Más allá del uniforme: la urgencia de unidad de doctrina en la seguridad pública

El insólito episodio ocurrido hace algunos días, en el que un funcionario de seguridad municipal se habría negado a una fiscalización de Carabineros y posteriormente fue retirado del lugar por otros guardias municipales, es mucho más que una controversia circunstancial. Es una oportunidad para reflexionar sobre un problema tan antiguo como el ejercicio mismo de la autoridad: la tensión entre la lealtad al grupo y la obediencia a la ley.

Ver a quienes deben cuidarnos enfrentados entre sí rompe una regla básica de convivencia y nos deja una sensación extraña. No es algo que veamos en nuestro día a día, y precisamente por eso nos choca.

Los hechos deberán ser esclarecidos por las instancias correspondientes. Pero incluso dejando de lado los detalles del caso, existe una pregunta que resulta ineludible para toda la ciudadanía: ¿qué debe hacer un funcionario cuando uno de los suyos es requerido por una autoridad competente? ¿Protegerlo por pertenecer a la misma organización o permitir que las instituciones funcionen conforme a las reglas que las rigen?

La respuesta que compartimos como ciudadanos es evidente. La lealtad con el compañero de trabajo es comprensible y humana, pero la lealtad con la ley debe estar siempre primero. Un compañero merece apoyo; lo que no merece es inmunidad frente a los controles legítimos.

La nueva legislación sobre seguridad municipal y su reglamento en desarrollo reconocen el importante papel que cumplen los municipios en la prevención del delito. Sin embargo, también establecen una condición esencial: cuando desarrollan labores coadyuvantes junto a las policías, deben actuar subordinados a las instrucciones de Carabineros.

No se trata de una competencia por espacios de poder, sino de un marco regulatorio estricto para evitar que la seguridad pública termine convertida en una suma de voluntades que operan sin conducción clara. En este escenario, la profesionalización de la función de seguridad municipal es clave. Toda organización genera vínculos de compañerismo, pero estos jamás pueden transformarse en un mecanismo de protección o impunidad.

Frente a este desafío, el rol de la ⁠Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) trasciende la contingencia. A través del Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad Municipal (CEGES), la asociación despliega un trabajo orientador y profundamente técnico enfocado en colaborar estrechamente con las policías. Hoy resulta urgente avanzar hacia una verdadera unidad de doctrina, uniformidad en los procedimientos y una colaboración permanente. La seguridad local ya no puede depender de la intuición; exige construir un estamento único con lineamientos nacionales claros.

Por esta razón, el fortalecimiento de la función inspectiva debe ir acompañado de aspectos técnicos de formación rigurosos. No basta con dotar a los funcionarios de elementos de protección; es indispensable capacitar a los equipos en el uso legítimo de la fuerza, análisis criminal territorial, georreferenciación de delitos y evaluación de patrones delictuales. Los inspectores municipales deben manejar a la perfección el marco normativo de la detención en flagrancia y las técnicas de control del espacio público bajo estándares estrictos de derechos humanos. Para materializar esta estandarización, la AChM ya ha iniciado instancias de trabajo técnico y formativo con el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y las policías, en coordinación directa con la Subsecretaría de Prevención del Delito.

El objetivo final de este esfuerzo es que cada actor en la calle conozca con precisión sus atribuciones, sus límites y responsabilidades. La coordinación técnica debe prevalecer definitivamente sobre la improvisación. Solo a través de una doctrina unificada, una capacitación técnica de excelencia y un respeto irrestricto a la ley, la ciudadanía tendrá la certeza de que cada intervención en nuestros barrios se realiza con el único propósito de elevar los niveles de seguridad y nunca para el beneficio o protección de quienes detentan la autoridad.