Los verdugos de la justicia

Hay momentos en la historia en que los Estados cruzan una línea. No es una línea jurídica, ni siquiera política. Es una línea moral. Y una vez cruzada, ya no hay retorno fácil, lo que antes se justificaba como seguridad pasa a ser castigo, y lo que se decía justicia se transforma, sin matices, en venganza.

La reciente aprobación en el parlamento israelí de una ley que introduce la pena de muerte, con la horca como método, no es simplemente una reforma penal. Es una declaración de principios. Es la institucionalización del castigo extremo en un contexto de ocupación, donde Israel no tiene soberanía sobre territorios como Cisjordania, Gaza o Jerusalén Este, pero pretende imponer su ley sobre una población que no reconoce como igual.

No es un hecho aislado. Es la culminación de un proceso. Años de legislación, de prácticas judiciales diferenciadas, de discursos políticos que han ido deshumanizando al otro, han desembocado en esto, un sistema que ya no pretende impartir justicia, sino ejercer poder. Y cuando el poder decide quién vive y quién muere en función de su origen, ya no estamos ante un Estado de derecho, ni menos frente a una democracia.

Las palabras de quienes promovieron esta ley no dejan espacio para dudas. No hablaron de proporcionalidad, ni de debido proceso, ni de garantías. Hablaron de enemigos. Hablaron de sangre. Hablaron de muerte. Y cuando la política adopta ese lenguaje, lo que sigue no es seguridad: es violencia legitimada desde el Estado.

La incongruencia es tan brutal como evidente. Israel, que durante décadas se presentó como parte del mundo democrático, hoy se ubica en un grupo cada vez más reducido de países que admiten la horca como método de ejecución, junto a Estados como Irán.

No se trata de una comparación retórica. Es un dato. Y es también un síntoma, cuando un país empieza a compartir prácticas con aquellos que históricamente ha criticado, algo profundo se ha quebrado en su identidad política.

Pero la pregunta no es solo qué está haciendo Israel. La pregunta es qué estamos dispuestos a hacer nosotros.

Porque mientras esto ocurre, mientras se legisla para ejecutar bajo un sistema que distingue entre personas, Chile debate si conviene o no profundizar relaciones, si una tecnología, si una ventaja estratégica, si un interés económico puede justificar el silencio. Y ahí es donde la discusión deja de ser internacional y se vuelve profundamente nacional.

¿Estamos dispuestos a mirar hacia el lado? ¿A relativizar principios que han sido pilares de nuestra política exterior? ¿A aceptar que el derecho internacional es exigible en algunos casos, pero negociable en otros?

Chile ha construido su lugar en el mundo sobre algo más que intereses: lo ha hecho sobre reglas. Sobre el respeto al derecho internacional, sobre la defensa de los derechos humanos, sobre la convicción de que sin principios no hay orden posible. Abandonar eso, aunque sea parcialmente, no es pragmatismo. Es renuncia.

Porque lo que está en juego aquí no es solo una ley. Es el tipo de mundo que estamos dispuestos a tolerar. Un mundo donde el castigo reemplaza a la justicia. Donde la identidad define el valor de la vida. Donde la ley deja de proteger para transformarse en instrumento de dominación.

Y en ese mundo, los verdugos no llevan capucha. Visten de autoridad. Legislan. Aplauden. Celebran. Pero siguen siendo verdugos.

Y al final, mientras usted termina de leer esta columna, hay una verdad incómoda que no podemos ignorar: cuando un sistema jurídico se construye para castigar a un pueblo, cuando la muerte se convierte en herramienta política, no se está condenando a individuos. Se está condenando a un pueblo completo. Porque un verdugo nunca imparte justicia. Solo castiga.