José Antonio Kant o la crítica de la razón empleada

Cada época tiene la filosofía que merece. Hace más de dos siglos Alemania tuvo a Immanuel Kant preguntándose por los límites de la razón; Chile hoy tiene a José Antonio Kast preguntándose por los límites del gasto fiscal cuando una universidad produce conocimiento que no puede convertirse de inmediato en empleo.

Con esto, nuestro país entra en una nueva etapa, aquella que nos plantea la crítica de la razón empleada, una filosofía que nos otorga las bases para comprender el significado profundo del empleo y su vinculación con el desarrollo del logos.

La discusión

El 5 de mayo de 2026, durante el encuentro ciudadano “Presidente Presente” realizado en Puerto Montt, el presidente José Antonio Kast cuestionó el financiamiento estatal destinado a investigaciones universitarias y científicas, sosteniendo que muchas veces el Estado entrega recursos —“100 millones, 500 millones”— para estudios que terminan convertidos en “un libro precioso, empastado, en la biblioteca”, pero que no generan empleos.

La frase instaló una controversia pública porque redujo el valor de la investigación académica a su capacidad inmediata de producir puestos de trabajo, en un contexto de ajuste fiscal, revisión del gasto público y discusión sobre el rol de la ciencia, la universidad y el conocimiento en el desarrollo económico del país.

La frase de Kast tuvo la eficacia de las formulaciones políticamente peligrosas: no necesitó ser técnicamente elaborada para abrir un campo de batalla. Al sugerir que ciertas investigaciones universitarias podían terminar en “un libro precioso” sin generar empleos, el Presidente desplazó la discusión desde la calidad del conocimiento hacia su utilidad económica inmediata.

El problema no fue solo que preguntara por el destino de los fondos públicos —pregunta legítima en cualquier democracia—, sino que eligiera una imagen culturalmente cargada: el libro empastado, bello, quieto, depositado en una biblioteca, como si fuera el emblema de una esterilidad social. Así, la biblioteca dejó de ser presentada como archivo de civilización y pasó a ser insinuada como bodega de gastos improductivos.

El primer movimiento de la controversia fue académico y científico, pero su fondo fue político. La comunidad universitaria entendió que la frase no era un comentario aislado, sino una señal de criterio gubernamental en un contexto de ajuste fiscal, revisión de programas y preocupación por recortes en educación, ciencia y becas. Por eso, lo que podría haber sido una discusión administrativa sobre evaluación de proyectos se transformó en una disputa por el estatuto de la investigación en Chile.

La pregunta dejó de ser “¿cómo fiscalizar mejor los fondos públicos?” y pasó a ser “¿qué tipo de conocimiento considera valioso el Estado?”. Ese desplazamiento explica la velocidad de la respuesta: científicos, rectores, candidatos universitarios, sociedades académicas y columnistas interpretaron la frase como síntoma de una orientación más amplia, no como simple torpeza retórica.

La respuesta de José Maza condensó una defensa clásica de la ciencia frente al utilitarismo estrecho. Maza fue directo a la ironía, al decir que si lo que se quiere es simplemente dar trabajo se haga un POJH (famoso programa de empleo precario de la dictadura de Pinochet). No fue casualidad la jugada del académico récord en impacto en eventos y libros, ya que vinculó la ciencia con los empleos precarios. Pero a partir de esto dijo algo más.

Y es que se lee en su reflexión que la investigación no es un programa de ocupación de emergencia, sino una inversión en capacidades intelectuales, técnicas y culturales que permiten a un país no quedar condenado a importar pensamiento, tecnología y soluciones.

En Maza, además, operó una defensa generacional de la universidad como institución de frontera. Su argumento no se limitó a proteger a los investigadores existentes; apuntó a la idea de que una universidad sin investigación deja de ser plenamente universidad. Puede enseñar manuales, repetir contenidos, certificar competencias, pero pierde el vínculo con la producción viva del conocimiento.

