Negligencia fiscal como política de Estado

Durante tres años consecutivos, el gobierno fue advertido de que sus proyecciones de ingresos estaban infladas. Y durante tres años consecutivos decidió ignorar esas advertencias. El resultado no es un accidente técnico: es una deuda fiscal sin precedentes y un déficit que hoy compromete seriamente la estabilidad económica del país.

El primer año se les alertó que estaban sobreestimando los ingresos: el ejercicio terminó con déficit. El segundo año ocurrió exactamente lo mismo. Se les volvió a advertir que estaban repitiendo el error y el ministro Mario Marcel y “la mejor directora de Presupuestos de la historia” de nuevo hicieron oídos sordos.

A esas alturas, ya no se trataba de un problema de cálculo, sino de una conducta reiterada: construir presupuestos sobre cifras artificiales para justificar un mayor gasto.

Ese comportamiento podría entenderse en un contexto de emergencia si el gasto hubiese tenido impacto real en los principales problemas del país. Pero no fue así. No hubo mejoras sustantivas en seguridad, ni en salud, ni en educación.

Por el contrario, quienes en la campaña presidencial advertían que nosotros recortaríamos derechos sociales terminaron siendo ellos mismos quienes los restringieron, reduciendo las subvenciones educacionales y demostrando una incapacidad evidente para garantizar atención oportuna en salud y mayor seguridad.

Cuando se discutió el tercer presupuesto, las alertas ya no provinieron solo de la oposición. Se sumaron el Consejo Fiscal Autónomo, el Banco Central de Chile y la Contraloría General de la República, cuestionando tanto las proyecciones de ingresos como la calidad del gasto.

Frente a ese consenso técnico inédito, el Ministerio de Hacienda optó por desacreditar a las instituciones en vez de corregir el rumbo.

A este cuadro se suma la responsabilidad política directa de quienes han conducido esta estrategia. El ministro Nicolás Grau, con un historial previo de errores reiterados en el manejo de recursos públicos, insistió en la última Ley de Presupuestos en la misma lógica de proyecciones irreales y gasto sin respaldo.

Ese fue el punto de quiebre. Desde entonces quedó claro que no se buscaba un presupuesto responsable ni equilibrado, sino imponer una lógica de gasto sin control, aun a costa de hipotecar el futuro fiscal del país.

Esto no es un simple problema de herencia para el próximo gobierno: es un daño estructural que pagan todos los chilenos a través de más deuda, menos margen de acción y mayor fragilidad económica.

El resultado es un deterioro fiscal profundo, que deja al país con una deuda nominal sin precedentes. En ese contexto, efectivamente el ministro Quiroz tiene un plan para recuperar cerca de 6.000 millones de dólares del déficit, e incluso eventualmente algo más, pero ese plan solo podrá dimensionarse una vez que se conozca la real magnitud de la situación heredada.

Más aún considerando la desconfianza existente respecto de las cifras oficiales, lo que permite suponer que el problema podría ser mayor al informado.

Porque antes de ejecutar cualquier hoja de ruta, será imprescindible llegar al gobierno y verificar el verdadero estado de las arcas fiscales.

Solo entonces se podrá definir un plan de acción final, que no solo apunte a ordenar las cuentas públicas, sino que también puede incluir la persecución de responsabilidades políticas y administrativas por el daño causado.

Cuando un gobierno ignora sistemáticamente las advertencias técnicas y persiste en construir presupuestos sobre supuestos irreales, no solo administra mal: compromete la credibilidad del Estado.

Y cuando se pierde la credibilidad fiscal, lo que se pone en riesgo no es solo un balance contable, sino la confianza básica sobre la que se sostiene cualquier país serio. Esa confianza, perdida por años de irresponsabilidad, es la que hoy urge recuperar.