No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso

La histórica frase de Carlos Cazely en su momento causó burlas y risas, pero con el tiempo ha servido para ilustrar la posibilidad de cambiar de opinión o punto de vista, o incluso la distancia que puede existir entre un pensamiento utópico y las posibilidades de la realidad actual. 

Lo que no habíamos visto antes, eso sí, era un nivel de desdoblamiento tan extremo como el que hace el presidente José Antonio Kast con el candidato José Antonio Kast. 

Cuando su gobierno habla de los embargos a las remuneraciones en las cuentas bancarias de deudores morosos del Crédito con Aval del Estado, refuerzan que es fundamental tomar esta medida dado que se trata de recursos que son “de todos nosotros”.

Por supuesto, todo lo que compete al Estado y lo público, se entiende como perteneciente a todos los habitantes del país. En eso estamos de acuerdo. Lo extraño, es cómo cambia el discurso y las decisiones políticas y legislativas cuando esos mismos recursos provienen, ya no de la clase media que se endeudó para estudiar, sino de las grandes empresas y fortunas del país. 

Cuando se propone que el Estado deje de recibir alrededor de 4.000 millones de dólares anuales gracias a la Megarreforma del presidente Kast, ahí ese ingreso deja de llamarse “los recursos de todos nosotros”, para pasar a usar otro tipo de conceptos como la supuesta “inversión”, “crecimiento” o “empleo”. Todo lo que no ha sido respaldado con datos ni cifras en ninguna etapa de la discusión legislativa. Tanto así, que el ministro Quiroz tuvo que reconocer que más que generar empleo, la reforma buscaría -apenas- mantenerlos. Y el presidente Kast debió ajustar las cifras de sus promesas en la Cuenta Pública, de 600 mil nuevos empleos a la mitad.   

Todo esto podría ser una simple discusión de conceptos de no ser porque detrás de cada una de estas denominaciones hay decisiones ideológicas que impactan la vida y el bolsillo de las familias del país. 

El presidente Kast decide regalarle anualmente 4.000 millones de dólares a las grandes empresas, mientras instruye a la Tesorería General de la República a recuperar alrededor de 500 millones de dólares anuales que gasta el Estado en su rol de aval del CAE. Una cifra que corresponde a una octava parte de lo que el Estado dejará de percibir con el regalo tributario que pretende instalar el gobierno por los próximos 25 años.

Tampoco ha decidido el presidente Kast ir a recuperar “los recursos de todos nosotros” a través de la evasión y elusión tributaria, que se traduce anualmente en alrededor de 21.500 millones de dólares que el Estado deja de percibir, pese a que en sus compromisos de campaña se leía claramente: “impulsaremos una estricta fiscalización tributaria contra la evasión”.

No. El José Antonio Kast que en campaña le dolía ver “que las nuevas generaciones tienen menos oportunidades que sus padres” y que en base a ello señalaba “que la persona es anterior al derecho y al orden política, y al Estado le corresponde reconocerla y protegerla: la persona constituye un límite al poder”, ese mismo José Antonio Kast que hoy no tiene por qué estar de acuerdo con lo que pensaba, ha decidido que el foco principal de la recuperación de recursos del Estado debe estar puesto en la clase media, en los trabajadores y trabajadoras, en los padres y madres de familia y no en las grandes fortunas del país.

El mismo José Antonio Kast que prometía un “impuesto negativo al ingreso” para mejorar los ingresos de los trabajadores y que se traducía en que “el Estado transferirá recursos directamente a los trabajadores para complementar su sueldo y permitirles alcanzar un ingreso mejor”, ha decidido hacer todo lo contrario: instruir al Estado embargar los sueldos de quienes se endeudaron por estudiar. 

El José Antonio Kast presidente, al parecer, no tiene por qué estar de acuerdo con el que en campaña reconocía que el camino de los jóvenes “hacia un futuro mejor es cada día más difícil”, y que se comprometía a “cambiar esa realidad, poniendo en el centro a cada persona, recuperando la esperanza y la confianza”.

Por eso la discusión hoy día no se trata de si los deudores dejaron de pagar por la pandemia, por el aumento del costo de la vida, porque la educación superior no cumplió la promesa del bienestar económico, porque tienen que mantener a una familia, por enfermedades, porque las propuestas de convenios de pago son impagables o porque el presidente Boric habló de condonación. Ni siquiera se trata de discutir y transparentar posiciones entre quienes creemos que la educación es un derecho y quienes siguen defendiendo que es un negocio y un bien de consumo.

No. Hoy día hay una necesidad más urgente a resolver y es proteger los sueldos de los y las trabajadoras, razón por la que hemos presentado y seguimos impulsando el proyecto de ley “Sueldos Protegidos” que busca que se respete lo que ya señala el Código del Trabajo respecto a la inembargabilidad de las remuneraciones. 

Todos nuestros esfuerzos deben estar hoy en resguardar el derecho al salario de miles de trabajadores y trabajadoras que no tienen la culpa de que el presidente José Antonio Kast no esté de acuerdo con el candidato José Antonio Kast.