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Sabemos que la bencina se consume rápido. La confianza también.
No es ilegal que un senador se traslade. Tampoco que todos tengamos que costear sus traslados, ellos mismos lo legalizaron. Sí es ilegal no entregar información veraz, más cuando estamos frente a una suma de cientos de millones de pesos y como ciudadanos no podemos seguir con claridad la ruta completa de cada peso.
A través de una solicitud de acceso a la información pública solicitada por Fundación Fuerza Ciudadana, el Senado entregó una planilla con el gasto mensual y anual en combustible de senadores durante 2025. El total general informado asciende a $345.354.428.
El Senado señaló que no entregaría el detalle de cada recarga, fecha, monto, tipo de combustible, estación de servicio, ubicación, medio de pago, boletas, facturas y documentos de rendición, porque aquello involucraría aproximadamente 2.761 documentos y significaría distraer indebidamente a funcionarios de sus labores habituales. Lo inusual es que esos documentos deben registrarse, es decir, cuentan con dicha información, fue tratada para aprobarse, pero no para mostrarse.
Ahí está el centro del cuestionamiento de esta columna. Cuando se trata de gasto público, la transparencia no debiera agotarse en cifras globales, no es suficiente una planilla resumen y que no cuadra.
La justificación de la Ley de Transparencia es justamente para que como ciudadanos podamos verificar, conocer, al menos de manera sistematizada, cuándo se cargó combustible, cuánto se pagó, dónde se hizo, bajo qué mecanismo de control y con qué respaldo, lo que no puede ocurrir es que el gasto en combustible continúe, pero la transparencia quede “sin bencina”.
El Senado también informó que los parlamentarios no tienen, en general, vehículos fiscales asignados para el ejercicio de su función, sino que utilizan vehículos propios o arrendados. Por esa razón, negó la identificación de vehículos, marcas, modelos y patentes, calificando esos antecedentes como parte de la esfera privada de cada parlamentario. En el caso de autoridades de la Mesa del Senado que sí cuentan con vehículos de la Corporación, igualmente invocó reserva por razones de seguridad e integridad física.
La privacidad y la seguridad son razones atendibles. Pero entre publicar una patente y ocultar todo el circuito del gasto hay un abismo. Se puede proteger información sensible y, al mismo tiempo, transparentar patrones de uso, comunas, fechas, montos, proveedores, frecuencia de cargas y respaldos anonimizados. La protección de datos personales no debería convertirse en una muralla frente al control ciudadano.
La propia respuesta del Senado indica que el gasto en combustible se administra mediante tarjetas nominativas, asignadas a cada parlamentario previa inscripción del vehículo destinado a la función parlamentaria. Según la Corporación, ese sistema restringe el uso al vehículo registrado y al parlamentario o a su personal contratado, dentro de convenios formales con proveedores del mercado.
El propio Senado aclara que, respecto de asignaciones parlamentarias, no operan procedimientos disciplinarios como sumarios administrativos o investigaciones sumarias, y que la Contraloría General de la República no tiene facultades de control en este ámbito. Además, de lo que ya sabemos que cuentan con fuero parlamentario. En otras palabras, el control queda radicado en el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y en el Comité de Auditoría Parlamentaria, es decir, en ellos mismos.
Y aquí aparece un segundo problema: la calidad de la información entregada y la razón de por qué no se entregan nombres, ya que si bien -al revisar la planilla entregada- el total general cuadra con la suma de los gastos mensuales, la columna de “TOTAL” individual no coincide con los consumos mensuales en la gran mayoría de las filas, lo que obliga a recalcular los montos senador por senador y, al menos, refleja un desorden grave y sin control externo.
Si los fondos son públicos, la rendición debe cumplir dicho estándar. La práctica que tras el escándalo se mejora, cuando el problema es evidente, ya no resiste más. Pueden publicar bases mensuales abiertas, con datos anonimizados cuando corresponda, totales correctamente alineados, criterios de uso claros y respaldos auditables. La tecnología lo permite, pero para eso -al parecer- no alcanza.
Sabemos que la bencina se consume rápido. La confianza también. Y cuando la información pública se oculta o simplemente no cuadra, esa confianza se pierde. En este caso, ocurrieron ambas cosas.
