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Implicaba hacerse cargo de una deuda histórica: comprender que las desigualdades de género no son sectoriales ni anecdóticas, sino estructurales.
Cada 8 de marzo no solo conmemoramos una fecha. Interpelamos a la democracia. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora es memoria viva, pero también es definición política sobre el presente y el futuro que queremos construir.
Como Feministas del Frente amplio, para este año la consigna es clara y contundente: Organizadas y en alerta: no retrocederemos en derechos conquistados.
No es una frase defensiva. Es una declaración política en un tiempo donde los consensos básicos sobre igualdad vuelven a ser cuestionados y donde los avances pueden parecer frágiles si no existe organización social que los sostenga.
La generación política que hoy conduce el país está marcada por la irrupción masiva del movimiento feminista en las calles. El 8M dejó de ser una fecha conmemorativa para transformarse en un hito de movilización transversal que evidenció algo profundo: la democracia chilena estaba incompleta sin igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y sin el reconocimiento pleno de las diversidades sexogenéricas. Esa constatación no fue solo social; fue programática.
Asumir responsabilidades de gobierno en ese contexto implicaba algo más que administrar el Estado. Implicaba hacerse cargo de una deuda histórica: comprender que las desigualdades de género no son sectoriales ni anecdóticas, sino estructurales. Están incrustadas en el mercado laboral, en el sistema de pensiones, en la distribución desigual del tiempo y del cuidado, en las violencias normalizadas y en culturas institucionales que durante décadas reprodujeron exclusión.
Un enfoque transformador exigió transversalizar la perspectiva de género en cada política pública, pero también ampliar la conversación hacia la incorporación efectiva de otros géneros y diversidades, porque también son parte de la construcción social y colectiva.
La igualdad sustantiva no puede limitarse a una relación binaria entre hombres y mujeres; debe reconocer la realidad de personas trans, no binarias y de todas aquellas identidades históricamente marginadas. Una democracia moderna no solo reconoce esa diversidad: la integra como parte constitutiva de su proyecto político, económico y social.
En los últimos años se han producido avances relevantes que marcan un cambio de paradigma. La Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres instala la comprensión de la violencia de género como fenómeno estructural y obliga al Estado a actuar de manera coordinada en prevención, protección, sanción y reparación.
La reforma que fortalece el cumplimiento de pensiones alimenticias rompió con la lógica de abandono institucional frente a miles de mujeres que sostenían solas la crianza. La construcción de un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados comienza a cuestionar décadas de invisibilización del trabajo doméstico y de cuidados, históricamente feminizado y no remunerado.
Estos pasos no son concesiones ni gestos simbólicos. Son resultado de años de organización social y de una presión sostenida que logró instalar la igualdad de género en el centro del debate político.
Sin embargo, también es evidente que las leyes, por sí solas, no transforman la realidad. Persisten brechas salariales, desigualdades en pensiones y precarización laboral femenina. La redistribución del cuidado aún está en proceso. La transformación cultural avanza más lento que la legislativa.
