La condena de la casa propia

En Chile estamos empezando a normalizar algo que no debería ser normal. Que una persona pueda perder su casa no por haberla dejado de pagar, sino por no poder seguir financiando un impuesto que sube sin explicación clara y en una forma que trimestralmente es muy difícil de sobrellevar.

Las contribuciones nacieron como un mecanismo razonable para financiar municipios y equilibrar desigualdades entre comunas. Pero lo que vemos hoy es otra cosa. Un sistema que ha ido perdiendo sentido común y que, en la práctica, está castigando a quienes hicieron lo correcto.

Entre 2016 y 2024, el pago de contribuciones aumentó un 65,8% real, mientras los ingresos de los hogares crecieron muy por debajo. A eso se suma el reavalúo de 2022, que elevó en promedio un 22,1% los avalúos fiscales habitacionales. El resultado es un daño enorme a quienes trabajaron, ahorraron y compraron una vivienda propia. Personas que no especularon, que no invirtieron: simplemente construyeron un hogar.

En Ñuñoa, más de dos tercios de los hogares pagan contribuciones. Y no estamos hablando de grandes fortunas. Son familias de clase media, muchas veces adultos mayores, que ven cómo en pocos años el monto a pagar se duplica o incluso más. ¿La razón? Reavalúos poco claros, desconectados de la realidad de ingresos de las personas.

Aquí está el problema de fondo: se ha transformado en un impuesto al patrimonio, no a los ingresos. No importa si usted gana más o menos, si está jubilado o cesante. Si su propiedad sube de valor en el papel, paga más. Aunque nunca haya recibido un peso adicional por ella.

El resultado es brutal: adultos mayores endeudándose, vendiendo su casa o viviendo con el miedo constante de no poder cumplir con el Estado. Personas que construyeron su vida en un barrio y que hoy sienten que el sistema las está empujando a irse. Eso es, en los hechos, una expulsión silenciosa.

Pero la solución no pasa por el simplismo de eliminar las contribuciones ni por seguir jugando a las barras bravas en un debate que exige seriedad. Esto no es un “sí o no”. Es cómo construimos un sistema justo y sostenible.

Se requiere avanzar hacia un modelo mixto, con reglas claras y sentido común.

Primero, ningún pensionado o jubilado debería pagar contribuciones por su vivienda principal. El propio Estado los reconoce como personas fuera del mercado laboral; no puede, al mismo tiempo, tratarlos como si tuvieran capacidad permanente de generar ingresos.

Segundo, el monto de la contribución debiera fijarse al momento de la compra del bien raíz, estableciendo reglas de ajuste predecibles y acotadas, en lugar de quedar sujeto a reavalúos discrecionales que dependen exclusivamente del Estado. La certeza es parte esencial de la justicia tributaria.

Tercero, quienes no tienen ingresos no pueden ser tratados igual que quienes sí los tienen. Debe existir la posibilidad real de postergar pagos sin multas ni amenazas.

Y cuarto, el Estado no puede seguir siendo juez y parte en la determinación de los avalúos.

Esto no es solo un debate técnico. Es profundamente humano. Se trata de decidir si el esfuerzo de toda una vida será protegido o castigado.

Corregir el rumbo es posible. Pero para hacerlo, primero hay que dejar de mirar esto como una trinchera ideológica y empezar a enfrentarlo como lo que es: una urgencia social.

Porque cuando el Estado empieza a empujar a las personas fuera de sus casas, no está corrigiendo desigualdades. Está creando una nueva.