La seguridad pública exige seriedad. Mucha seriedad. Porque cuando las familias viven con miedo, cuando niños mueren víctimas de la delincuencia y cuando el crimen organizado desafía la autoridad del Estado, las palabras de quienes gobiernan pesan más que nunca.

Por eso sorprende escuchar al presidente José Antonio Kast calificar como “populista” la idea de sacar militares a la calle para enfrentar la crisis de seguridad. No porque el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas no deba darse con responsabilidad —debe darse—, sino porque fue el propio Presidente quien hizo de esa propuesta una de las banderas más visibles de su campaña.

Hace apenas un año, durante la presentación del llamado Plan Implacable, se anunció una Fuerza de Tarea Conjunta con presencia policial y militar en comunas bajo dominio del narcotráfico. El mensaje era claro: frente al crimen organizado, Carabineros y Fuerzas Armadas actuarían coordinadamente para recuperar el territorio. Esa no fue una frase improvisada, sino una promesa programática presentada como una respuesta concreta a la principal preocupación de los chilenos.

Hoy, desde La Moneda, el mismo planteamiento pasa a ser calificado de populista. Entonces cabe una pregunta legítima: ¿qué cambió? ¿La realidad del país o el discurso del Presidente?

Gobernar implica enfrentar la realidad y muchas veces corregir diagnósticos. Eso es perfectamente válido. Lo que no resulta aceptable es descalificar como irresponsable aquello que hace pocos meses se ofrecía como solución para ganar la confianza de la ciudadanía.

No se trata de exigir que se desplieguen militares en las calles a cualquier costo ni en cualquier circunstancia. Chile tiene una institucionalidad que respetar y las Fuerzas Armadas cumplen funciones distintas a las de las policías. Ese debate requiere fundamentos jurídicos, operativos y estratégicos, no consignas.

Pero precisamente por eso, la autoridad presidencial debe ser coherente. Si la evidencia llevó al Gobierno a concluir que esa alternativa no era la adecuada, corresponde explicarlo con transparencia, reconocer el cambio de criterio y presentar una estrategia distinta. Lo que no corresponde es transformar una antigua promesa propia en una acusación de populismo dirigida a quienes hoy plantean exactamente lo que ayer defendía el entonces candidato.

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La ciudadanía no espera infalibilidad. Espera honestidad, consistencia y liderazgo. Cambiar de opinión puede ser legítimo; cambiar el relato y negar lo que se prometió erosiona la confianza pública.

Chile necesita una política de seguridad basada en resultados, no en eslóganes de campaña. Necesita fortalecer a Carabineros, mejorar la inteligencia, perseguir el patrimonio del crimen organizado, recuperar los barrios y evaluar todas las herramientas dentro del Estado de Derecho. Pero, por sobre todo, necesita autoridades que respondan por sus compromisos.

Porque la seguridad no puede construirse sobre promesas que desaparecen al llegar al poder. La confianza ciudadana tampoco.