Abordemos los desafíos de seguridad en las escuelas con la brújula bien puesta

En Chile, nadie que haya pisado una sala de clases en los últimos años puede desconocer que algo se ha ido fracturando en muchas escuelas: profesores agredidos, estudiantes que sienten miedo, apoderados que desconfían. Es comprensible que el Estado busque respuestas.

Los proyectos que hoy se discuten —uno sobre nuevas medidas de seguridad en los establecimientos y otro que agrava las penas por delitos cometidos en contexto escolar— nacen de esa preocupación legítima. Negarlo sería injusto con quienes viven la violencia en primera línea.

El punto es cómo respondemos y a qué costo. El proyecto sobre seguridad y orden contiene intuiciones correctas: necesitamos entornos protegidos y herramientas para las escuelas. El riesgo aparece cuando la respuesta se aproxima más a la lógica de la seguridad ciudadana que a la de un espacio educativo.

Revisión de mochilas, más facultades disciplinarias inmediatas, ampliación de lo que se considera “afectación grave” y presencia policial dentro de los establecimientos pueden parecer razonables cada una por separado, pero, juntas y sin salvaguardas, empujan a que la primera reacción deje de ser pedagógica para volverse principalmente punitiva.

Como Defensor de la Niñez, no puedo aceptar que la solución a la violencia sea deteriorar el derecho a la educación. La seguridad escolar no es un fin separado: es condición para ejercer ese derecho. Como he indicado en la Cámara de Diputados, será indispensable ajustar esta iniciativa legal, para reforzar garantías de protección a los derechos y sobre todo, crear mecanismos integrales que prevengan y respondan frente a la violencia, cuidando los fines educativos especiales que tiene la escuela.

El segundo proyecto, que introduce nuevas agravantes cuando los delitos se cometen en el contexto escolar, plantea otra tensión. Chile tiene un sistema de responsabilidad penal adolescente, exigido por la Convención sobre los Derechos del Niño, que supone un trato distinto para jóvenes entre 14 y 17 años: especializado, orientado a la reinserción y de mínima intervención.

Si las nuevas agravantes se aplican también a adolescentes solo por el lugar del hecho, se empuja la escala de sanciones hacia arriba y acercamos su trato al de los adultos, debilitando la lógica de reinserción que hoy guía al sistema y por la cual se abogó por años.

La pregunta no es si los adolescentes deben responder por lo que hacen —deben hacerlo— sino cómo respondemos nosotros. El diagnóstico que presenta el mensaje de esta iniciativa legal no demuestra la insuficiencia del marco vigente (delitos ya tipificados, régimen de la Ley N° 20.084, herramientas como la Ley Aula Segura y la nueva Ley N° 21.809 de convivencia escolar), ni explora alternativas menos lesivas para NNA, como fortalecimiento de programas preventivos, mediación, justicia restaurativa o coordinación escuela–justicia juvenil. Si la respuesta es solo castigo, sin rutas de retorno, lo esperable no es menos violencia, sino más ruptura y reincidencia.

Los problemas que estos proyectos buscan enfrentar son reales. La Defensoría de la Niñez está disponible para acompañar reformas, revisar críticamente lo que tenemos y proponer mejoras. Pero también es nuestro deber recordar por qué existe el sistema educativo y por qué existe un sistema penal juvenil diferenciado.

Mi invitación al Congreso Nacional, al Ejecutivo y a la sociedad chilena es sencilla y exigente a la vez: abordemos sin miedo los desafíos de seguridad y convivencia en las escuelas, enfrentemos la responsabilidad penal de los adolescentes cuando corresponda, pero hagámoslo con la brújula bien puesta.

Esa brújula son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Si la perdemos de vista, corremos el riesgo de aprobar soluciones que tranquilicen por un momento, pero que no harán nuestras escuelas —ni nuestro país— realmente más seguros ni más justos.