La gran estafa

José Antonio Kast llegó al poder prometiendo orden, seguridad y mano dura contra la delincuencia. Esa fue su principal bandera política y una de las razones que explican su llegada a La Moneda. En un contexto marcado por la preocupación y el miedo legítimo de millones de chilenos ante el avance del crimen organizado y la violencia, la derecha ofreció soluciones inmediatas. Pero a pocos meses de asumir, ha quedado en evidencia la distancia entre esas promesas y la capacidad real de traducirlas en resultados.

La crisis de seguridad no solo no se ha contenido, sino que el propio Gobierno terminó reconociendo su incómoda realidad con un cambio de gabinete que incluyó la salida de la ministra de Seguridad Pública. Sin embargo, el problema nunca fue únicamente una secretaria de Estado que confesó públicamente no tener un plan en esta materia, sino la ausencia de una prioridad real para enfrentarla.

Esto quedó confirmado el lunes pasado por el nuevo ministro de Seguridad Pública: “Existe una Política Nacional de Seguridad Pública, esa está vigente, la promulgó el expresidente Boric, dura seis años, y nosotros creemos que esa política es suficiente”. Más allá de las evidentes diferencias entre una política y un plan -la primera debe orientar al segundo-, lo más revelador es que, después de acusar sistemáticamente al gobierno anterior de la crisis de seguridad, ahora terminan reconociendo no sólo que no tienen un plan propio, sino que su única estrategia en esta materia es la diseñada por el gobierno anterior.

Esto revela que, mientras el país esperaba conducción inmediata, fortalecimiento institucional y capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado, La Moneda estaba concentrada en otra cosa. La verdadera prioridad del gobierno de Kast no ha sido la seguridad de las familias chilenas, sino el impulso de su agenda económica e ideológica, orientada en beneficiar a los sectores más ricos.

Eso explica por qué el ministro más poderoso del gabinete no es quien lidera la seguridad, sino el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, impulsor de la llamada “megarreforma tributaria”, la prioridad número uno del oficialismo. Una reforma que busca reducir impuestos a las grandes empresas, sin ningún tipo de compensación fiscal, y garantizarles además invariabilidad tributaria por 25 años. Es decir, amarrar un modelo económico por un cuarto de siglo.

El costo para el Estado será gigantesco. Se estima una pérdida de recaudación superior a los US$ 4.000 millones anuales en régimen, equivalente al 62% del costo de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Y mientras se destinan cuantiosos recursos para beneficiar a los sectores de mayores ingresos, el Gobierno impulsa recortes generalizados del gasto público, incluyendo áreas tan sensibles como salud y educación.

Pero ¿cómo se fortalece la seguridad debilitando al Estado?

Combatir el crimen organizado no depende de discursos altisonantes ni de slogans electorales. Exige inversión pública, inteligencia financiera, policías profesionalizadas, una mejor persecución penal, el fortalecimiento del sistema judicial y presencia efectiva en los territorios. También demanda políticas sociales para mejorar la vida de las familias, recuperar espacios públicos y reconstruir vínculos comunitarios en barrios abandonados durante décadas. Nada de eso se logra reduciendo la capacidad de acción del Estado.

Y aquí aparece una discusión más de fondo. La agenda económica del Gobierno responde a un dogma ultraneoliberal que hace mucho tiempo fracasó en el mundo. La vieja teoría del “chorreo” sostiene que reducir impuestos a los más ricos y a las grandes empresas terminará generando crecimiento y bienestar para el conjunto de la sociedad, porque esa riqueza se distribuirá a través de la inversión, crecimiento y empleo, casi por arte de magia.

Sin embargo, prácticamente no hay evidencia de que medidas inspiradas en esa lógica produzcan sociedades más seguras, cohesionadas o justas. Por el contrario, las democracias que han alcanzado mayores niveles de estabilidad y bienestar son aquellas que han fortalecido las capacidades del Estado y su capacidad redistributiva, ampliando derechos sociales, regulando los mercados y orientando estratégicamente el desarrollo. Como ha señalado el economista Ha-Joon Chang, “ningún país en la historia del capitalismo se enriqueció con un Estado mínimo”.

No es casualidad que, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), países como Finlandia y Suecia cuentan con Estados que representan cerca del 57% y 49% de su PIB, respectivamente. Lejos de ser una anomalía, esa capacidad estatal ha sido una de las bases de su desarrollo y cohesión social.

Pero el gobierno de Kast parece mirar en la dirección contraria. Y claro, no debiera sorprendernos. José Antonio Kast representa una expresión de la ultraderecha global que hoy comparte agenda y rasgos con experiencias como la de Javier Milei en Argentina, sectores trumpistas en Estados Unidos o Vox en España: reducción drástica del Estado, debilitamiento de derechos sociales, desregulación económica y concentración del poder económico en pocas manos.

Todo esto ocurre, además, en un contexto en que la ciudadanía no busca dogmas, sino respuestas concretas. Porque mientras el Gobierno habla de libertad económica para unos pocos, las familias chilenas viven cada vez con más incertidumbre. Incertidumbre sobre qué pasará con sus atenciones de salud, con la calidad y financiamiento de la educación pública, con la alimentación escolar, con las becas y la gratuidad en las universidades. En definitiva, incertidumbre sobre la capacidad del Estado para protegerlas cuando más lo necesitan.

Chile necesita honestidad política, responsabilidad y un Estado capaz de proteger a las grandes mayorías. Y quizás ahí reside la mayor frustración de este momento político: millones de personas votaron buscando tranquilidad frente al miedo y terminaron encontrándose con un gobierno cuya principal prioridad no fue combatir el crimen ni mejorar la vida cotidiana de las personas, sino profundizar un modelo económico extremo que beneficia a una minoría privilegiada. Porque cuando el gobierno convirtió su dogma económico en prioridad absoluta, terminó inevitablemente alejándose de la realidad concreta de las personas.