Esa distinción fue importante porque la frase de Kast no atacaba solo a un proyecto mal ejecutado, sino potencialmente a una forma institucional: la universidad investigativa. Cuando Maza sostuvo que Chile necesita profesores en la frontera del conocimiento, estaba diciendo algo más exigente que “la ciencia sirve”: estaba señalando que un país periférico solo puede modificar su posición si produce conocimiento propio. El “libro precioso”, en esa lectura, no es un adorno inútil; es una pieza dentro de una cadena invisible de formación, lenguaje técnico, acumulación simbólica, hipótesis, error, transmisión y eventual aplicación.

Kast había caído en una trampa intelectual clásica en el análisis económico: confundir valor con monetización. Un gran problema para un gobierno, que fundamentalmente tiene como rol producir valor para el país, resguardando siempre los flujos del dinero, pero entendiendo que su rol es producir capacidades y no solo resultados inmediatos…

Los candidatos a la rectoría de la Universidad de Chile ampliaron la controversia hacia el terreno institucional. Francisco Martínez calificó la mirada como miope, recordando que buena parte de la tecnología, la economía, la biología y la salud modernas provienen de conocimientos que, en su origen, no podían ser evaluados por empleos directos. Pablo Ruiz-Tagle, por su parte, utilizó una fórmula más frontal: habló de antiintelectualismo y de “vergüenza ajena”.

La reacción universitaria, sin embargo, también mostró sus propios límites. Cuando el mundo académico responde desde la defensa del libro como bien civilizatorio, acierta en el plano profundo, pero corre el riesgo de no escuchar completamente la demanda ciudadana por trazabilidad. La frase de Kast fue problemática porque confundió impacto con empleo inmediato, pero la academia cometería un error equivalente si confundiera autonomía intelectual con inmunidad evaluativa.

El Estado tiene derecho a exigir objetivos claros, informes serios, evaluación ex post, impacto diferenciado según disciplinas y transparencia en la asignación de recursos. Lo que no puede hacer, sin empobrecer su propia racionalidad pública, es imponer un único criterio de validación a todos los saberes.

El golpe de Kast no es solo un acto de ignorancia, que lo es; es también una bomba de tiempo, ya que a mucha gente le parece que la academia no tiene relación con su vida y que a los académicos les falta calle. La creciente incapacidad de las universidades de demostrar su valor ha ido avanzando en correlación con el aumento de los mecanismos de visibilización de la investigación. Y eso es curioso y paradojal, pero es cierto. Las universidades están perdiendo esa batalla. Y Kast no hizo más (tampoco menos) que dar carta de ciudadanía a esa visión.

Una carta abierta de más de 30 sociedades científicas y académicas elevó la respuesta desde el plano de las figuras individuales al plano de la representación organizada del campo científico. Su tesis fue que los dichos expresaban una comprensión parcial y reduccionista del conocimiento, especialmente cuando el saber se mide solo por resultados inmediatos o por utilidad económica directa.

La carta tuvo importancia porque articuló ciencia, conocimiento y medio ambiente como bienes que Chile no puede sacrificar, introduciendo una dimensión que la frase presidencial había dejado fuera: la investigación no solo produce empleos; también produce capacidad de anticipación, soberanía cognitiva, adaptación climática, salud pública, protección de ecosistemas, formación de profesionales y comprensión de problemas complejos. Al hablar desde sociedades científicas, la respuesta adquirió una textura distinta: ya no era la indignación de un astrónomo o de una divulgadora, sino la advertencia de comunidades epistémicas que conocen la fragilidad institucional de la ciencia chilena.

El paso de la reacción individual a la carta colectiva reveló que la polémica podía convertirse en un conflicto de régimen cognitivo. Un gobierno puede recortar presupuesto, rediseñar fondos o exigir rendición de cuentas; todo eso pertenece al campo normal de la administración pública. Pero cuando la justificación simbólica del recorte instala la sospecha de que el conocimiento no inmediatamente rentable es gasto superfluo, la discusión cambia de escala. La comunidad científica leyó allí una amenaza no solo presupuestaria, sino civilizatoria.

