Seguridad sin reinserción: cuando cerrar puertas también empuja al delito

Hablar de seguridad y convivencia en los espacios educativos parece, a primera vista, un objetivo incuestionable. Y hay que decirlo con claridad: no da lo mismo lo que ocurre en un colegio. Las normas están para cumplirse, y quienes las infringen deben enfrentar sanciones. La convivencia se construye también con responsabilidad.

Pero una cosa es exigir el cumplimiento de la ley, y otra muy distinta es cerrar para siempre las puertas después de que esa sanción ya se cumplió.

El proyecto de ley presentado busca fortalecer la seguridad en la comunidad educativa. Sin embargo, también introduce un cambio que va más allá de ese objetivo: restringe el acceso a la gratuidad en la educación superior para personas que hayan sido condenadas por ciertos delitos, por un período de cinco años.

Aquí surge una pregunta clave: ¿Cómo contribuye esta medida a mejorar la seguridad? Más que prevenir conflictos en los establecimientos, parece extender el castigo hacia el futuro, afectando directamente las oportunidades de reinserción.

Porque sí, debe haber sanción —incluso sanciones duras cuando corresponde—, pero después de eso tiene que existir una oportunidad real de volver a integrarse. Si no, la sanción deja de ser un límite y pasa a ser una condena permanente.

La evidencia es clara: la educación es una de las herramientas más efectivas para reducir la reincidencia. Limitar su acceso no fortalece la seguridad, la debilita. Porque quienes egresan del sistema penal ya enfrentan múltiples barreras —empleo precario, estigmatización, exclusión— y cerrarles también la puerta de la educación superior no corrige ese problema, lo profundiza.

Y esto no afecta solo a una persona. Cuando alguien no logra reinsertarse, no fracasa únicamente él: se tensiona su familia, sus hijos, su entorno. La exclusión se hereda, se arrastra y se amplifica. Así se perpetúa la vulnerabilidad.

Cuando el Estado no ofrece salidas cívicas reales, lo que queda disponible muchas veces es justamente aquello que se busca evitar. No porque las personas quieran delinquir, sino porque las alternativas legítimas desaparecen. Y cuando se cierran todas las puertas, el riesgo es evidente: se termina empujando hacia la reincidencia.

Si el objetivo es mejorar la seguridad, el camino no es solo castigar (que, insisto, debe hacerse y con todo el rigor de la ley), sino también abrir caminos después del castigo. En palabras simples: debe exigirse responsabilidad y, al mismo tiempo, permitir reconstruir un proyecto de vida.