Las nuevas propuestas laborales parecen enviar un mensaje: atraer inversión reduciendo el costo de quienes sostienen la economía.
La política pública, cuando es ejercida exclusivamente por quienes provienen del mundo corporativo, corre el riesgo permanente de reducir un país a un balance contable y a su ciudadanía a un conjunto de indicadores de rendimiento. El gobierno de José Antonio Kast ha consolidado lo que podría describirse como un gobierno de gerentes generales, donde la lógica empresarial ha ido desplazando a la lógica propia del servicio público.
Administrar un Estado como si fuera una empresa puede parecer atractivo: eficiencia, reducción de costos, cumplimiento de metas y rapidez para decidir. El problema aparece cuando se olvida que una empresa existe para generar valor económico a sus propietarios, mientras que un Estado existe para garantizar derechos, equilibrar intereses muchas veces contrapuestos, preservar la cohesión social y asegurar condiciones de bienestar para toda la población. Son instituciones distintas y exigen formas de conducción distintas.
La participación de empresarios y ejecutivos en política nunca ha sido, por sí sola, un inconveniente. La experiencia del mundo privado puede aportar disciplina administrativa, planificación estratégica y capacidad de ejecución. Lo preocupante surge cuando esa cultura organizacional se traslada intacta al aparato estatal, tratando a los ciudadanos como operarios, a los funcionarios como recursos productivos y a las políticas públicas como simples decisiones de inversión.
La manera en que el gobierno ha enfrentado diversos desafíos económicos permite reconocer esa lógica con facilidad. Frente a problemas complejos, las respuestas han privilegiado soluciones de corto plazo; como reducir costos, flexibilizar el mercado laboral, contener el gasto o exigir una mayor productividad al trabajador. En una empresa ese razonamiento puede ser perfectamente válido. En un país, sus efectos repercuten sobre la calidad de vida, la estabilidad social y la legitimidad de las instituciones.
La teoría de la administración pública lleva décadas distinguiendo ambos mundos. Un gerente responde principalmente ante accionistas e indicadores financieros; un gobernante responde, además, ante ciudadanos, instituciones democráticas, derechos fundamentales y expectativas sociales. Lo que puede ser una decisión eficiente para una empresa puede convertirse en una crisis política cuando erosiona la confianza pública o profundiza la desigualdad.
Esa misma lógica se aprecia en el debate laboral. En Chile sigue predominando la idea de que contratar a una persona equivale a disponer plenamente de su tiempo durante ocho horas diarias, confundiendo presencia física con productividad. Los datos internacionales muestran una realidad muy distinta, las economías más productivas no son las que trabajan más horas, sino las que generan más valor en cada hora trabajada gracias a la capacitación, la innovación, la especialización y la tecnología.
Adam Smith ya advertía que la productividad aumentaba con la división del trabajo. Más de dos siglos después, Peter Drucker llegó a una conclusión similar al sostener que la riqueza de las economías modernas depende del conocimiento y de la especialización. Resulta difícil desarrollar ese capital humano cuando el trabajador debe convertirse en un maestro chasquilla.
Esa misma cultura organizacional ayuda a entender la dificultad que ha mostrado el gobierno para comunicarse con la ciudadanía. Gobernar exige escuchar, persuadir y construir acuerdos. Las grandes empresas, en cambio, suelen funcionar mediante estructuras verticales donde las decisiones bajan desde la alta dirección hacia el resto de la organización.
Pensemos por un momento en una gran empresa. ¿Cuántas veces ha visto al gerente general sentarse con el personal de aseo para explicar, de igual a igual, las razones detrás de una decisión estratégica? Esa escena prácticamente no existe. Cuando esa lógica llega al Estado, el ciudadano deja de ser un interlocutor político para transformarse en un destinatario pasivo de decisiones ya tomadas.
Las conclusiones de la Mesa de Reactivación Laboral vuelven a reflejar esa mirada. Varias de sus propuestas giran en torno a una mayor flexibilidad laboral y ajustes en la organización del trabajo. La flexibilidad laboral no constituye un problema por sí misma. Se vuelve problemática cuando termina siendo el principal motor de la estrategia de crecimiento y el costo vuelve a recaer sobre quienes ya soportan las mayores exigencias del mercado laboral.
Hay una consecuencia adicional que merece atención. Cuando un país intenta atraer inversiones ofreciendo trabajadores cada vez más baratos y menores estándares de protección, deja de competir por innovación y comienza a competir por precariedad.
La señal que termina proyectándose al exterior es perversa: “Invierta en Chile; aquí podrá encontrar mano de obra cada vez más flexible y un Estado dispuesto a reducir al mínimo los obstáculos para maximizar su rentabilidad”. Esa promesa puede seducir determinadas inversiones en el corto plazo, pero también transmite que el principal activo competitivo del país ya no es el talento de su gente, sino cuánto está dispuesto a sacrificar en materia laboral.
Las economías que alcanzaron un desarrollo sostenido no crecieron porque abarataron a sus trabajadores. Lo hicieron fortaleciendo sus instituciones, invirtiendo en educación, promoviendo la innovación y aumentando el valor agregado de lo que producían. Chile debería aspirar a competir por conocimiento y productividad, no por precariedad.
Mientras el gobierno continúe administrando Chile bajo parámetros propios de una gran corporación, seguirá encontrando dificultades para conectar con una ciudadanía que no espera ser gestionada como un simple recurso productivo. Un país no es una empresa. Los ciudadanos no son empleados, los derechos no son gastos operacionales y gobernar exige comprender que el país se compone de ciudadanos con problemas reales y no solo planillas de Excel para ser administradas.
Jeremías 22:13, “¡Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo!”
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