Luis Cordero fue la cara de la seguridad pública en Chile y, como ministro, tenía entre sus responsabilidades el resguardo de la seguridad en fútbol profesional. Conocía el sistema, entregaba directrices y tomaba decisiones que influían directamente en el desarrollo de estas actividades. No era un observador externo: era quien definía las reglas del juego.
Dejó el gobierno el 11 de marzo. Y solo 50 días después, actúa como gestor de intereses de Michael Clark, expresidente de Azul Azul, en medio de un escándalo que incluye allanamientos al Centro Deportivo Azul, a sus oficinas, a la casa de Clark, e incluso a la petición de quiebra del grupo Sartor por parte de los tribunales de justicia.
La gravedad de este caso no ha pasado desapercibida. Incluso el decano de Derecho de la U. de Chile -facultad de la cual Cordero es académico- Pablo Ruiz Tagle, señaló que en caso de ser electo rector va a “tomar acciones enérgicas”, pues esta polémica daña el prestigio del club y de la casa de estudios.
Jaime Pizarro se incorporó al directorio de Blanco y Negro hace algunas semanas tras ser Ministro del Deporte. Acá no hay un escándalo judicial que envuelva a la concesionaria que maneja al Cacique. El exencargado de la cartera que tiene injerencia en el fútbol profesional por medio de políticas públicas, regulación y financiamiento, pasó en semanas a integrar la mesa directiva de uno de los clubes más importantes del país.
Estos dos casos, distintos en sus circunstancias, comparten una misma lógica que merece ser debatida con altura de miras.
No se trata de cuestionar las capacidades personales de ninguno de ellos, ni de negar su derecho a ejercer su profesión una vez terminado el servicio público.
Se trata de algo más estructural: la institucionalidad solo funciona cuando quienes la operan lo hacen sin conflictos de interés, ni reales ni aparentes. Y cuando una exautoridad migra de forma inmediata hacia los mismos espacios privados que debía regular o supervisar, esa transparencia se vuelve muy difícil de sostener ante la ciudadanía.
La problemática no es nueva ni exclusivamente nuestra. Distintos países han debido legislar sobre lo que se conoce como “cooling-off period”: un plazo de incompatibilidad durante el cual los ex funcionarios públicos no pueden vincularse laboralmente con sectores que regularon durante su gestión.
En el fondo, la lógica es sencilla: la influencia que una autoridad acumula no le pertenece a ella, sino al cargo que ejerció en nombre de toda la ciudadanía.
Trasladar esa influencia de inmediato al sector privado no solo genera conflictos evidentes, sino que puede erosionar la confianza en las instituciones públicas, uno de los activos más frágiles y valiosos de una democracia.
Puede que en ninguno de estos casos exista ilegalidad, pero eso no agota el debate. Chile necesita estándares más exigentes y eventualmente normas más claras para regular el tránsito entre la función pública y los intereses privados. No como un reproche a personas específicas, sino como una exigencia al sistema en general. Porque la confianza pública no se reconstruye con buenas intenciones: se resguarda con reglas.
Enviando corrección, espere un momento...
