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Negar su existencia puede ser funcional al discurso político. Pero en la práctica conduce a diseñar sistemas desconectados de la realidad económica comparada, erosionando inversión, crecimiento, el empleo y, finalmente, la propia recaudación que se busca proteger.
El exdirector del SII y exembajador ante la OCDE, Hernán Frigolett, afirmó recientemente —en el marco del debate sobre la reactivación económica— que el concepto de “competitividad tributaria” no existe para dicha organización y que los impuestos ocupan un lugar secundario (quinto o sexto) al momento que los inversionistas deciden donde ponen su capital.
Su tesis resulta atractiva en el plano político. Pero sin fundamento en el plano empírico y comparado, donde no se sostiene. No solo contradice la evidencia disponible, sino que se ve confrontada directamente con la forma en que la propia OCDE mide, analiza y orienta las políticas tributarias de sus países miembros.
La OCDE no solo reconoce la competencia tributaria: la mide
La OCDE publica de manera sistemática estadísticas detalladas sobre impuestos corporativos, comparando tasas legales, tasas efectivas y su evolución en más de 160 jurisdicciones. Lo hace porque la estructura y el nivel de los impuestos importan. Si no fuera así, no existiría justificación técnica para ese esfuerzo permanente de medición y comparación.
El dato más elocuente es histórico. Desde el año 2000, la tasa legal promedio del impuesto corporativo en los países OCDE ha caído desde niveles superiores al 32% hasta cerca del 23%. Esta reducción sostenida, observada durante más de dos décadas, no es un accidente ni una coincidencia. Es la expresión de una competencia entre países por atraer capital en un contexto de alta movilidad internacional.
Negar la competitividad tributaria implica sostener que este proceso coordinado de reducción carece de significado. Esa posición simplemente no es verosímil y cae con el peso de la evidencia.
La evidencia reciente confirma que los países siguen compitiendo
La competencia tributaria no es un fenómeno del pasado. En los últimos años, numerosos países desarrollados han ajustado sus sistemas para mejorar su atractivo relativo, ya sea reduciendo la tasa legal o disminuyendo la carga efectiva sobre la inversión.
Austria redujo su impuesto corporativo del 25% al 23% entre 2023 y 2024. Eslovaquia bajó su tasa del 21% al 19% para reforzar su posición frente a economías vecinas. Hungría mantiene una tasa de 9%, la más baja de la OCDE, como parte central de su estrategia de atracción de inversión.
Estados Unidos, sin modificar su tasa federal del 21%, mejoró sustantivamente su competitividad efectiva mediante depreciación acelerada y créditos sectoriales. Reino Unido, pese a elevar su tasa legal, introdujo el full expensing, reduciendo de forma significativa la carga real sobre nuevos proyectos. Alemania, por su parte, anunció una reducción gradual con el objetivo explícito de llevar su carga total corporativa por debajo del 25%.
Estos movimientos no responden a modas ideológicas ni a gestos simbólicos. Son decisiones coherentes con una realidad en la que los países se comparan y compiten por atraer capital.
El impuesto no lo es todo, pero sí decide en el margen
Nadie sostiene seriamente que los impuestos sean el único factor relevante para invertir. La estabilidad institucional, la calidad regulatoria y la certeza jurídica son condiciones indispensables. Pero reconocer eso no equivale a declarar irrelevante la tributación.
La evidencia del propio organismo que agrupa a los países desarrollados es clara: el impuesto corporativo es uno de los tributos más perjudiciales para la inversión y el crecimiento, precisamente porque grava una base altamente móvil. Diferencias aparentemente acotadas en tasas o reglas pueden inclinar la balanza cuando se trata de proyectos que compiten entre países comparables.
Dicho sin eufemismos: la institucionalidad y estabilidad define si un país participa; la tributación define si gana la carrera. No se trata de un factor de “quinto o sexto orden”, sino de una variable decisiva en el margen de la decisión de los inversionistas que buscan maximizar sus retornos a un nivel determinado de riesgo.
En efecto, según la OCDE, la estructura fiscal de un país moldea los incentivos para trabajar, ahorrar, invertir e innovar, condicionando su crecimiento a largo plazo. Mientras que los altos impuestos sobre la renta (personal y de sociedades) suelen generar mayores distorsiones, los gravámenes al consumo y a la propiedad resultan menos perjudiciales para la actividad económica.
De esta manera el Informe de Estadísticas Fiscales de Sociedades 2025 de la OCDE advierte que una carga impositiva corporativa excesiva afecta negativamente la inversión y el crecimiento económico. Frente a esto, el organismo subraya la necesidad de rediseñar los sistemas tributarios, priorizando la eficiencia y la competitividad para equilibrar la recaudación con el dinamismo económico.
Los rankings internacionales la miden y los gobiernos la tienen en su radar
El International Tax Competitiveness Index clasifica explícitamente a los países de la OCDE según la competitividad de sus sistemas tributarios, utilizando más de 40 variables comparables. Es una herramienta de referencia para gobiernos y analistas.
Los resultados son consistentes: países como Estonia, Letonia o Nueva Zelanda, con sistemas simples y neutrales, lideran el ranking. Economías con alta carga y complejidad, como Francia o Italia, se ubican en la parte baja. Chile, situado cerca del tercio inferior, muestra debilidades claras en tributación corporativa y reglas de inversión.
Resulta difícil sostener que un concepto inexistente se mida, se compare y se utilice de forma sistemática para orientar reformas.
El impuesto mínimo global confirma el diagnóstico
La evidencia definitiva es institucional. La propia OCDE lideró el acuerdo del impuesto mínimo global de 15% con el objetivo explícito de limitar la competencia tributaria más agresiva. Ninguna organización diseña un acuerdo internacional para enfrentar un problema que no existe.
Este enfoque que pone límites a la baja de impuestos deja en evidencia el diagnóstico: la competencia tributaria es real, intensa y, en ausencia de coordinación, fiscalmente costosa para los países.
Que la OCDE hoy critique ciertos excesos de competencia fiscal no significa que el fenómeno no exista, sino precisamente lo contrario: existe tanto, que debe ser regulado.
Negar la competitividad tributaria es insistir en un error estratégico
Negar la existencia de competitividad tributaria no es solo un error conceptual. Es un error estratégico de nuestra política fiscal, responde a una visión estática del sistema, que solo pone foco en la redistribución de una riqueza dada y deja de lado la visión dinámica que toma en cuenta la neutralidad y eficiencia del sistema impositivo y por tanto su impacto en la inversión, el crecimiento y la base imponible.
La competitividad tributaria no implica bajar impuestos sin criterio. Pero tampoco es una ilusión ideológica. Es el resultado de combinar tasas razonables, bases bien diseñadas y reglas claras y estables, en un mundo donde el capital obedece a la dinámica de los mercados.
Negar su existencia puede ser funcional al discurso político. Pero en la práctica conduce a diseñar sistemas desconectados de la realidad económica comparada, erosionando inversión, crecimiento, el empleo y, finalmente, la propia recaudación que se busca proteger.
Decir que la competitividad tributaria “no existe” en la OCDE no resiste el contraste de los datos, los informes ni las decisiones reales de los países desarrollados. La evidencia apunta exactamente en la dirección contraria.