Por su parte, las columnas de opinión llevaron la controversia hacia una lectura cultural más densa. Allí apareció con fuerza la noción de antiintelectualismo: no como simple ignorancia, sino como sospecha activa contra las formas del saber que no se subordinan a la rentabilidad inmediata. La crítica al “libro precioso” fue interpretada como parte de una ofensiva más amplia contra las humanidades, las ciencias sociales, la filosofía, la historia y toda forma de pensamiento que no pueda traducirse fácilmente en empleo directo o producto comercial.

Esta lectura es importante porque permite entender la frase como síntoma de una época. En sociedades atravesadas por ansiedad fiscal, endeudamiento, precariedad laboral y desconfianza institucional, el conocimiento reflexivo puede ser presentado como lujo, ornamento o privilegio. Pero esa operación tiene un costo: desarma las capacidades críticas con las que una sociedad interpreta sus crisis.

La discusión, finalmente, dejó expuestos dos campos de verdad que no deberían anularse. Kast logró tocar una preocupación legítima: los fondos públicos deben ser evaluados, los proyectos deben rendir cuentas y la investigación financiada por el Estado no puede refugiarse en una superioridad abstracta frente a la sociedad que la sostiene.

Pero la reacción científica y académica mostró que esa preocupación se vuelve peligrosa cuando se formula desde una reducción del conocimiento a empleos inmediatos.

El libro precioso no es necesariamente el fracaso de una política pública; puede ser archivo, método, teoría, memoria, formación y semilla de aplicaciones futuras. La verdadera pregunta, entonces, no es si la investigación debe generar valor, sino qué entendemos por valor. Si valor significa únicamente empleo directo de corto plazo, la ciencia queda mutilada. Si valor significa también capacidad nacional, inteligencia colectiva, soberanía tecnológica, densidad cultural, comprensión histórica y anticipación de problemas, entonces el libro en la biblioteca deja de ser una caricatura del gasto inútil y reaparece como una de las formas más antiguas, discretas y persistentes del futuro.

Los bienes culturales

La reducción del valor de la investigación a su capacidad inmediata de producir empleo desconoce (o al menos no procura definir) la naturaleza específica de los bienes culturales. Una sociedad no se organiza solo mediante fábricas, caminos, capital financiero o reglamentos administrativos; también se organiza mediante repertorios simbólicos, formas de autoridad, lenguajes de justificación, modelos de obediencia, criterios de mérito, hábitos de lectura del mundo y estructuras de confianza.

Esos bienes no siempre aparecen como “empleo” en las estadísticas de corto plazo, pero pueden constituir la condición histórica de posibilidad de enormes transformaciones económicas e institucionales. Las estructuras de la Iglesia católica medieval, por ejemplo, no fueron simplemente un aparato religioso: también produjeron formas de archivo, jerarquía, administración territorial, derecho canónico, contabilidad institucional, formación letrada y burocracia organizada que luego fueron decisivas para el desarrollo del Estado moderno. La Iglesia no “creó empleos” en el sentido estrecho en que una política de obras públicas lo hace; creó, más bien, una arquitectura cultural e institucional que permitió imaginar y administrar unidades políticas complejas.

Algo equivalente puede decirse del confucianismo en China. Su importancia no reside solo en haber ofrecido una doctrina moral o una filosofía de la virtud, sino en haber producido una matriz cultural de orden, educación, mérito, jerarquía, responsabilidad familiar, disciplina funcionaria y respeto por la continuidad institucional. Durante siglos, esa matriz permitió pensar el gobierno como una práctica letrada y administrativa, donde el funcionario no era únicamente un ejecutor de órdenes, sino un sujeto formado en una tradición de autocontrol, deber y servicio.

