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¿No habrá llegado el momento de redefinir dónde queremos estar para apoyar nuestra economía exportadora y nuestra visión del mundo?
El inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast coincide con un punto de inflexión en la política exterior chilena. No se trata solo de un cambio de enfoque respecto de la administración anterior, sino de la necesidad de enfrentar transformaciones globales y profundas que, aunque originadas en disputas entre las grandes potencias, están impactando los intereses de nuestro país y de nuestro entorno.
La competencia por los cables submarinos, la presión sobre los minerales críticos o la reconfiguración de las cadenas de suministro ya no son fenómenos lejanos y más bien golpean nuestras puertas, y Chile aún no parece definir con claridad cuáles de estos intereses debe resguardar.
Los pilares tradicionales de nuestra política internacional, tales como el respeto al derecho internacional, la solución pacífica de las controversias, el multilateralismo, la apertura económica, otorgaron estabilidad y prestigio a nuestro país, pero resultan hoy insuficientes frente a un orden tan convulsionado como el que vivimos.
Chile fue un claro beneficiario de la globalización, y nuestra economía basada en la exportación da cuenta de ello, consolidando su imagen de socio confiable en un entorno de reglas estables. Hoy, no obstante, ese contexto se debilita: los organismos internacionales pierden influencia, los acuerdos se erosionan, y ciertos países (regiones) ascienden mientras que otros se estancan o pierden influencia. ¿No habrá llegado el momento de redefinir dónde queremos estar para apoyar nuestra economía exportadora y nuestra visión del mundo?
Los desafíos son concretos. En lo productivo, la disputa por litio, cobre y tierras raras se expresa en exigencias regulatorias y presión por inversiones, afectando directamente al norte y nuestra autonomía estratégica.
En seguridad, el valor geopolítico del mar y del sur austral, junto al crimen organizado, tensionan fronteras, poblaciones y rutas.
En lo demográfico, la despoblación de zonas extremas —altiplano y Tierra del Fuego— debilita la soberanía efectiva.
Y en recursos, la presión sobre cuencas compartidas —que abarcan cerca de un tercio del territorio y una parte sustancial del agua disponible en Chile— introduce nuevas tensiones con países vecinos.
En este contexto, el principal activo de Chile —su territorio— sigue insuficientemente incorporado en la política exterior. Más que un soporte físico, es un espacio estratégico donde convergen recursos, identidad y proyección internacional. Desde el altiplano hasta el mar austral, es allí donde se juegan los intereses del país.
Esta lógica territorial debe ordenar las relaciones vecinales. Con Perú, persisten pendientes en Arica: la implementación plena del laudo marítimo, controversias sobre terrenos y la falta de acuerdos en el uso de aguas compartidas en el Uchusuma, Laguna Blanca o el acuífero Concordia.
Con Bolivia, continúan abiertos temas como los depósitos de combustibles en Arica, las deficiencias en el tránsito de carga y la gestión de cuencas hídricas comunes, con impactos locales evidentes. Con ese país se abre una gran oportunidad de avanzar en una agenda positiva y productiva, que contrasta con lo realizado los últimos años.
Con Argentina, pese a un marco más estable, resulta clave identificar polos virtuosos de integración física, al tiempo que no seguir postergando diferencias en el sur.
En todos estos casos, se suma una dimensión transversal: la seguridad fronteriza, donde el crimen organizado desborda las capacidades nacionales y se requiere coordinación y cooperación en lo que se conoce como las rutas de la violencia hacia y desde Chile.
Finalmente, el escenario global exige mayor claridad para conservar nuestros intereses y autonomía estrategica. Las tensiones entre potencias que hoy están orbitando sobre nuestro país nos obliga a extremar miradas que eviten dependencias invalidantes y promuevan ante todo el interés de Chile.
