Esta semana el Instituto Nacional volvió a tener incidentes. Barricadas, bombas molotov, overoles blancos destruyendo lo poco que queda en pie. Y mientras los alumnos de verdad corrían para ponerse a salvo, otros celebraban el triunfo del Tribunal Constitucional que rechazó cuatro artículos de la Ley de Escuelas Protegidas.
Y más allá de que, obviamente, no compartimos el fondo del fallo, desde la UDI vamos a insistir con una reforma constitucional para que la gratuidad sea un premio al esfuerzo, no un premio a la violencia. Vamos a insistir en la gratuidad como un derecho social para los que de verdad quieren estudiar y que la pierdan quienes vayan a delinquir.
Parece de sentido común. Pero para la izquierda no. Para ellos es más importante defender el “derecho” de un encapuchado a seguir estudiando gratis después de quemar una sala, que el derecho de miles de niños a ir a clases tranquilos.
Y ahora vienen con el discurso de que “defienden la educación pública”. Mentira. Llevan años destruyéndola. Los mismos que hoy se rasgan vestiduras son los que justifican las tomas, los que relativizan las bombas molotov, los que le llaman “expresión social” a la violencia.
Lo de esta semana, en el Instituto Nacional, no es un hecho aislado. Es la consecuencia directa de darles “manga ancha” a los overoles blancos. Es el resultado de años de impunidad avalada desde el Congreso por quienes hoy están en el gobierno y en la oposición.
Y esa decisión tiene nombre y apellido: es ponerse del lado del que destruye, en vez de ponerse del lado del que estudia.
La pregunta es simple y se la hago a la oposición: ¿De qué lado están? ¿Del lado de los profesores que quieren enseñar, de los padres que quieren paz, de los alumnos que quieren aprender? ¿O del lado de los violentistas que cada lunes nos recuerdan que para ellos el colegio es un campo de batalla?
Lamentablemente, la izquierda ha demostrado en el transcurso de los años que está dispuesta a avalar cualquier hecho de delincuencia con tal de mantener la gratuidad cueste lo que cueste.
La pregunta que hay que hacerse de fondo es: ¿en Chile estamos dispuestos a entregar derechos sociales incluso a quienes están disponibles a lanzar bombas molotov, a rociar de bencina a los directores de escuela y a quemar disfrazados de overoles blancos establecimientos educacionales?
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