Rebajas al TAG: por qué el "alivio" puede salir caro

Rebajar las tarifas del TAG en las autopistas urbanas de Santiago parecería, a primera vista, una ayuda concreta para los hogares golpeados por el alza del costo de la vida. Pero al mirar con detención la medida, creemos que puede transformarse en un problema para una política pública de transporte: menor bienestar para las personas, desincentivo para el uso del transporte público, más congestión y contaminación, además de un alto costo fiscal.

Las autopistas no funcionan aisladas. Son parte de un sistema donde conviven la red vial en su conjunto, los buses y el Metro. Las tarifas que se cobran en las autopistas concesionadas no solo tienen por objeto recaudar: también administran la demanda, cobran por el uso de una infraestructura escasa en horas punta y transfieren las externalidades del uso del automóvil a quienes las generan.

Si se aplica una rebaja generalizada y se eliminaran las tarifas de saturación, viajar en auto sería más barato. Muchos usuarios que hoy usan transporte público -o circulan en transporte privado por calles alternativas a las autopistas-, se trasladarían a estas. Por lo tanto, el resultado sería opuesto al prometido: viajes lentos, mayores emisiones y altos costos para los usuarios. Debe agregarse a esto el encarecimiento de los servicios de las aplicaciones de transporte, cuyas tarifas suben cuando aumentan los tiempos de viaje.

Además, esta rebaja no sería gratis. Los contratos de concesión descansan en equilibrios financieros de largo plazo. Una caída importante de ingresos por parte de las concesionarias obligaría al Estado a compensarlas con recursos fiscales. En la práctica, todos los contribuyentes —incluidos quienes caminan, usan bicicleta, bus o Metro— terminarían subsidiando a los automovilistas que -en promedio-, son parte de las familias de mayores ingresos. Sería una transferencia regresiva y restaría fondos para nuevas obras o mejoras del sistema.

Una señal de este tipo también tendría otros riegos. El problema central hoy en las autopistas no es solo el nivel de la tarifa, sino la evasión y morosidad acumuladas, que ya representan una deuda enorme. En un contexto de automóviles sin patente, permisos impagos y baja fiscalización, una rebaja transversal puede reforzar la idea de que pagar es opcional y de esa forma, se debilita aún más la cultura del cumplimiento.

Por eso, tomar una medida como la que se está estudiando requiere de un análisis acabado del impacto que esta podría traer al sistema de transporte en Santiago. Al respecto, debiera partirse por llevar a cabo una buena Encuesta Origen-Destino actualizada, cuya última versión data de 2012.

Así, pensamos que si se quiere aliviar a los usuarios, cualquier beneficio debiera focalizarse en quienes pagan al día y no convertirse en un subsidio indiscriminado al uso del automóvil. Si hay recursos disponibles, deberían destinarse a aumentar la capacidad de las rutas, mejorar el transporte público y fortalecer la fiscalización. Rebajar el TAG puede sonar popular, pero podría dejarnos pagando más y con costos aún mayores.