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El próximo gobierno recibe no solo una dificultad heredada, sino también una oportunidad.
En Chile, la promesa de una atención de salud oportuna se ha ido transformando en una espera indefinida. Las listas de espera ya no son un indicador técnico reservado a informes especializados: son una experiencia cotidiana de frustración, angustia e incertidumbre para millones de personas.
El último análisis de Libertad y Desarrollo, basado en cifras oficiales, confirma la magnitud del problema: al cierre de 2025, 2.495.817 personas se encontraban esperando una atención en el sistema público, un 21% más que al inicio del gobierno que acaba de terminar.
La espera por cirugías no GES aumentó un 27%, mientras las garantías GES retrasadas crecieron más de un 25%. Pero hay un dato que estremece especialmente: más de 41 mil personas fallecieron durante 2024 sin haber recibido la atención que necesitaban.
Estas cifras explican el cansancio de la ciudadanía. Porque la lista de espera no es una estadística abstracta ni un debate técnico: es el dolor que se prolonga, la enfermedad que avanza, la autonomía que se pierde.
Es también la sensación de que el tiempo de las personas no ha tenido la urgencia que merece, y de que el sistema, tal como está organizado hoy, no ha sido capaz de responder con la rapidez y eficacia que la salud exige.
Aquí hay un punto que no se puede eludir. El Estado tiene el deber de garantizar a las personas un acceso efectivo y oportuno a la salud. No se trata solo de administrar recursos, sino de asegurar que ese derecho se cumpla en la práctica. Cuando miles de personas esperan durante meses o años por una atención, y cuando existen capacidades disponibles que no se usan, ese deber no se está cumpliendo.
Hay formas de hacerlo mejor si se trabaja una gestión público-privada moderna, transparente y eficiente, enfocada en resultados y no en prejuicios, con el único objetivo de que los pacientes sean atendidos a tiempo.
Lo más complejo es que este deterioro no ocurrió en un país sin capacidades. Chile cuenta con una red privada de salud amplia, con pabellones, especialistas y equipamiento que pudieron haber contribuido de forma mucho más decidida a enfrentar esta crisis.
Sin embargo, durante los últimos años, esa colaboración fue limitada. Más allá de las explicaciones administrativas, es evidente que existieron reticencias políticas e ideológicas a integrar plenamente al sector privado como parte de la solución, lo que terminó restringiendo el uso de capacidades que estaban disponibles mientras las listas de espera seguían creciendo.
El resultado está a la vista. Y también la lección: cuando el sistema de salud enfrenta una crisis de esta magnitud, la prioridad no puede estar en las desconfianzas históricas, sino en resolver el problema concreto de las personas. La discusión no debiera ser quién presta el servicio, sino cuántos pacientes logramos sacar de la espera y en cuánto tiempo.
El próximo gobierno recibe, en este contexto, no solo una dificultad heredada, sino también una oportunidad. La oportunidad de inaugurar una etapa distinta, marcada por el pragmatismo y por una convicción simple pero fundamental: que todas las capacidades del país deben estar al servicio de reducir las listas de espera. Esto no implica debilitar la salud pública. Por el contrario, implica fortalecerla en aquello que más importa: su capacidad de resolver.
La ciudadanía no espera debates ideológicos interminables. Espera soluciones concretas. Espera que los pabellones operen, que los especialistas atiendan y que el sistema funcione con el sentido de urgencia que la salud exige.
Porque, finalmente, las listas de espera no solo hablan de gestión sanitaria. Hablan de la capacidad del Estado de responder cuando las personas más lo necesitan. El próximo gobierno tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de demostrar que, cuando se trata de la salud de los chilenos, no hay espacio para prejuicios ni excusas. Solo para soluciones.