La China contemporánea no se explica mecánicamente por el confucianismo, ni este puede ser convertido en una causa única de su desarrollo; pero resulta difícil comprender la capacidad de organización estatal, la centralidad de la educación, el valor social del esfuerzo y la persistencia de ciertas formas de autoridad sin atender a esa base cultural. Allí se ve con claridad que un bien cultural puede organizar la economía sin parecer económico, puede estructurar el Estado sin ser una ley, puede producir productividad sin ser una empresa.

Lo mismo ocurre con el protestantismo y la expansión histórica del capitalismo. La tesis clásica de Weber no debe entenderse como una explicación monocausal, sino como una intuición poderosa sobre la relación entre cultura, conducta económica y racionalización social. El protestantismo, especialmente en sus formas ascéticas, ayudó a legitimar una ética del trabajo, la disciplina, la contabilidad de sí mismo, la reinversión, la austeridad, la responsabilidad individual y la racionalización de la vida cotidiana. Esas disposiciones no son máquinas, no son fábricas, no son contratos laborales; sin embargo, hicieron posible que determinadas formas del capitalismo dejaran de aparecer como prácticas excepcionales y se convirtieran en sentido común. Antes de que el capitalismo sea infraestructura, mercado o sistema financiero, debe volverse una forma de vida aceptable.

Por esto el “libro precioso” no es una imagen menor. En la frase presidencial, el libro aparece como residuo: algo bello, caro, inmóvil, socialmente inútil. Pero en la historia de las civilizaciones, los libros, doctrinas, archivos, tratados, teologías, filosofías, gramáticas administrativas y teorías sociales han sido máquinas de larga duración. No producen siempre empleo directo; producen formas de mundo. Un libro puede convertirse en derecho, una doctrina puede convertirse en burocracia, una ética puede convertirse en capitalismo, una pedagogía puede convertirse en Estado, una teoría puede convertirse en tecnología, una tradición moral puede convertirse en disciplina productiva.

La productividad de los bienes culturales no se deja capturar por la pregunta simple “¿cuántos trabajos generó?”. Su pregunta propia es otra: ¿qué formas de organización social hizo posibles?, ¿qué capacidades instaló?, ¿qué horizonte de acción abrió?, ¿qué instituciones permitió imaginar?, ¿qué estructuras de coordinación volvió naturales?

Desde esta perspectiva, la discusión sobre investigación universitaria cambia por completo. No se trata de negar la necesidad de evaluación, sino de impedir que la evaluación sea conceptualmente pobre. Hay investigaciones que deben medirse por transferencia tecnológica, otras por formación de capacidades, otras por incidencia en política pública, otras por creación de archivos, otras por apertura de campos interpretativos, otras por construcción de lenguajes comunes.

Una sociedad que solo financia aquello que produce empleo inmediato puede terminar destruyendo las condiciones culturales que permiten producir riqueza compleja. La minería, la inteligencia artificial, la biotecnología, la administración pública, la empresa moderna y el Estado mismo descansan sobre bienes culturales previos: matemáticas, escritura, derecho, ética del trabajo, confianza institucional, burocracias racionales, sistemas educativos, lenguajes técnicos y teorías del mundo. Nada de eso nació como una respuesta simple a una planilla de empleos directos.

La frase de Kast, entonces, no solo expresa una sospecha frente al gasto universitario. Expresa una comprensión limitada del modo en que las sociedades generan valor.

Los estudios económicos contemporáneos han tratado de hacer mensurable aquello que antes parecía demasiado amplio: la incidencia de la cultura sobre el desarrollo. Guiso, Sapienza y Zingales propusieron una definición operacional de cultura como creencias y valores transmitidos socialmente que afectan decisiones económicas —confianza, ahorro, disposición a cooperar, preferencias redistributivas, relación con el riesgo—, mostrando que la cultura puede incidir en resultados económicos sin reducirse a folclore o identidad.

