidades que la región pierde.

Lo más preocupante es que el Gobierno parece resignarse a administrar la inercia. No existe una cartera robusta de nuevos proyectos, no se observa capacidad para destrabar iniciativas complejas ni una defensa decidida de los recursos regionales. Mientras otras regiones avanzan, el Biobío retrocede.

La política pública no se mide por la cantidad de actividades protocolares ni por las publicaciones en redes sociales. Se mide por viviendas entregadas, barrios recuperados, puentes construidos y familias que mejoran su calidad de vida. En todos esos indicadores, la gestión regional ha ido perdiendo fuerza.

Si la autoridad regional no tiene la capacidad, la voluntad o el peso político para sacar adelante los proyectos del Biobío, la región no puede seguir pagando el costo de una gestión ausente. Si las decisiones y los avances terminarán dependiendo exclusivamente del ministro y de los equipos en Santiago, resulta innecesario mantener una autoridad regional que no agrega valor ni ejerce liderazgo. Seremi, el Biobío le pide que impulse obras, destrabe inversiones y defienda a la región.