El presidente José Antonio Kast volvió a tensionar el debate sobre el uso de recursos públicos, esta vez apuntando directamente al financiamiento en universidades e investigación científica, en medio de su gira por regiones con el despliegue del programa “Presidente Presente”.
Durante la quinta versión del encuentro ciudadano, realizada en Puerto Montt, el mandatario instaló una crítica que amplía el foco de cuestionamientos que ya había abierto en estas instancias previamente, por ejemplo respecto a la Ley de Humedales, ahora trasladándolo al ámbito académico y al impacto económico de la inversión estatal.
Kast cuestiona gasto público en investigación de universidades
En la actividad, donde participó también la ministra de Educación, María Paz Arzola y que reunió a cerca de mil asistentes, Kast planteó la necesidad de auditar los resultados de los recursos destinados a universidades y centros de estudio, poniendo énfasis en su utilidad concreta para la generación de empleo:
“En Valdivia, donde tuvo este incidente de ataque la ministra Lincolao, hagámosle un seguimiento a todos los recursos que se han entregado en los centros de educación y veamos cuál es el resultado de esos recursos que hemos entregado, y se van a sorprender”, afirmó.
El Presidente profundizó su crítica con una frase que marcó el tono de su intervención: “A veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno”.
La declaración no solo cuestiona la pertinencia del gasto, sino que instala una necesidad de fortalecer los criterios de evaluación.
El planteamiento, además, se da en un contexto político donde el Ejecutivo intenta reforzar su agenda de “reconstrucción y reactivación”, pero también abre un nuevo flanco con el mundo académico. En marzo, a solo días de asumir el nuevo Gobierno, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, confirmó la suspensión temporal de las becas de magíster en el extranjero y de los programas de posdoctorado internacional para 2026, en el marco del ajuste presupuestario aplicado al sector público, con el objetivo, según explicaron, de evaluarlos y redefinir su alcance.
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