Tabellini, en su estudio sobre regiones europeas, vinculó valores como confianza interpersonal, respeto por los otros y sentido de autodeterminación con diferencias persistentes de desarrollo regional, usando alfabetización histórica e instituciones políticas pasadas como instrumentos para aislar efectos culturales. La tesis de fondo es decisiva: los bienes culturales no son adornos superestructurales, sino dispositivos que modelan expectativas, reducen o elevan costos de transacción, facilitan cooperación, estabilizan contratos y permiten que las instituciones funcionen o fracasen.

Una segunda línea, más histórico-institucional, muestra que la cultura opera como arquitectura de coordinación. Avner Greif estudió cómo distintas creencias culturales entre comerciantes medievales —por ejemplo, formas colectivistas o individualistas de reputación, sanción y confianza— producían instituciones comerciales diferentes y trayectorias económicas distintas. Douglass North es indispensable a este respecto porque define las instituciones como reglas formales e informales que estructuran incentivos; en esa zona de reglas informales entran precisamente religión, ética, costumbre, autoridad, confianza y memoria histórica.

Por eso Weber sigue siendo un antecedente inevitable: su tesis sobre la ética protestante no vale como causalidad simple, sino como intuición fundacional de que ciertas disposiciones culturales pueden volver natural una forma económica antes excepcional. En conjunto, esta literatura permite decir que catolicismo institucional, confucianismo o protestantismo no “generan empleo” como una faena, pero sí pueden producir las matrices de disciplina, administración, legitimidad, cooperación y racionalización que hacen posible la economía moderna.

Inteligencia Artificial

El caso de la inteligencia artificial es extraordinario porque muestra, casi en estado puro, el error de medir una tecnología o un campo de conocimiento por el empleo inmediato que produce en su etapa inicial. La IA no nació como industria laboralmente masiva, sino como un programa científico especulativo, formulado en 1956 en el Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, bajo la conjetura de que los procesos de aprendizaje e inteligencia podían ser descritos con suficiente precisión como para ser simulados por máquinas.

Durante décadas, ese programa produjo comunidades pequeñas, laboratorios especializados, papers, lenguajes, modelos matemáticos, prototipos, sistemas expertos, redes neuronales, ciclos de entusiasmo y largos “inviernos” de financiamiento y credibilidad. En términos de empleo directo, su impacto inicial fue mínimo y de hecho frustrante; en términos históricos, estaba acumulando el sustrato conceptual y técnico de una transformación general. Esa es la paradoja decisiva: una investigación que durante años pudo parecer improductiva desde el punto de vista laboral estaba creando una nueva gramática de la producción, de la decisión, de la predicción, de la automatización y de la gestión del conocimiento.

La historia de la IA confirma que muchos bienes científicos y culturales no ingresan a la economía como sectores intensivos en empleo, sino como tecnologías de propósito general: infraestructuras cognitivas que reordenan otros sectores. La OCDE ha descrito justamente a la IA como una tecnología con potencial para enfrentar el estancamiento de la productividad en economías avanzadas, pero también advierte que su impacto depende de difusión empresarial, capacidades organizacionales, competencia, acceso, regulación y gestión de desplazamientos laborales.

Por eso la frase “no produjo empleos; rediseñó toda la producción” es conceptualmente precisa, siempre que se entienda en sentido histórico. La IA generativa vuelve visible algo que se había preparado silenciosamente durante décadas. McKinsey estimó en 2023 que la IA generativa podía añadir entre 2,6 y 4,4 billones de dólares anuales a la economía mundial en los casos de uso analizados, y que podía elevar el crecimiento anual de la productividad laboral entre 0,1 y 0,6 puntos porcentuales hasta 2040, dependiendo de la velocidad de adopción y de la reasignación del tiempo de trabajo.

