Un sistema tributario que debe entender a las Pymes

Hablar de Pymes en Chile es hablar del corazón de la economía. Son el 98% de las empresas del país y generan cerca del 50% del empleo. Sin embargo, pese a su relevancia social y productiva, el sistema tributario sigue tratándolas como si fueran una versión en miniatura de las grandes empresas: con reglas complejas, costos administrativos desproporcionados y un enfoque que no apunta a la facilitación del cumplimiento que desalienta el emprendimiento en lugar de promoverlo.

Uno de los problemas estructurales más evidentes es la excesiva multiplicidad de regímenes tributarios. En teoría, esta segmentación buscaba adaptarse a distintas realidades empresariales. En la práctica, ha creado un laberinto técnico difícil de navegar incluso para profesionales expertos.

La existencia de 35 regímenes asociados al Impuesto a la Renta tal como lo ha documentado la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios FESIT no es sinónimo de sofisticación, sino de ineficiencia y falta de mirada sistémica. Para una Pyme, cumplir con sus obligaciones tributarias implica un costo que no guarda relación con su tamaño, erosionando tiempo, recursos y competitividad.

La propuesta de avanzar hacia un régimen único Pyme ha estado ausente en las diversas reformas tributarias, sin embargo, no es una consigna ideológica, sino una necesidad económica. Simplificar no significa recaudar menos, sino recaudar mejor y en forma sostenible. Menos fronteras y obstáculos entre regímenes permitirían que las empresas se concentren en crecer, innovar y generar empleo, en lugar de sobrevivir a sistema cuyo costo de cumplimiento aumenta año a año.

Pero la complejidad normativa no es el único problema. Existe también una relación profundamente asimétrica entre la autoridad tributaria y los contribuyentes de menor tamaño. La necesidad de buscar equilibrios entre obligaciones y derechos de los contribuyentes se transforma en un objetivo fundamental. En ese contexto, fortalecer los derechos del contribuyente no debiera verse como una concesión, sino como una condición mínima en un sistema tributario que busque promover la confianza.

Tal como lo ha propuesto el Colegio de Contadores, incorporar el derecho al error, al servicio de calidad y al silencio administrativo positivo permitiría equilibrar la balanza. Del mismo modo, fortalecer a la Defensoría del Contribuyente contribuiría a restablecer la confianza, un activo escaso pero indispensable en cualquier sistema tributario.

Adicionalmente, la justicia tributaria también debe llegar a la Pyme, pues el acceso a la justicia sigue siendo un lujo para muchos emprendimientos. Defenderse ante el Tribunal Tributario y Aduanero implica costos prohibitivos para micro y pequeñas empresas. Sin representación técnica adecuada, la igualdad ante la ley se vuelve una ficción. Dotar a la Defensoría del Contribuyente de facultades de representación judicial sería un paso decisivo hacia una verdadera igualdad de armas frente al Estado.

La discusión sobre las tasas de impuesto tampoco es menor. La incertidumbre tributaria es enemiga directa de la inversión. Resulta contradictorio que mientras se proyecta una baja en la carga para grandes empresas, las Pymes enfrenten aumentos progresivos que llegarían al 25% en pocos años.

Establecer una tasa permanente y reducida —como el 12,5% en el régimen Pro-Pyme— no es un privilegio, sino una estrategia de desarrollo clave. Países como Canadá han entendido que diferenciar tasas según tamaño empresarial es una forma inteligente de sostener el crecimiento económico. En esta materia, es urgente que el Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica del actual gobierno corrija dicha distorsión en el texto del proyecto de ley.

A ello se suma una inequidad difícil de justificar: más de 100 mil Pymes por nivel de ventas atrapadas en el régimen de grandes empresas, sin integración total producto de normas de relación o giro, se ven castigadas por el Flat Tax de 9,45% de la restitución de créditos de impuesto de primera categoría. Este diseño no solo es regresivo, sino que castiga artificialmente a empresas que siguen operando con lógica y márgenes de Pyme.

Avanzar hacia una integración total con devolución efectiva de créditos pagados, tal como se incorpora en las propuestas tributarias del proyecto próximo a ingresar al Congreso, es una cuestión de justicia tributaria básica.

De los anuncios del Plan de Reconstrucción, los avances pro empleo del sector está entre lo más positivo para las Pymes. El crédito tributario al empleo que es una inversión estratégica clave para el sector, permitiéndoles sostener la operación y el empleo formal a un sector que ha resentido con mayor fuerza los aumentos de costos de 40 horas, salario mínimo y reforma de pensiones.

Al reducir los costos laborales, evita despidos y reactiva proyectos, actuando como oxígeno para evitar el cierre y el riesgo de informalidad. Sin embargo, lo positivo de esta medida no se puede neutralizar con medidas adversas como la eliminación del crédito tributario SENCE pues un trabajador capacitado tiene acceso a mejores rentas, siendo un factor fundamental a su vez de la productividad de las empresas de menor tamaño.

A su vez, consciente de la importancia del sector empresarial PYME, el presidente Kast enfatizó en campaña propuestas directas para el mejorar su flujo de caja y reducir la carga burocrática del sector. Incluyendo propuestas para aplazar el pago del IVA al día 30, extender la declaración de renta de abril a mayo, postergaciones de IVA sin multas, pago de IVA basado en la cobranza y retención de impuestos en contratos públicos. 

Sin embargo, entre las 43 medidas tributarias, no vemos otras medidas que se hagan cargo de la Pyme, una oportunidad de simplificación sería extender la Operación Renta hasta el mes de mayo de cada año, y en el ámbito de mejora de flujo de caja la posibilidad de la pyme de renegociar deudas tributarias sin multas ni intereses en forma transitoria, incluso declaración sin pago que hoy tienen una carga de cumplimiento y multas poco justificable para el sector y que la afectan negativamente.

En definitiva, Chile necesita discutir seriamente su sistema tributario desde la perspectiva de quienes sostienen la economía real. Las Pymes no piden trato preferente; piden reglas claras, justas y proporcionales. Mientras el sistema siga mirándolas como un problema de fiscalización y no como un motor de desarrollo, seguiremos perdiendo oportunidades de crecimiento, empleo, mayor diversificación de la economía y cohesión social.

Reformar el sistema tributario con foco en las Pymes no es un acto de benevolencia: es una decisión estratégica para el futuro del país. Si no somos capaces de entenderlo, se pierde una oportunidad importante de avance, tal como lo indica Endeavor: “Para lograr un desarrollo económico más equitativo, es crucial construir una capa media de empresas que pueda convertirse en el motor de la economía chilena”.

Finalmente, la visión general es coincidente con la del presidente Kast en campaña, “cuando hablamos de PYME, muchas veces nos olvidamos de que detrás de esa PYME hay una persona que tuvo que constituir una sociedad para poder entrar al sistema burocrático y cumplir con todos los pagos tributarios. Pero más allá de la empresa, hay una familia que requiere apoyo”.