El punto central de ese informe no es que la IA “cree empleos” en sentido clásico, sino que altera la productividad de funciones completas: atención al cliente, ventas, marketing, ingeniería de software, I+D, diseño, documentación, análisis, educación, gestión administrativa y toma de decisiones. Se trata de una tecnología que entra en las cadenas de producción no como un nuevo eslabón aislado, sino como un principio transversal de recomposición de los eslabones existentes.

La Organización Internacional del Trabajo ha formulado una conclusión semejante desde el mercado laboral: la IA generativa tiende más a transformar tareas dentro de ocupaciones que a sustituir ocupaciones completas de manera inmediata.

El Stanford AI Index 2025 muestra precisamente ese paso desde el laboratorio hacia la economía general. Según el informe, la inversión privada en IA alcanzó nuevos máximos en Estados Unidos en 2024, la IA generativa concentró una parte muy significativa de esa inversión y la evidencia empírica comenzó a mostrar ganancias de productividad en tareas específicas. Al mismo tiempo, la OCDE reporta que la adopción empresarial de IA en países con datos disponibles pasó de 8,7% de las firmas en 2023 a 14,2% en 2024 y 20,2% en 2025. Es decir, lo que durante décadas fue un campo científico relativamente estrecho empezó a convertirse en infraestructura productiva distribuida.

En términos académicos, esto permite formular una tesis más general sobre los bienes culturales, científicos y tecnológicos: su incidencia económica no debe medirse solo por el empleo directo que producen en su fase de investigación, sino por su capacidad de abrir espacios de posibilidad productiva. La IA fue, durante mucho tiempo, un “libro precioso” en sentido ampliado: papers, congresos, laboratorios, teorías, sistemas incompletos, promesas incumplidas, prototipos que no escalaban. Pero esos materiales fueron acumulando una arquitectura cognitiva que, al encontrarse con capacidad computacional, datos masivos, internet, chips especializados y capital global, se convirtió en una fuerza de reorganización económica.

La derecha chilena y el “libro precioso”

Hay aquí una paradoja política relevante. Durante años, la derecha chilena comprendió que no podía limitarse a disputar elecciones, gremios empresariales o medios de comunicación: debía entrar con seriedad al mundo universitario, formar cuadros, producir centros de pensamiento, disputar federaciones, instalar profesores, construir redes intelectuales y elaborar lenguajes capaces de competir dentro de espacios históricamente dominados por la centroizquierda y la izquierda.

Ese esfuerzo no ha sido menor ni improvisado. Ha incluido fundaciones, think tanks, escuelas de formación, presencia estudiantil, inserción académica, producción editorial y una creciente preocupación por dotar a la derecha de densidad doctrinaria. En ese sentido, la derecha chilena ha entendido algo fundamental: que la hegemonía no se juega solo en La Moneda o en el Congreso, sino también en las aulas, las bibliotecas, los seminarios, las revistas, las universidades regionales y los sistemas de formación de élites.

Por eso las declaraciones del Presidente dañan un avance importante de la propia derecha. Al ridiculizar implícitamente la investigación que termina en un libro o al medir el conocimiento por empleos inmediatos, no solo irrita a la academia progresista; también debilita a la derecha universitaria que ha intentado demostrar que su proyecto no es antiintelectual, sino capaz de pensar el país con sofisticación.

La frase reactiva, el viejo prejuicio según el cual la derecha desprecia la universidad, sospecha del pensamiento crítico y solo valora aquello que se traduce en rentabilidad directa. Ese prejuicio puede ser injusto respecto de muchos esfuerzos recientes, pero declaraciones como esta lo vuelven verosímil.

En términos estratégicos, el problema no es solo comunicacional: es una lesión a la posibilidad de que la derecha aparezca como fuerza cultural madura. Si la derecha quiere disputar hegemonía universitaria, no puede tratar el libro, la investigación y la biblioteca como símbolos de improductividad; debe mostrar que también comprende que allí se forman las capacidades profundas del Estado, la empresa, la ciencia y la propia conducción política.

Además, la crítica presidencial desconoce la estructura real de los fondos de investigación en Chile. En un Fondecyt Regular, por ejemplo, los investigadores no reciben grandes sumas personales: el investigador responsable puede solicitar como honorarios hasta $4.500.000 al año, es decir, $375.000 mensuales brutos, mientras que los coinvestigadores tienen un máximo de $3.000.000 anuales; incluso el máximo conjunto para investigador responsable y coinvestigadores llega solo a $7.500.000 anuales dentro de un proyecto que puede solicitar hasta $57.000.000 por año. La mayor parte del presupuesto se destina a aquello que permite que una investigación exista: tesistas, personal técnico, asistentes, insumos, software, licencias, viajes, terreno, viáticos, pasajes, talleres, publicaciones, equipamiento, consultorías y producción de datos.

Dicho de otro modo, el “libro precioso” no es el resultado de un privilegio salarial, sino de una cadena material de trabajo muchas veces modesta, regulada y fiscalizada, orientada a producir evidencia fiable en un país donde precisamente escasean los datos robustos, las series sistemáticas, los archivos ordenados y las capacidades científicas de largo plazo.

La controversia, además, omitía un dato estructural decisivo: las actividades de mayor complejidad técnica, mayor intensidad de capital y mayor productividad por trabajador suelen generar proporcionalmente menos empleo directo que las actividades de baja productividad. No porque sean socialmente inútiles, sino precisamente porque concentran tecnología, automatización, inversión, conocimiento experto y escalas productivas superiores.

La minería chilena ofrece un ejemplo notable. En 2024, la minería representó alrededor del 12% del PIB nacional, pero su empleo directo fue de unos 286 mil trabajadores, sobre una ocupación nacional cercana a 9,3 millones de personas; esto significa que aportó cerca del 3,1% del empleo directo total. El ratio es políticamente elocuente: por cada punto porcentual de empleo directo, la minería genera casi cuatro puntos porcentuales de PIB.

O, formulado inversamente, su participación laboral directa equivale apenas a un cuarto de su participación productiva. Si se agregan empleos indirectos, el Consejo Minero estima una cifra mucho mayor —alrededor de 1,02 millones de personas, equivalente a 10,9% del empleo total—, pero justamente esa diferencia confirma el punto: las actividades complejas no siempre emplean masivamente en su núcleo operativo; producen valor mediante cadenas, proveedores, capital humano especializado, infraestructura, conocimiento aplicado y efectos multiplicadores.

Si en el gobierno no comprenden lo que es un bien cultural, se les puede decir algo que está en su historia. El eslogan “gobierno de emergencia” también es una creación cultural. No es una obra pública, no es una fábrica, no es una faena minera ni un empleo directo; es una fórmula simbólica que ordena el miedo, la impaciencia y la expectativa de autoridad.

Kast llegó al poder prometiendo un “Gobierno de emergencia” orientado a seguridad, migración irregular y bajo crecimiento, una consigna que, según la prensa internacional, fue central en su triunfo presidencial y en la elevación de expectativas posteriores. Es decir, aquello que permitió articular adhesión política fue precisamente un bien cultural: una narración condensada, una forma de nombrar la crisis, una imagen de conducción y una promesa de reorganización del Estado.

La paradoja es evidente: si se midiera esa doctrina por empleos inmediatos, habría que decir que produjo muy pocos empleos directos antes de ganar; básicamente, puestos de campaña, equipos comunicacionales, asesores y militancia organizada. Pero, una vez convertida en poder, esa creación cultural abre ministerios, subsecretarías, gabinetes, asesorías, cargos de confianza, programas, licitaciones, consultorías, nombramientos y redes de influencia.

Su productividad no estaba en la cantidad de trabajadores que empleaba como eslogan, sino en su capacidad de reorganizar expectativas, votos, instituciones y posiciones dentro del Estado. Por eso la frase contra el “libro precioso” se vuelve contradictoria: el propio triunfo de Kast demuestra que las ideas, doctrinas, relatos y consignas pueden producir efectos materiales inmensos, incluso empleo para los más cercanos, no porque sean fábricas, sino porque ordenan el mundo social desde el lenguaje.

Los países invierten porcentajes muy altos de su presupuesto en educación porque la educación no es solo un gasto social: es una de las principales formas de producción de capital humano, cohesión social y capacidad económica futura. La OCDE muestra que el nivel educativo se asocia directamente con mejores oportunidades laborales: entre los adultos jóvenes de 25 a 34 años, el empleo promedio es de 61% para quienes no completaron secundaria superior, 79% para quienes sí la completaron y 87% para quienes tienen educación terciaria. Es decir, la escuela y la universidad no solo “crean empleo” contratando profesores o construyendo colegios; crean empleabilidad estructural, aumentan productividad, permiten absorber tecnologías complejas y reducen la probabilidad de quedar atrapado en ocupaciones precarias.

También hay una dimensión de seguridad pública que suele olvidarse. La educación reduce delincuencia no porque transforme mágicamente a las personas, sino porque altera incentivos, horizontes de vida, autocontrol, habilidades cognitivas, inserción laboral, pertenencia institucional y expectativas de futuro. Lochner y Moretti mostraron, en un estudio clásico, que si la educación reduce el crimen, entonces sus beneficios sociales exceden los retornos privados que recibe cada individuo; es decir, el Estado tiene razones económicas para financiar educación incluso más allá de lo que una familia calcularía individualmente.

Por eso el argumento de los bienes culturales vuelve a aparecer: una escuela, una universidad, una biblioteca o un libro no producen valor solo por los empleos directos que generan, sino porque modifican la estructura completa de oportunidades de una sociedad. En países con más años de escolaridad y mejor formación, hay más empleo, mayor productividad, más ciudadanía, más confianza institucional y menores costos sociales asociados a exclusión, marginalidad y delito.

La discusión es interesante. Y queda mucho por trabajar en Chile respecto a cómo hacer que las ideas y desarrollos conceptuales escalen a la industria. Para ello el estado es fundamental, como señala la literatura especializada. Como digo, vale la pena hablar sobre la relación entre universidad y empresa. Es bastante evidente que las principales empresas del mundo son, en la actualidad, fuertemente influenciadas por el ecosistema académico e investigativo. Es lamentable llegar a tener que explicar esto en una época de alta valorización de la innovación.

La siguiente tabla con las 20 empresas de mayor capitalización bursátil ayudará a vislumbrar el peso del conocimiento en la economía actual. Se clasificaron las empresas en cinco niveles según el nivel de dependencia del ámbito académico. La primera tabla muestra la clasificación que configuramos y la segunda tabla nos muestra el análisis de las 20 empresas más grandes en capitalización en el mundo.

La cuestión, entonces, no es si la ciencia debe rendir cuentas. Debe hacerlo. Tampoco es si la universidad puede refugiarse en una superioridad abstracta frente a la sociedad que la financia. No puede hacerlo. La cuestión es más simple y más grave: un país que solo reconoce como valioso aquello que produce empleo inmediato termina incapacitado para producir las condiciones que hacen posible el empleo complejo, la industria sofisticada, la innovación tecnológica y la soberanía intelectual.

Kast quiso burlarse del “libro precioso” que duerme en una biblioteca, pero olvidó que las civilizaciones se construyen precisamente con aquello que primero parece improductivo: conceptos, métodos, lenguajes, archivos, teorías, algoritmos, doctrinas, instituciones y formas de mirar el mundo. Y un gobierno puede sobrevivir algún tiempo con menos presupuesto; lo que no puede hacer es gobernar mucho tiempo con menos comprensión. Un problema de presupuesto, con todo lo difícil que es de resolver, es bastante más fácil que resolver un problema de comprensión.